Francia vivió este sábado una nueva jornada de movilizaciones convocadas por los chalecos amarillos y organizaciones estudiantiles, marcada por un amplio despliegue de seguridad y varios enfrentamientos localizados. Hasta la 1:00 p. m., hora local, las autoridades habían detenido a 135 personas e incautado bolas de metal, fuegos artificiales y una katana, aunque el ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que no se habían producido incidentes de gravedad.
La situación más tensa se registró en Lyon, donde la policía lanzó granadas de gases lacrimógenos contra un grupo de unas 150 personas que intentaba bloquear el tráfico en una zona donde estaba prohibido concentrarse. En Niza, las fuerzas de seguridad utilizaron cañones de agua para desalojar una plaza. En París, varios manifestantes trataron de llegar a la autopista de circunvalación, pero la intervención policial impidió que ocuparan la vía.
Una jornada contenida, pero lejos de la normalidad
La policía parisina calculó en unas 110.000 las personas que participaron en las manifestaciones convocadas y describió la situación en la capital como “tranquila”. También se registraron incidentes en Lille, Toulouse, Montpellier y Nantes. En Orleans, donde coincidieron el congreso de la ultraderechista Agrupación Nacional, liderada por Marine Le Pen, y una protesta antifascista, alrededor de 11.000 personas se movilizaron sin que se informaran choques relevantes.
El balance oficial refleja una estrategia de contención que, por ahora, ha evitado una repetición del caos de la semana anterior, pero también muestra el nivel de tensión acumulado. Las detenciones preventivas, las prohibiciones de concentrarse y el uso de medios antidisturbios redujeron la capacidad de los manifestantes para ocupar puntos estratégicos, aunque trasladaron el conflicto a otro terreno: el de los límites de la autoridad pública y el derecho a protestar.
El Gobierno había anunciado un dispositivo de aproximadamente 70.000 agentes, junto con unidades policiales de élite, soldados de la misión Sentinelle, blindados de la gendarmería y helicópteros. En París, vehículos blindados protegieron el Palacio del Elíseo y la Asamblea Nacional. Los comerciantes, todavía afectados por los disturbios anteriores, cubrieron sus vitrinas con tablones; algunos decidieron no abrir y otros se prepararon para defender sus negocios ante posibles saqueos.
El recorrido de las marchas se convirtió en parte del conflicto
Las autoridades prohibieron inicialmente varias movilizaciones tras los disturbios de la semana pasada, que llevaron a las calles a entre 550.000 y 800.000 personas. Finalmente se autorizaron en París, Marsella y Lyon las marchas contra el encarecimiento de la vida y en apoyo de los estudiantes de los liceos, que reclaman mejores condiciones desde finales de septiembre.
En la capital, sin embargo, el recorrido fue modificado a última hora. La marcha ya no partió de la plaza de la Bastilla, un lugar de fuerte carga simbólica, sino de una zona más alejada, en el sureste de la ciudad y próxima a la autopista periférica. Para Ryad Rani, dirigente de la Unión Sindical de Estudiantes de Liceo, la decisión plantea una cuestión política que va más allá de la logística: “¿En qué país estamos, donde el poder decide quién puede manifestarse y dónde?”.
Las pancartas y consignas en París expresaron el rechazo al presidente Emmanuel Macron, que dejará el poder en mayo, y a la actuación policial. Se escucharon gritos de “Macron dimisión” y “Todo el mundo odia a la policía”, mientras algunos carteles afirmaban: “Macron, al rincón” y “No esperábamos nada y aun así estamos decepcionados”. Michael O’Flaherty, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, pidió a los gobiernos europeos afectados por las protestas, entre ellos Francia, que respeten el derecho de reunión y prioricen la desescalada.
La explicación oficial apunta a grupos radicales
El Ejecutivo atribuye los disturbios a “grupúsculos de ultraizquierda”, entre ellos antifascistas, anarquistas y anarco-autónomos, a los que se habrían sumado delincuentes oportunistas procedentes sobre todo de los suburbios urbanos. Según esta interpretación, los saqueos y ataques no representarían al conjunto de los manifestantes, sino la acción de grupos organizados o de personas que aprovechan las concentraciones para cometer delitos.
Con ese argumento, el Gobierno decretó toques de queda nocturnos en barrios de varias grandes ciudades y restringió las manifestaciones que no fueran convocadas por actores considerados “legítimos”, como los sindicatos. El problema es que esa distinción coloca a las autoridades en la posición de definir qué protesta merece protección y cuál debe ser impedida. La reducción de los disturbios puede fortalecer la imagen de control del Ejecutivo, pero una aplicación demasiado amplia de las restricciones puede alimentar precisamente la percepción de deriva autoritaria que denuncia el movimiento de los chalecos amarillos.
La tensión social se agravó además por un atentado calificado por Macron como “terrorista racista”, cometido el viernes cerca de París por un hombre de 39 años. El ataque dejó un muerto y cinco heridos antes de que el sospechoso fuera detenido. La sucesión de protestas, violencia política y operaciones de seguridad aumenta la presión sobre un Gobierno que intenta cerrar su ciclo de poder evitando una crisis institucional mayor.
La calle seguirá siendo el principal desafío político
Los chalecos amarillos, movimiento que ya puso en jaque al primer mandato de Macron en 2018 y 2019, anunciaron otra movilización para dentro de siete días contra lo que califican como una “deriva autoritaria”. La continuidad de las protestas indica que la jornada de este sábado no resolvió las causas del descontento: el aumento del costo de vida, el deterioro percibido de los servicios públicos, la desconfianza hacia las instituciones y el malestar estudiantil.
El contexto electoral añade una dimensión adicional. A seis meses de la elección presidencial, Marine Le Pen encabeza los sondeos mientras su partido celebra su congreso bajo fuertes medidas de seguridad. La incapacidad del poder para conciliar orden público y libertad de manifestación puede tener consecuencias más amplias que una jornada de disturbios: puede reforzar a quienes presentan al Estado como débil frente a la violencia o, por el contrario, a quienes denuncian un uso excesivo de la fuerza.
En medio de esa disputa, Moody’s mantuvo el viernes la calificación de la deuda soberana francesa, al considerar probable que el país apruebe su presupuesto de 2027, basado en un fuerte ajuste fiscal, y que las tensiones sociales disminuyan en los próximos meses. Esa expectativa económica contrasta con la dinámica de la calle. Mientras el Gobierno busca demostrar que conserva el control y que puede aplicar su programa fiscal, los manifestantes intentan demostrar que la estabilidad institucional no puede construirse restringiendo indefinidamente el espacio de protesta.
