Francia desplegará alrededor de 70.000 agentes para hacer frente a las protestas convocadas este sábado, 24 de octubre, después de los saqueos y actos vandálicos registrados una semana antes. El Gobierno ha reforzado la vigilancia en las principales ciudades y ha pedido a las autoridades locales que adapten los recorridos o prohíban concentraciones cuando exista un riesgo elevado de destrucción. En París, la respuesta también incluye el blindaje de comercios, el adelanto del cierre de algunos establecimientos y la clausura de varios de los principales museos de la capital.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, afirmó el viernes durante una visita a Limoges que la amenaza continúa siendo “elevada”. El jefe del Ejecutivo atribuyó el riesgo a la posible actuación conjunta de elementos de ultraizquierda y de delincuentes que aprovechan la movilización para cometer robos o provocar daños. Al mismo tiempo, reclamó diferenciar entre quienes ejercen de forma pacífica su derecho de manifestación y quienes participan en saqueos, incendios o destrozos.
Un dispositivo ampliado tras los disturbios
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció un operativo con controles en estaciones de metro, calles y avenidas. Los agentes buscarán materiales que puedan emplearse en actos violentos y reforzarán la vigilancia de las zonas consideradas más vulnerables. También participarán militares de la operación Sentinelle, cuya misión será apoyar la protección de edificios públicos, instituciones y otros puntos estratégicos.
El Gobierno ha encargado a los prefectos que evalúen los riesgos en cada territorio y coordinen los itinerarios de las protestas con los alcaldes. Esa coordinación permitirá modificar los recorridos previstos o impedir concentraciones en áreas donde las fuerzas de seguridad consideren probable que se produzcan saqueos o destrucciones. La medida refleja el intento de las autoridades de mantener la actividad reivindicativa dentro de un marco controlable, aunque también puede alimentar el debate sobre los límites administrativos al derecho de reunión.
El refuerzo no responde únicamente a una previsión abstracta. El 17 de octubre, el ayuntamiento de Limoges quedó parcialmente calcinado durante los incidentes que siguieron a las movilizaciones. Lecornu visitó el edificio y sostuvo que las autoridades habían extraído lecciones de aquella jornada. Su mensaje apunta a una revisión de la respuesta policial, con especial atención a la protección de edificios institucionales y a la identificación temprana de grupos dispuestos a aprovechar las protestas para actuar al margen de ellas.
Comercios protegidos y actividad cultural limitada
En París, la preparación para posibles incidentes es visible en los barrios comerciales de Les Halles y el Marais. Numerosos establecimientos han cubierto sus escaparates con paneles de madera, reforzado las persianas y retirado mercancías de valor. Algunos comercios y restaurantes prevén cerrar antes de lo habitual, mientras que otros han decidido no abrir durante la jornada para reducir la exposición de trabajadores, clientes y bienes.
La Prefectura de Policía ha recomendado a los propietarios adaptar sus horarios, proteger los locales y retirar de terrazas y espacios exteriores cualquier objeto que pueda utilizarse como proyectil. Estas instrucciones afectan especialmente a las áreas por las que podrían transcurrir las marchas o donde se concentran comercios, restaurantes y equipamientos públicos. La protección preventiva busca limitar los daños materiales, pero también puede trasladar parte del coste de la seguridad a pequeños negocios que dependen de la actividad del fin de semana.
El sector cultural también ha modificado su programación. El Louvre, el Museo de Orsay, la Orangerie, el Museo Picasso y el Grand Palais permanecerán cerrados este sábado. Art Basel Paris, cuya clausura estaba prevista para el domingo, adelantó el final de su edición al viernes por la tarde. Las decisiones afectan a visitantes, trabajadores y empresas vinculadas al turismo, aunque las instituciones han priorizado la prevención ante la posibilidad de que los accesos o los alrededores queden comprometidos por las movilizaciones.
Un ataque que eleva la tensión política
La jornada estará marcada además por el ataque ocurrido el viernes en Trappes y La Verrière, en las afueras de París. Los disparos causaron un muerto y cinco heridos. La Fiscalía Antiterrorista investiga el caso como una acción terrorista de carácter racista y ha señalado indicios de premeditación. El sospechoso fue detenido poco después, y los investigadores localizaron en su domicilio un artefacto explosivo de fabricación casera.
Entre los heridos figura una niña de doce años que permanece en estado crítico. El presidente Emmanuel Macron se desplazó al lugar y expresó su respaldo a la población de origen inmigrante. La investigación deberá establecer el móvil concreto, la posible existencia de cómplices y la relación, si la hubiera, con el clima de tensión que precede a las protestas. Por ahora, las autoridades mantienen separadas las pesquisas sobre el ataque y la planificación del dispositivo de seguridad para las manifestaciones.
La combinación de los disturbios de la semana anterior, los daños sufridos por edificios públicos y el ataque de carácter racista ha endurecido el contexto político. El Ejecutivo busca evitar que la violencia desplace el debate de fondo de las protestas, pero también debe demostrar que las restricciones adoptadas son proporcionales y se aplican de forma precisa. La jornada del 24 de octubre pondrá a prueba esa capacidad: garantizar la libertad de manifestación, proteger los centros urbanos y distinguir en la práctica entre movilización legítima y acciones delictivas.
