El coronel Juan Marcelo Ferrufino Rojas, uno de los oficiales que participó en la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue enviado este domingo con seis meses de detención preventiva al penal de Patacamaya. La decisión judicial transforma la posición del exdirector nacional de Inteligencia de la Policía: de responsable de una operación considerada de alto riesgo a investigado por presuntas irregularidades vinculadas con objetos retirados de una vivienda allanada.
Durante la audiencia de medidas cautelares, Ferrufino no centró su intervención únicamente en su situación procesal. Expresó preocupación por la seguridad de sus hijas y de su familia, y sostuvo que el encarcelamiento le genera más temor por ellos que por su propia vida. “Si me da detención preventiva, no tengo miedo por mi vida, sino por mis hijas y mi familia”, manifestó ante la autoridad judicial.
La captura que ahora forma parte de la acusación
Ferrufino defendió la actuación policial desplegada el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, operativo que terminó con la aprehensión de Marset. Según su explicación, la intervención fue ejecutada por personal entrenado que no conocía con anticipación todos los detalles de la misión. Esa reserva, afirmó, buscaba proteger la operación y evitar que la información llegara al objetivo.
El coronel aseguró que los integrantes del Grupo Especial de Acciones Tácticas que participaron en el procedimiento desconocían incluso el destino exacto al que se dirigían. “Ningún elemento del GEAT sabía dónde se estaba yendo cuando se ha capturado a Marset”, declaró. A su juicio, el resultado fue posible por la preparación y la convicción de los efectivos, no por una actuación improvisada.
La defensa de esa operación tiene un peso particular dentro del caso. Ferrufino intenta separar dos momentos que, para la investigación, aparecen conectados: la ejecución del operativo y el manejo posterior de los bienes encontrados en el inmueble allanado. Su argumento es que la eficacia de la captura y su conducta profesional durante la intervención no deberían quedar anuladas por acusaciones relacionadas con una fase posterior.
El punto que la Fiscalía busca esclarecer
La investigación se relaciona con el presunto retiro irregular de maletas del inmueble ubicado en el barrio Las Palmas, donde fue aprehendido Marset. De acuerdo con la imputación formal, esos objetos no habrían sido registrados ni incorporados correctamente a los procedimientos de inventario y custodia. La ausencia de una trazabilidad documentada es el elemento que permite a los investigadores examinar quién tuvo acceso a las maletas, qué ocurrió con ellas y por qué no quedaron incorporadas de manera regular al expediente.
La hipótesis fiscal contempla que dentro de esos equipajes podía haber al menos cuatro millones de dólares en efectivo, además de relojes de lujo y otros bienes de valor. Hasta que esos extremos sean acreditados en el proceso, se trata de una línea investigativa y no de hechos establecidos por una sentencia. Sin embargo, el posible valor de los objetos explica la gravedad con la que la Fiscalía aborda el caso y la relevancia que atribuye a las presuntas fallas de custodia.
Ferrufino es investigado por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto agravado, concusión y cohecho pasivo. La detención preventiva no constituye una condena, pero sí refleja que la autoridad judicial consideró necesario mantenerlo privado de libertad durante la etapa inicial de la investigación. En ese periodo deberán precisarse las responsabilidades individuales y la consistencia de las pruebas reunidas.
“Me están tomando como un número más”
El exjefe policial también cuestionó el deterioro de su imagen pública. Recordó que, después de la captura, un efectivo habría preguntado por qué lo habían enviado a una situación en la que podía morir. En aquel momento, dijo, tomó el comentario con humor. Ahora, mientras permanece detenido, considera que aquella preocupación tenía fundamento.
“Hoy día, ahora, sentado aquí, en una celda, donde mi imagen está deteriorada, me doy cuenta que ese policía tenía razón”, expresó. La frase resume el cambio de escenario para un oficial que reivindica su trayectoria y que sostiene que su actuación fue la de un negociador profesional, no la de alguien dispuesto a apropiarse de bienes o a abandonar un procedimiento operativo.
Ferrufino pidió que se revise un video remitido a través de la secretaría correspondiente. Según explicó, las imágenes podrían mostrar cómo condujo la negociación durante el operativo. Afirmó que cuenta con certificación como negociador y que, mientras dialogaba con una persona, no podía cancelar unilateralmente la operación ni actuar con un propósito distinto al establecido.
Una prueba para los controles policiales
El caso expone una tensión que va más allá de la situación personal de Ferrufino. La captura de Marset fue presentada como un logro operativo, pero la investigación sobre las maletas desplaza la atención hacia la custodia de la evidencia y el control sobre los bienes incautados o encontrados durante un allanamiento. En procedimientos contra organizaciones criminales, una operación puede ser exitosa en el terreno y, aun así, quedar comprometida si la documentación posterior es incompleta.
La causa también alcanza a otros funcionarios públicos por presuntos vínculos con Marset y por posibles irregularidades relacionadas con su entorno. El narcotraficante fue capturado en Santa Cruz y actualmente enfrenta a la Justicia de Estados Unidos. Mientras avanza ese proceso internacional, las autoridades bolivianas deben determinar si las acusaciones contra Ferrufino derivan de errores administrativos, de una ruptura deliberada de la cadena de custodia o de un esquema de apropiación de bienes. Esa diferencia será decisiva para establecer responsabilidades y para medir cuánto de la operación policial puede sostenerse jurídicamente.
