Francia afronta una doble presión: unas finanzas públicas cada vez más frágiles y una oleada de protestas que exige más inversión estatal. El déficit fiscal alcanzaría el 5,4% del PIB y la deuda pública el 119,3%, un máximo desde que comenzó el registro estadístico en 1978. La prima de riesgo también llegó a su nivel más alto desde 2011, elevando el costo de financiación del Estado.
El margen fiscal se estrecha
Los bonos franceses a diez años ofrecen un rendimiento cercano al 5%, frente al 3,4% de los títulos alemanes. Aunque París aún conserva acceso a los mercados, el encarecimiento de la deuda reduce los recursos disponibles para responder a las demandas sociales y aumenta el riesgo de contagio dentro de la eurozona. La pertenencia al euro impide devaluar la moneda como mecanismo de ajuste, mientras que la resistencia política a recortar el gasto limita la otra salida inmediata.
El primer ministro Sébastien Lecornu propone reducir el déficit al 5% del PIB en 2027 mediante recortes y una reordenación del gasto. Al mismo tiempo, anunció 1.200 millones de euros adicionales para educación, una concesión que obliga a buscar reducciones en otras áreas. Estudiantes, sindicatos y sectores vinculados a los chalecos amarillos consideran insuficientes las medidas y reclaman mejores servicios públicos y alivio ante el costo de vida.
La tensión fiscal dominará la campaña presidencial de abril de 2027. El debate ya enfrenta propuestas incompatibles: desde congelar parte de la deuda con el Banco Central Europeo hasta reducir ayudas empresariales, exenciones fiscales o el gasto destinado a migración. El próximo Gobierno heredará poco margen para cumplir promesas sin agravar el endeudamiento. Economistas advierten que, sin un plan creíble de consolidación, el deterioro de los rendimientos podría obligar al BCE a intervenir para contener una crisis mayor. El problema francés ya no es solo presupuestario: se ha convertido en el principal límite económico y político del próximo ciclo presidencial.
