La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pidió a la Comisión Europea que analice si la regularización masiva aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez contraviene las normas comunitarias. Tras una reunión sobre migración en Bruselas, sostuvo que permitir la residencia legal a personas que entraron irregularmente contradice la línea europea de reforzar las fronteras y acelerar las expulsiones.
Presión por el efecto en Ceuta
La petición reabre las críticas de varios líderes europeos, que relacionan la medida española con un posible “efecto llamada” y con la llegada de migrantes a Ceuta. El canciller austriaco, Christian Stocker, afirmó que la regularización envió una señal desfavorable mientras la UE intenta contener la migración irregular y cooperar con terceros países. También cuestionó si la crisis de Ceuta se habría producido sin ese precedente, aunque no presentó una relación causal demostrada.
En la reunión participaron dirigentes de 16 países, además de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Varios pertenecen al grupo de 22 líderes que en agosto reprochó a Sánchez una política que consideran unilateral. El primer ministro checo, Andris Babis, fue más allá y acusó al presidente español de utilizar la migración para mantenerse en el poder, una afirmación política que no estuvo acompañada de pruebas.
Reforma europea en preparación
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pidió reforzar la vigilancia de las fronteras exteriores y revisar las normas para facilitar la detención de migrantes irregulares mientras se tramita su expulsión. Los líderes asistentes respaldaron una reforma anunciada por Von der Leyen para responder a situaciones como la de Ceuta, que podría permitir suspender el asilo y agilizar devoluciones masivas. La Comisión prevé presentar una propuesta concreta antes de final de año.
La disputa enfrenta dos planos: la legalidad de una decisión nacional y su impacto sobre una política migratoria común. La petición danesa abre el examen institucional, pero la reunión no estableció que la regularización española infringiera la legislación europea ni que causara la presión migratoria en Ceuta.
