Florida ejecutó este martes a James Robertson, de 63 años, mediante inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford. La ejecución se llevó a cabo a las 12:32, hora local. Robertson había sido condenado por estrangular en 2008 a su compañero de celda, Frank Hart, y confesó que lo mató con el propósito de recibir una condena a muerte, según el Tribunal Supremo de Florida.
Una ejecución en medio de una controversia nacional
La muerte de Robertson se produce mientras persiste la polémica por el intento fallido de ejecutar a Christa Pike en Tennessee. Pike, la única mujer condenada a muerte en ese estado, sobrevivió a la inyección letal el 30 de septiembre. El Death Penalty Information Center (DPIC) calificó el episodio como un hecho sin precedentes en la era moderna de la pena capital en Estados Unidos.
Las autoridades de Tennessee afirmaron que siguieron el protocolo. El gobernador republicano Bill Lee ordenó una revisión independiente y suspendió las ejecuciones previstas para el resto del año, según el DPIC. En Florida, en cambio, el gobernador Ron DeSantis firmó la orden de ejecución de Robertson el 1 de octubre, un día después del intento fallido en Tennessee.
Florida, en el centro de las cifras
Con Robertson, Florida suma 17 ejecuciones en lo que va de año. Son más que las realizadas conjuntamente por los otros cinco estados que también han aplicado la pena capital durante este periodo, según el DPIC. El estado ya había marcado un récord propio en 2025, con 19 ejecuciones, y tiene otras dos programadas: una para el 20 de octubre y otra para el 5 de noviembre. Si ambas se llevan a cabo, igualará esa cifra.
Florida tenía previsto ejecutar a dos personas el mismo día que Robertson. Sin embargo, DeSantis frenó por ahora la ejecución de William Lee Thompson, de 74 años. La defensa de Thompson sostiene que padece demencia, un argumento que introduce en el caso una cuestión distinta a la controversia sobre el método de ejecución: la capacidad y las condiciones personales de quien enfrenta la pena capital.
La presión de líderes religiosos
Decenas de líderes evangélicos hispanos tenían previsto reunirse este martes en Tallahassee para pedir al gobernador que suspenda las ejecuciones. La organización Mission Talk anunció que entregarían una carta suscrita por más de 70 obispos, pastores y otros dirigentes de iglesias hispanas de Florida.
Agustín Quiles, fundador y presidente de Mission Talk, acusó a DeSantis de haber convertido el estado en la capital de las ejecuciones del país, mientras otros estados se alejan de la pena de muerte. La cifra de Florida y el calendario vigente respaldan el peso de esa crítica en términos cuantitativos; no resuelven, por sí solos, el debate sobre la legitimidad de la pena ni sobre la fiabilidad de cada procedimiento.
Un calendario aún abierto
La ejecución de Robertson combina dos elementos que alimentan la discusión pública: un condenado que buscó deliberadamente la pena capital y un método sometido a escrutinio tras el caso de Pike. A la vez, la concentración de ejecuciones en Florida y las próximas fechas fijadas mantienen la atención sobre las decisiones del gobernador. El resultado de la revisión independiente en Tennessee y la situación de Thompson serán factores relevantes para medir cómo evolucionan esas controversias, aunque no determinan automáticamente las decisiones pendientes en Florida.
