La segunda gran jornada de movilizaciones en Francia volvió a poner a prueba la estrategia de seguridad del Gobierno de Emmanuel Macron. Cerca de 410.000 personas, según el Ministerio del Interior, participaron en las protestas celebradas en distintas ciudades del país, mientras que la CGT elevó la cifra hasta 800.000. Las concentraciones desafiaron las prohibiciones dictadas en varias localidades y terminaron con enfrentamientos, gases lacrimógenos y alrededor de 1.000 detenciones a última hora de la tarde.
El dispositivo policial movilizó a unos 70.000 agentes, con refuerzos especiales en París, Marsella, Lyon, Limoges, Toulouse y Niza. Las autoridades pretendían evitar una repetición de los disturbios del 17 de octubre, cuando se produjeron más de 2.000 arrestos, fueron saqueados unos 3.000 comercios y resultaron heridas cerca de un millar de personas, en su mayoría policías. La magnitud de las nuevas protestas demuestra, sin embargo, que el endurecimiento de los controles no ha desactivado el malestar social.
Una marcha autorizada que terminó bajo gases
En París, más de 100.000 manifestantes recorrieron el itinerario alternativo impuesto a última hora entre la Puerta de Italia y la Puerta de Vincennes. El cambio obligó a renunciar a la llegada a la plaza de la Bastilla, que permaneció fuertemente protegida por la policía, pero no redujo la asistencia. Durante aproximadamente tres horas, la marcha transcurrió de forma pacífica y con presencia de organizaciones sindicales y fuerzas políticas de izquierda.
La situación cambió al final del recorrido. Grupos de jóvenes vestidos de negro y con el rostro cubierto se enfrentaron a los antidisturbios, que respondieron con gases lacrimógenos. Entre los manifestantes se escucharon consignas como “Todo el mundo odia a la Policía” y se entonó La Marsellesa. La lluvia contribuyó a tensar el tramo final de la movilización, mientras el despliegue policial se extendía por el centro de la capital.
Varias estaciones de metro fueron cerradas para impedir el acceso hacia el palacio del Elíseo. El Museo del Louvre también suspendió su actividad y numerosos comercios bajaron las persianas por temor a nuevos saqueos. El cierre de espacios públicos y la interrupción de transportes evidencian que las protestas ya no afectan únicamente al orden callejero: también alteran el funcionamiento cotidiano y la actividad económica de la capital.
El pulso político detrás del dispositivo de seguridad
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió las prohibiciones y los controles preventivos. A su juicio, hubo “una evolución significativa” respecto al 17 de octubre y la manifestación parisina discurrió “con calma” durante buena parte de su recorrido. El Gobierno atribuyó los disturbios a grupos radicales y de extrema izquierda que, según su versión, se situaron en la parte final de la marcha para atacar a la policía y cometer saqueos.
La oposición rechazó esa lectura. Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, acusó al poder de buscar una escalada que permita limitar el derecho de manifestación. Durante la marcha, sostuvo que la represión se dirige contra reivindicaciones que el propio presidente considera legítimas y anunció nuevas convocatorias semanales hasta obtener respuestas. Su posición refleja una fractura central del conflicto: mientras el Ejecutivo presenta las restricciones como una condición para preservar la seguridad, sus detractores las interpretan como una forma de deslegitimar la protesta.
El presidente Macron había anunciado la prohibición de las manifestaciones consideradas “no legítimas” para el 24 de octubre y había autorizado únicamente las marchas sindicales. Esa distinción, difícil de aplicar en ciudades donde las concentraciones espontáneas se mezclan con actos convocados por organizaciones reconocidas, alimentó el resentimiento de parte de los participantes. En varias localidades, la autorización llegó tarde o después de que ya se hubiera ordenado un dispositivo de prohibición.
Del rechazo a la policía a la defensa del derecho de reunión
La tensión no se limitó a los sectores más radicalizados. Sarah Auvray, estudiante de 21 años de Sciences Po, explicó que había dudado en asistir después de inhalar gases lacrimógenos durante la semana anterior. Finalmente, decidió volver junto a otros estudiantes de secundaria porque consideraban necesario mantener la movilización. Su testimonio muestra cómo la respuesta policial, aunque busca contener la violencia, puede convertirse también en un factor de cohesión para quienes perciben las restricciones como una amenaza general al derecho de reunión.
En Marsella, la policía dispersó una concentración sindical autorizada a última hora. Cerca de la Puerta de Aix, los manifestantes levantaron una barricada con placas metálicas y vallas, mientras jóvenes encapuchados lanzaban piedras y adoquines contra los agentes. Las consignas “Vosotros nos reprimís, nosotros resistimos” y “ACAB” expresaron un rechazo frontal a las fuerzas de seguridad. Algunos asistentes observaron los enfrentamientos desde farolas, alféizares y otros puntos elevados, señal de que la protesta combinó participación política, hostilidad callejera y una dinámica casi de espectáculo urbano.
En Toulouse, un manifestante sufrió heridas graves y perdió varios dedos de una mano. En Niza fueron detenidas 61 personas durante enfrentamientos entre grupos de ultraizquierda y ultraderecha. En Limoges, donde el incendio de la semana anterior destruyó el Ayuntamiento, y en Lyon, afectada por el incendio de una oficina de turismo, las autoridades habían prohibido las concentraciones, pero no lograron impedir que se formaran grupos de protesta.
Una estrategia que contiene, pero no resuelve
El despliegue policial evitó, según el Gobierno, una repetición inmediata de la violencia registrada el 17 de octubre. En Marsella se duplicó el número de agentes y también participaron militares de la operación Sentinelle. La combinación de controles, cierres y prohibiciones redujo la capacidad de movimiento de los manifestantes y protegió puntos sensibles como el Elíseo y la Bastilla.
Pero los resultados también revelan los límites de esa estrategia. La asistencia continuó siendo masiva pese a los cambios de recorrido, las prohibiciones y el riesgo de detención. La cifra de arrestos, cercana a 1.000 en todo el país, confirma que la jornada terminó con una confrontación de gran escala. Mientras no exista una respuesta política capaz de atender las reivindicaciones que alimentan la movilización, cada nuevo dispositivo de seguridad corre el riesgo de trasladar el conflicto de las calles autorizadas a concentraciones espontáneas y enfrentamientos más difíciles de controlar.
