El Parlamento griego aprobó este jueves una ley que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años a partir del 1 de enero de 2027. La iniciativa, impulsada por el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis, salió adelante con los votos de Nueva Democracia, formación que dispone de mayoría absoluta en la Cámara. Grecia se convierte así en uno de los países europeos que plantea una restricción general de edad para el uso de estas plataformas.
La norma no se limita a recomendar un uso más prudente de internet ni a trasladar toda la responsabilidad a las familias. Establece una edad mínima legal y obliga a las empresas tecnológicas a adaptar sus sistemas para impedir el acceso de quienes no la hayan alcanzado. El cambio sitúa a las plataformas en el centro de la aplicación práctica de la medida: serán ellas las que deberán identificar la edad de sus usuarios y bloquear las cuentas que no cumplan el requisito.
Un plazo breve para convertir la ley en un control efectivo
El Gobierno ha dado a las compañías digitales dos meses y medio para implantar mecanismos fiables de verificación de edad. El calendario plantea un desafío técnico y operativo considerable, ya que las redes sociales deberán aplicar el mismo principio a servicios con modelos de registro, públicos y sistemas de acceso diferentes. La ley fija el objetivo, pero su eficacia dependerá de la precisión de los controles y de la capacidad de las autoridades para supervisar su cumplimiento.
La principal condición impuesta a estos mecanismos es que permitan comprobar la edad sin poner en peligro los datos personales. La exigencia responde a una tensión central del debate: para excluir a los menores, las plataformas necesitan obtener o verificar información sobre sus usuarios; al mismo tiempo, una identificación excesiva puede aumentar la exposición de datos sensibles, crear nuevos riesgos de vigilancia o convertir la protección de la infancia en una ampliación indiscriminada de la recopilación de información.
La privacidad será la prueba decisiva
La obligación de verificar la edad abre varias preguntas que todavía deberán resolverse durante la aplicación de la norma. No basta con que una plataforma solicite una fecha de nacimiento, porque ese dato puede ser falso o manipulado. Pero tampoco parece compatible con el objetivo de proteger la privacidad un sistema que exija a todos los usuarios entregar documentos de identidad completos o información biométrica sin garantías estrictas sobre su almacenamiento y eliminación.
El reto consistirá en demostrar que el control es suficientemente sólido para evitar el acceso de menores de 15 años y, al mismo tiempo, suficientemente limitado para no convertir la navegación cotidiana en un proceso de identificación permanente. La forma en que se almacenen los datos, quién pueda acceder a ellos y cuánto tiempo se conserven será tan relevante como la propia tecnología utilizada. La credibilidad de la medida dependerá de que estas garantías sean comprensibles y verificables para las familias.
Un cambio que alcanzará a hogares y empresas
Para las compañías tecnológicas, la prohibición implica modificar los sistemas de registro, acceso y moderación. También deberán establecer procedimientos para gestionar los casos dudosos, las reclamaciones de las familias y los intentos de eludir los controles. La adaptación puede ser especialmente compleja en servicios que combinan mensajería, entretenimiento, contenidos generados por usuarios y cuentas familiares, porque la edad no siempre se administra de la misma manera en todas sus funciones.
En los hogares, el cambio afectará a una práctica ya integrada en la comunicación diaria de muchos jóvenes. Los padres tendrán que afrontar nuevas preguntas sobre el acceso a las plataformas, las alternativas disponibles y la forma de acompañar a sus hijos en internet. La prohibición puede reducir la exposición temprana a determinados contenidos o dinámicas de presión social, pero por sí sola no elimina los riesgos digitales. Un menor excluido de una cuenta puede intentar utilizar la de otra persona o trasladar su actividad a servicios menos visibles y con controles más débiles.
La protección de los menores frente al riesgo de exclusión
El argumento principal de la ley es reforzar la protección de los jóvenes en un entorno digital donde la edad condiciona la capacidad para comprender ciertos contenidos, gestionar la exposición pública y responder a prácticas de manipulación o acoso. El límite común ofrece una regla sencilla para las familias y evita que cada plataforma establezca criterios completamente distintos.
Sin embargo, la edad mínima no resuelve por sí misma los problemas asociados a las redes sociales. La calidad de los controles de contenido, la respuesta ante el acoso, el diseño de los sistemas de recomendación y la facilidad para denunciar abusos seguirán siendo factores determinantes. Una política centrada únicamente en impedir el acceso puede desplazar parte del problema sin abordar las condiciones que hacen más vulnerables a los menores dentro de los servicios digitales.
Una decisión con posibles efectos fuera de Grecia
La entrada en vigor está prevista para enero de 2027, por lo que el periodo previo será decisivo para conocer cómo se aplicará la norma y qué garantías concretas acompañarán a la verificación de edad. La experiencia griega puede convertirse en una referencia para otros países europeos que estudian limitar el acceso de los menores a las redes sociales, pero también puede revelar las dificultades de trasladar una prohibición general a un ecosistema tecnológico transnacional.
El debate no se reducirá a decidir si los menores deben tener o no acceso a estas plataformas. También determinará qué responsabilidades corresponden a las empresas, qué papel deben desempeñar las familias y hasta dónde puede llegar el Estado al regular la vida digital. Grecia ha fijado una línea clara con el umbral de los 15 años; ahora deberá demostrar que puede aplicarla de forma eficaz sin debilitar el derecho a la privacidad que la propia ley pretende proteger.
