Francia se prepara para una nueva jornada de movilizaciones marcada por la tensión social, las restricciones administrativas y el temor a nuevos disturbios. El Gobierno ha desplegado a 70.000 policías y gendarmes en todo el país después de los actos de vandalismo y saqueos registrados la semana pasada, que causaron daños en unos 3.000 comercios. Las autoridades consideran elevado el riesgo de violencia, especialmente por la posible actuación de grupos radicales al margen de las marchas sindicales.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo el viernes por la noche que la amenaza seguía siendo alta. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, prometió una respuesta contundente contra los saqueadores y los alborotadores, aunque el dispositivo de seguridad se encuentra bajo presión política: la izquierda cuestiona la dureza de las medidas policiales y la derecha reprocha al Ejecutivo no haber evitado los disturbios anteriores.
Los estudiantes mantienen la movilización
Las organizaciones sindicales estudiantiles han pedido continuar las protestas después de reunirse con el presidente Emmanuel Macron. Sus representantes admitieron que hubo avances en la conversación, pero reclamaron decisiones concretas y rechazaron una reforma limitada del sistema de acceso a la universidad. La exigencia principal sigue siendo la derogación completa de las medidas cuestionadas.
El movimiento también incorpora demandas relacionadas con la enseñanza secundaria: mejores condiciones materiales para estudiar y sustituciones más rápidas de los profesores ausentes. La combinación entre estas reivindicaciones y el malestar económico general ha ampliado el alcance de las movilizaciones, que ya no se limitan a los estudiantes ni al movimiento de los chalecos amarillos.
París, entre la prohibición y el control del recorrido
En la capital, la policía ha prohibido la concentración prevista en la plaza de la Bastilla y ha utilizado altavoces, en francés y en inglés, para pedir a los participantes que abandonen el lugar y se dirijan hacia Porte d’Italie. La plaza mantiene el tráfico y el servicio de metro, mientras los antidisturbios controlan los accesos.
Los organizadores de la marcha terminaron aceptando el itinerario fijado por la prefectura: el recorrido se desplazará entre las plazas de Nación e Italia, lejos del centro político y de las principales zonas comerciales. La decisión ha provocado críticas de los convocantes, que consideran que las restricciones reducen el sentido de la protesta. Para las autoridades, en cambio, la modificación facilita la vigilancia y disminuye el riesgo de daños en escaparates, comercios y edificios institucionales.
El Louvre, el museo de Orsay y el museo Picasso permanecerán cerrados, al igual que el Palacio de Versalles. Además, el toque de queda nocturno seguirá vigente hasta el lunes en los alrededores de la plaza de la República y Les Halles. Bancos y comercios han protegido sus vitrinas con planchas de madera ante el temor de nuevos saqueos.
El miedo transforma la actividad comercial
La inseguridad ha generado una demanda excepcional de vidrieros, carpinteros y empresas de vigilancia privada. Algunos profesionales reparan los daños de la semana anterior o instalan paneles para blindar los escaparates; otros son contratados para custodiar tiendas ante la posibilidad de que la policía no pueda responder simultáneamente a todas las llamadas.
También ha aumentado la compra de productos de autodefensa que no requieren licencia, como determinados aerosoles. Algunos medios próximos a la extrema derecha han llegado a plantear que los comerciantes podrían organizar grupos de protección o buscar armas de fuego. Estas propuestas reflejan la dimensión del temor, pero también elevan el riesgo de una respuesta privada desordenada y de nuevos enfrentamientos en las calles.
Restricciones desiguales en las grandes ciudades
Las autoridades han prohibido manifestaciones en Marsella, Lyon, Le Havre, Rouen, Le Mans, Montpellier, Grenoble, Niza, Toulon y Perpiñán. En Marsella, el transporte público permanecerá suspendido desde las cinco de la mañana del sábado hasta la misma hora del domingo, una medida que tendrá efectos directos sobre trabajadores, residentes y servicios de emergencia.
En otras ciudades, como Estrasburgo, Lille, Mulhouse, Toulouse y Amiens, solo se han autorizado convocatorias sindicales. La estrategia busca diferenciar las movilizaciones consideradas controlables de aquellas vinculadas a los chalecos amarillos o a colectivos estudiantiles. Sin embargo, la prohibición formal no impide que miembros de esos grupos se incorporen individualmente a las marchas permitidas, lo que mantiene abierta la posibilidad de concentraciones difíciles de separar sobre el terreno.
Un atentado racista agrava el clima
La tensión aumentó tras un ataque ocurrido en Trappes, a unos 30 kilómetros al oeste de París. Una persona murió y otras cinco resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, por disparos efectuados desde un vehículo. El presunto autor, Kevin T., de 39 años y con antecedentes por delitos comunes, fue detenido. La Fiscalía Antiterrorista informó además de que había preparado un dispositivo trampa en su domicilio, previsiblemente para activarlo ante la llegada de los agentes.
El atentado, de carácter presuntamente xenófobo, introduce un componente adicional de riesgo en una protesta ya marcada por la polarización. La prioridad policial pasa a ser doble: contener los disturbios y prevenir actos de violencia política o racista que puedan aprovechar la concentración de miles de personas.
Orléans concentra la disputa electoral
La ciudad de Orléans, situada a unos 130 kilómetros al sur de París, será otro foco de tensión. Allí, la Agrupación Nacional celebrará un congreso destinado a impulsar oficialmente la candidatura presidencial de Marine Le Pen, a unos seis meses de las elecciones. Las autoridades esperan entre 20.000 y 30.000 opositores al partido, mientras la formación prevé reunir a unos 10.000 simpatizantes.
Cerca de 3.000 agentes serán desplegados y se han prohibido las manifestaciones dirigidas específicamente contra el congreso. El prefecto sí autorizará la marcha sindical incluida en la jornada nacional, pero no las acciones destinadas a bloquear el acto de la Agrupación Nacional. La diferencia entre ambas decisiones ilustra el dilema del Gobierno: garantizar el derecho de manifestación sin permitir que la protesta desemboque en un enfrentamiento entre bloques políticos.
La comparación con Mayo del 68 aparece ya en el discurso de algunos estudiantes, pero el contexto actual es distinto. La protesta combina reivindicaciones educativas, descontento social, oposición a las restricciones y una fuerte disputa electoral. El desenlace dependerá menos del tamaño de las marchas que de la capacidad de aislar a los grupos violentos, preservar los servicios esenciales y evitar que la respuesta institucional profundice la fractura política.
