La Asamblea Nacional francesa aprobó por unanimidad el 13 de octubre el proyecto de ley integral contra la violencia sexista y sexual. El respaldo unánime marca un avance político, pero no cierra el recorrido de una reforma que ahora afronta dos pruebas decisivas: conservar sus medidas en el Senado y conseguir recursos para aplicarlas. La discusión presupuestaria de 2027 empieza precisamente cuando la financiación de la ley aún no está asegurada.
Un acuerdo amplio, con medidas que deberán sostenerse
El texto nació de la movilización de una coalición feminista y de defensa de la infancia tras el asesinato de Lyhanna. Tras seis días de debate, pasó de 69 a más de 110 artículos. La ponente socialista Céline Thiébault-Martínez lo describió como un texto “magnífico” para combatir la violencia contra mujeres y niños, aunque lamentó que se eliminaran disposiciones destinadas a proteger a mujeres extranjeras, a quienes calificó entre las más vulnerables.
La amplitud de apoyos parlamentarios, desde comunistas hasta Los Republicanos, refleja que la reforma consiguió reunir fuerzas políticas distintas alrededor de un problema común. Sin embargo, el consenso en la votación final no elimina las diferencias sobre el alcance de las medidas: algunas disposiciones habían sido sometidas de nuevo a votación a petición del Gobierno, que consideraba que los resultados iniciales no representaban adecuadamente la distribución de fuerzas en la Cámara.
De la denuncia a la atención: el desafío de llevar la ley a la práctica
Entre las medidas previstas figuran requisitos mínimos de investigación para evitar que las denuncias se archiven con demasiada rapidez, unidades policiales especializadas y un tribunal especializado. La propuesta también contempla entrevistas obligatorias en los centros escolares para detectar situaciones de violencia —con periodicidad anual a partir de 2032— y un itinerario de atención para menores víctimas.
El diseño intenta intervenir en varios momentos: detección, investigación y acompañamiento. Su eficacia, por tanto, dependerá menos del número de artículos que de que existan personal, formación y coordinación suficientes para ponerlos en marcha. La entrevista escolar ilustra esa tensión: establece una vía preventiva, pero su aplicación comenzaría de forma anual dentro de varios años, mientras otras medidas requieren capacidad institucional desde mucho antes.
El coste estimado convierte el presupuesto en otra votación clave
El ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, calculó que la ley podría costar entre 3.000 y 4.000 millones de euros anuales a largo plazo, además de los 1.500 millones que ya se destinan cada año. Aclaró que se trata de una estimación, no de un compromiso. Para Thiébault-Martínez, esa falta de garantía deja pendiente una pregunta central: si el Gobierno aportará los medios necesarios para que el texto se aplique efectivamente.
La cifra coloca la reforma en el centro de los debates sobre los presupuestos de 2027 y de la Seguridad Social, que comienzan tras la votación. La financiación no es un complemento técnico: determina si las nuevas unidades, los procedimientos de investigación y la atención a menores podrán funcionar con continuidad. Sin asignaciones concretas, el alcance legal podría superar la capacidad disponible para ejecutarlo.
El Senado abre una segunda disputa
El proyecto pasa ahora a una cámara alta dominada por la derecha y los centristas, donde probablemente se debatirá en enero. Sus defensores temen que el Senado reduzca medidas aprobadas por la Asamblea y reclaman vigilancia durante esta nueva etapa, según Anne-Cécile Mailfert, de la Fundación de las Mujeres. El Gobierno busca adelantar el calendario, aunque una tramitación demasiado ajustada podría dificultar la aprobación definitiva antes de las elecciones presidenciales.
Así, la unanimidad obtenida en la Asamblea es un punto de partida, no una garantía de resultado. La reforma tendrá que preservar su contenido durante el examen senatorial y traducir sus objetivos en presupuestos y capacidades concretas. Esas dos condiciones definirán si la ley aprobada se convierte en una respuesta operativa frente a la violencia o queda limitada por los ajustes políticos y financieros de los próximos meses.
