El Gobierno francés prepara un dispositivo de seguridad reforzado para las manifestaciones convocadas el sábado 24 de octubre, después de los disturbios, saqueos e incendios registrados el pasado fin de semana. El primer ministro, Sébastien Lecornu, admitió fallos de inteligencia, una respuesta policial demasiado estática y errores en la gestión de las licencias de los agentes. Restablecer el orden público será, según dijo ante la Asamblea Nacional, la prioridad inmediata.
La operación militar Sentinelle incorporará efectivos para asumir tareas de apoyo y liberar a policías y gendarmes, que se concentrarán en el mantenimiento del orden. Además, el Ejecutivo amplió los toques de queda localizados en zonas de París, Marsella, Niza y Burdeos. Las autoridades vinculan estas restricciones con una noche más tranquila, aunque su extensión refleja la dificultad de contener una protesta que combina movilización social y episodios de violencia organizada.
Seguridad y disputa política
Lecornu atribuyó los actos violentos a grupos de extrema izquierda y ultraizquierda, mientras las autoridades investigan, entre otros casos, el incendio del ayuntamiento histórico de Limoges. La Francia Insumisa rechazó las acusaciones y denunció un intento de utilizar los servicios de inteligencia para responsabilizar al partido. El enfrentamiento evidencia que la crisis ya no se limita a la seguridad: también cuestiona los límites de la respuesta estatal y el equilibrio institucional, a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2027.
Las nuevas protestas se alimentan del encarecimiento de la energía, el deterioro de la educación y la sanidad, y la falta de financiación denunciada por el sindicato estudiantil UNEF. También reaparecen grupos vinculados a los chalecos amarillos. La presión social coincide con un coste económico creciente: Carrefour calcula pérdidas de decenas de millones de euros por daños y robos, mientras el rendimiento de la deuda francesa a diez años alcanzó su nivel más alto en 24 años. El Gobierno afronta así una doble amenaza: controlar la calle sin profundizar la desconfianza política y financiera.
