El Gobierno francés desplegará el sábado 70.000 policías y gendarmes para contener nuevos disturbios durante las protestas convocadas por el movimiento de los chalecos amarillos y estudiantes de secundaria. El dispositivo incluirá una veintena de vehículos blindados de la gendarmería y 15 camiones policiales con cañones de agua.
Seguridad reforzada, conflicto sin resolver
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, justificó la operación por los llamamientos difundidos en redes sociales para cometer abusos y saqueos. Las autoridades atribuyen la violencia reciente a grupos de ultraizquierda, junto con delincuentes oportunistas que habrían aprovechado las manifestaciones para atacar comercios, especialmente en los suburbios de las grandes ciudades.

La movilización se produce después de una de las jornadas de violencia urbana más graves de los últimos años, desarrollada al margen de protestas masivas contra el encarecimiento de la vida. La respuesta policial busca impedir que una nueva convocatoria vuelva a quedar dominada por los saqueos, pero también aumenta la presión sobre un Gobierno acusado por sindicatos y sectores de izquierda de priorizar la represión frente a las demandas sociales.
Los estudiantes reclaman más docentes, mejores condiciones en las aulas y mayor transparencia en el sistema de acceso a la universidad Parcoursup. El presidente Emmanuel Macron se reunirá con organizaciones estudiantiles, aunque existe un fuerte escepticismo sobre la posibilidad de que el encuentro produzca cambios concretos. El Ejecutivo prevé anunciar medidas el lunes, pero su margen es reducido: al mismo tiempo intenta aprobar un severo ajuste fiscal para contener la deuda y el déficit públicos en los presupuestos de 2027. La combinación de malestar social, restricciones presupuestarias y cercanía de las elecciones presidenciales convierte la protesta en un desafío político que excede el control del orden público.