El príncipe heredero de Liechtenstein, Alois, ha utilizado por primera vez durante su regencia el derecho de veto para impedir la entrada en vigor de una ley que despenalizaba el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo. La decisión no solo mantiene una de las legislaciones más restrictivas de Europa, sino que vuelve a colocar en el centro de la discusión los límites de una monarquía con amplias atribuciones dentro de un sistema que también reivindica la democracia directa.
Un veto anunciado que convierte una votación ajustada en un bloqueo definitivo
El Parlamento aprobó la reforma el 2 de septiembre por una diferencia mínima: 13 votos a favor frente a 12 en contra. En la misma sesión fue rechazada, por idéntico margen, la posibilidad de someter el cambio a un referéndum nacional. El resultado reflejaba una sociedad dividida y otorgaba a la decisión parlamentaria un peso político considerable, aunque no suficiente para superar la autoridad de la Casa Principesca.
Alois había advertido desde junio que vetaría la reforma incluso si recibía el respaldo de las urnas. Por tanto, su intervención no fue una reacción inesperada al resultado legislativo, sino la ejecución de una posición previamente anunciada. El veto confirma que, en Liechtenstein, la aprobación parlamentaria o popular no garantiza por sí sola que una norma pueda entrar en vigor cuando afecta a materias consideradas esenciales por el príncipe.
Casi 5.000 firmas rompieron un silencio político de décadas
La reforma había llegado al Parlamento a través de la iniciativa ciudadana Fristenlösung für Liechtenstein, cuyo nombre alude a la solución basada en plazos. En febrero, el comité reunió casi 5.000 firmas, aproximadamente una cuarta parte de los votantes registrados y cinco veces el mínimo de 1.000 apoyos exigido para que una propuesta sea examinada por la Cámara.
Ese volumen de respaldo constituye uno de los datos más significativos del proceso. No equivale necesariamente a una mayoría favorable a la legalización, pero sí demuestra que el aborto dejó de ser un asunto recluido en el ámbito privado o tratado como un tabú político. La iniciativa proponía permitir la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas y eliminar la prohibición de ofrecer información sobre el aborto, dos cambios que buscaban modificar tanto el régimen penal como el acceso público a orientación y asesoramiento.
La respuesta de sus promotores muestra la tensión entre movilización social y autoridad institucional. En una carta difundida por el medio Lie:zeit, calificaron el veto de “demostración de poder a costa de las mujeres afectadas” y sostuvieron que la decisión ignora la voluntad popular. Al mismo tiempo, reconocieron que la campaña había expuesto deficiencias y vacíos de la normativa vigente. Esa doble valoración resulta relevante: aunque la reforma haya sido bloqueada, el debate que la impulsó difícilmente puede volver al punto de partida.
Una excepción legal que obliga a salir del país
La legislación actual solo permite el aborto cuando el embarazo supone un riesgo grave para la salud de la mujer o cuando es consecuencia de una agresión sexual. En los demás casos, las mujeres que deciden interrumpir su embarazo deben desplazarse principalmente a Suiza o Austria. La restricción, por tanto, no elimina la práctica, sino que la traslada fuera de las fronteras y añade costes económicos, logísticos y emocionales a una decisión ya compleja.
Un informe de la Asociación de Derechos Humanos de Liechtenstein publicado en 2025 calculó en 40 el número de mujeres que viajaron a Suiza para abortar. La cifra no representa necesariamente la totalidad de los casos, porque no existen datos comparables sobre quienes acuden a Austria. Además, desde 2015 esta vía para sortear las restricciones nacionales está legalizada, una solución que reconoce de hecho la existencia del fenómeno sin resolver la desigualdad de acceso entre quienes pueden desplazarse y quienes no.
Con unos 40.000 habitantes, Liechtenstein ocupa una posición singular en el mapa europeo. Solo Andorra y la Ciudad del Vaticano mantienen una prohibición total, mientras que Malta, Mónaco y Polonia cuentan con marcos igualmente restrictivos, aunque no idénticos. La permanencia de estas normas convierte el caso del principado en una discusión sobre derechos reproductivos, pero también sobre las consecuencias prácticas de una legislación que depende de servicios disponibles al otro lado de la frontera.
La defensa de la vida no nacida frente al alcance de la Corona
En un comunicado de la Casa Principesca, Alois afirmó que la reforma no era compatible con una protección adecuada de la vida del no nacido, al que definió como un bien jurídico fundamental. Su posición mantiene el argumento central utilizado en anteriores controversias y explica por qué considera legítimo intervenir incluso frente a una mayoría parlamentaria estrecha o a un eventual resultado favorable en referéndum.
El príncipe, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de levantar la prohibición de la publicidad sobre la interrupción del embarazo y expresó su apoyo a mejorar la información, el asesoramiento y el acompañamiento a las mujeres antes, durante y después de la gestación. La apertura parcial no modifica el núcleo penal de la regulación, pero introduce una posible zona de diálogo: el Estado podría ampliar el acceso a información sin aceptar la despenalización propuesta por la iniciativa.
La cuestión de fondo trasciende el aborto. Alois ejerce la regencia desde 2004, cuando su padre, Hans-Adam II, le transfirió sus funciones. El príncipe reinante puede disolver el Parlamento y participar en el nombramiento de jueces, además de conservar el veto absoluto. Ese poder fue ratificado en un referéndum de 2012, después de que Alois advirtiera que bloquearía una ley sobre el aborto sometida a votación nacional en 2011. La medida tampoco prosperó entonces.
El episodio actual muestra así una paradoja institucional: un país con mecanismos de democracia directa permite que una iniciativa respaldada por miles de ciudadanos llegue al Parlamento, pero mantiene una autoridad principesca capaz de invalidar el resultado legislativo antes de que produzca efectos. El veto no cierra el debate sobre el aborto en Liechtenstein; lo desplaza hacia una pregunta más amplia sobre cuánto poder puede concentrar la Corona cuando la sociedad empieza a reclamar una revisión de sus normas más restrictivas.
