Un grupo de 146 ex presos políticos cubanos pidió al Gobierno de Estados Unidos que cualquier diálogo con las autoridades de la Isla quede condicionado a la liberación total de los presos por motivos ideológicos y a la despenalización del disenso. La declaración fue presentada este jueves en Miami por Ángel de Fana, líder de Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba, y plantea una posición especialmente relevante ante las versiones sobre posibles contactos entre Washington y La Habana.
La carta, fechada el 10 de octubre y enviada al Departamento de Estado, todavía no ha recibido respuesta, según confirmó De Fana durante una rueda de prensa celebrada en el Museo de la Brigada 2506. El documento sostiene que la excarcelación de los opositores no puede utilizarse como una concesión negociable ni como moneda de cambio para obtener ventajas internacionales destinadas a la dirigencia cubana.
Una línea roja antes de cualquier acercamiento
Los firmantes afirman que no reclaman venganza, sino justicia para las demandas de la población. Su argumento central es que no puede existir un proceso de negociación legítimo mientras continúen encarceladas personas castigadas por expresar sus opiniones o por participar en movimientos de oposición. Para De Fana, la liberación de todos los presos políticos y la eliminación de los delitos utilizados para penalizar el disenso constituyen condiciones previas, no asuntos que deban resolverse al final de una eventual negociación.
“No queremos que haya negociación con quienes son los culpables de la dramática situación del pueblo cubano”, declaró De Fana a CubaNet después del encuentro. Al mismo tiempo, estableció una distinción entre los dirigentes considerados responsables de la represión y otros cubanos vinculados al Estado que, a su juicio, no han participado en abusos ni tienen “las manos embarradas de sangre”. Con estos últimos, dijo, sí podría discutirse el futuro democrático del país.
La posición coincide parcialmente con declaraciones realizadas a finales de septiembre por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Rubio señaló que Washington no podría trabajar con algunos integrantes del régimen, pero que estaría dispuesto a hacerlo con quienes aceptaran encaminar a Cuba hacia la libertad política y económica. La carta de los ex presos convierte esa distinción en una exigencia concreta: no bastaría con identificar interlocutores aceptables; también habría que modificar las condiciones internas que mantienen criminalizada la oposición.
Transición, no continuidad bajo otro nombre
El documento admite la posibilidad de un gobierno provisional de transición con participación de militares y funcionarios del sistema anterior cuya trayectoria sea considerada aceptable, junto con representantes de la sociedad cubana y de la diáspora. Esa propuesta no equivale, sin embargo, a respaldar una continuidad del modelo político actual bajo la misma élite de poder. La diferencia es decisiva: los firmantes vinculan la legitimidad de una transición a la apertura de un proceso que conduzca a una nueva República, no a la simple sustitución de figuras dentro de las estructuras existentes.
La fórmula deja planteado uno de los principales dilemas de cualquier escenario de cambio en Cuba. Una salida negociada podría reducir el riesgo de violencia y facilitar la administración del Estado, pero también podría preservar cuotas de poder, redes económicas y mecanismos de control del régimen. Por eso, los ex presos reclaman que la participación cubana en las conversaciones no quede limitada a funcionarios o actores escogidos por las autoridades, y que quienes han sufrido la represión tengan canales efectivos para intervenir.
Dos conflictos que la declaración busca separar
Otro eje de la carta es la diferenciación entre el conflicto bilateral entre Estados Unidos y Cuba y el enfrentamiento entre el régimen y la población cubana. Según los firmantes, ambos problemas no deben tratarse como si fueran equivalentes. La relación entre gobiernos puede incluir sanciones, seguridad, comercio o migración; la situación interna, en cambio, está marcada por la falta de libertades, la persecución política y la ausencia de mecanismos para que la ciudadanía ejerza su soberanía.
Desde esa perspectiva, Washington debería respaldar directamente a los cubanos si la represión pusiera en riesgo la seguridad de la población, utilizando todos los medios a su alcance y procurando, llegado el caso, el apoyo de otras naciones. Esta petición amplía el alcance de la eventual política estadounidense: no se limitaría a negociar con La Habana, sino que tendría que considerar a la sociedad civil como un actor con intereses propios y capacidad de decisión.
La experiencia del exilio y el papel de las nuevas generaciones
Durante la presentación, el ex preso político José Rolando Cáceres Soto defendió el valor de la experiencia acumulada por el exilio histórico. Cáceres Soto, encarcelado en varias ocasiones y liberado por última vez en 2021, afirmó que los jóvenes dentro de Cuba ya participan en el debate sobre el futuro nacional y que la oposición debe aprovechar las lecciones de quienes enfrentaron durante décadas al sistema.
El académico Eduardo Zayas-Bazán resumió otra preocupación de los firmantes al reclamar personas honestas para construir una Cuba democrática. El documento reúne hasta ahora nombres como Yamilka Abascal, Sissi Abascal, Eduardo Cardet, Pedro Corzo, Guillermo Fariñas, Angélica Garrido y Luis Zúñiga. La cifra de 146 adhesiones no representa por sí sola a toda la oposición cubana, pero muestra que existe un sector organizado del exilio decidido a influir en las condiciones de cualquier eventual transición.
La carta no garantiza que Washington adopte sus demandas ni ofrece una hoja de ruta completa para gobernar después de un cambio político. Su importancia reside en fijar límites para una posible negociación: la liberación de los presos políticos, la despenalización del disenso, la participación de la sociedad cubana y el rechazo a una continuidad maquillada del sistema. En un contexto de incertidumbre, los ex presos intentan que el futuro de la Isla no se defina únicamente entre gobiernos, sino también con la presencia de quienes pagaron con la cárcel su oposición al régimen.
