El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ordenó este viernes 23 a Meta y X explicar, en un plazo de 24 horas, cómo funcionan sus algoritmos y herramientas de inteligencia artificial ante las sospechas de que podrían estar favoreciendo la campaña de Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El magistrado Ricardo Villas Boas impuso una multa diaria de 100.000 dólares a cada empresa en caso de incumplimiento, a solo dos días de la segunda vuelta presidencial, prevista para este domingo 25.
La decisión abre un nuevo frente judicial en una campaña marcada por acusaciones de manipulación digital, desinformación y restricciones a la propaganda política. La intervención del máximo organismo electoral no se limita ya a exigir la retirada de contenidos concretos: busca conocer los criterios técnicos que determinan qué anuncios se publican, qué cuentas son bloqueadas y qué mensajes alcanzan mayor visibilidad. En una contienda tan estrecha, esas decisiones pueden afectar directamente la capacidad de cada candidato para movilizar votantes.
Una disputa distinta, pero conectada
El requerimiento de este viernes corresponde a un proceso diferente del iniciado el lunes 19, cuando el diario Folha de Sao Paulo divulgó mensajes internos de Meta en los que empleados reconocían restricciones que podían perjudicar las cuentas de uno de los postulantes. La publicación intensificó las dudas sobre la neutralidad de los sistemas automatizados y llevó el debate desde la circulación de noticias falsas hacia el funcionamiento interno de las plataformas.
A comienzos de semana, el TSE ya había dado a Meta 24 horas para demostrar que ofrecía un trato equitativo a las campañas de Lula y Bolsonaro. El tribunal amenazó entonces con una multa diaria de 200.000 dólares, al considerar que la compañía había ignorado medidas exigidas la semana anterior. Meta respondió que se habían producido “incidentes técnicos”, entre ellos la desactivación de anuncios electorales, pero negó que existiera parcialidad.
La empresa afirmó que había aplicado las medidas solicitadas por la justicia electoral y anunció un sistema de revisión humana. Según su explicación, cualquier bloqueo automático de cuentas vinculadas con anuncios de campaña sería examinado manualmente en un plazo máximo de dos horas. La respuesta buscó presentar los fallos como problemas operativos y no como una política deliberada de discriminación, aunque no disipó las dudas de los equipos electorales.
Acusaciones cruzadas en la recta final
La campaña de Lula acusó a Meta de “manipulación algorítmica” y sostuvo que una herramienta de inteligencia artificial impedía generar contenido electoral favorable al presidente en Instagram, mientras permitía material relacionado con Bolsonaro. Desde el entorno del candidato del Partido Liberal se denunció, por su parte, una supuesta ofensiva de propaganda negativa en WhatsApp promovida por el Gobierno con la aprobación de Meta.
La disputa llegó al extremo de que ambos bandos solicitaron al TSE anular o revocar la candidatura del adversario por el uso de estas estrategias en redes sociales. El tribunal no ha aceptado esas peticiones, pero la confrontación muestra hasta qué punto las plataformas se han convertido en parte del campo de batalla electoral. El problema central no es solo qué contenido es falso o agresivo, sino quién decide su alcance, con qué reglas y con qué posibilidad de revisión.
La Organización de las Naciones Unidas también ha cuestionado las presuntas restricciones a la libertad de expresión política en las plataformas de Meta. La crítica añade presión internacional a una empresa que debe responder simultáneamente ante autoridades electorales, candidatos, usuarios y organismos preocupados por el equilibrio entre moderación de contenidos y censura.
Una elección definida por márgenes mínimos
La importancia de las órdenes judiciales se explica por la estrechez de la carrera. Flávio Bolsonaro obtuvo una victoria ajustada en la primera vuelta, con menos de dos puntos porcentuales de diferencia sobre Lula. Las encuestas previas al balotaje han reducido todavía más la distancia. El sondeo más reciente del Instituto Quaest atribuye al candidato del Partido Liberal el 45% de la intención de voto y al líder del Partido de los Trabajadores el 44%.
Con una diferencia de apenas un punto, una interrupción temporal de anuncios, una cuenta suspendida o una variación en la distribución de mensajes puede tener consecuencias políticas desproporcionadas. No implica que una decisión algorítmica determine por sí sola el resultado, pero sí que la opacidad de esos sistemas dificulta distinguir entre un error técnico, una aplicación desigual de las normas y una intervención con efectos electorales.
Brasil, un terreno decisivo para las plataformas
Brasil es especialmente sensible a este fenómeno por el alcance de internet. En 2025, más del 90% de la población utilizó la red por primera vez. El país contaba el año pasado con 168,7 millones de personas mayores de diez años conectadas, en su mayoría mediante teléfonos celulares, y el 95,6% de ellas accedía diariamente, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
Estos datos explican por qué las campañas digitales ocupan un lugar central junto a los mítines, la radio y la televisión. Facebook, Instagram, WhatsApp y X no son únicamente espacios de debate: funcionan como canales de propaganda, distribución de noticias y comunicación directa con los electores. Cuando sus reglas se aplican de forma poco transparente, la autoridad electoral enfrenta el desafío de supervisar infraestructuras privadas que influyen en el debate público a una escala nacional.
La justicia electoral, bajo presión
El TSE también ha recibido críticas de los dos grupos políticos, que lo acusan de parcialidad y de actuar con lentitud frente a la desinformación. Según datos de la propia corte citados por la agencia EFE, desde julio se han abierto casi 100.000 procesos en tribunales electorales de todo el país; el 45% ya fue analizado o permanece en estudio. La cifra convierte estos comicios en los más judicializados de la historia de Brasil.
La sucesión de plazos, multas y órdenes de explicación refleja la dificultad de establecer reglas aplicables en tiempo real. El tribunal debe proteger la integridad de la elección sin asumir un control excesivo sobre el discurso político, mientras las plataformas deben hacer transparentes sistemas que normalmente operan con criterios comerciales y técnicos difíciles de auditar. El resultado del balotaje se conocerá en las urnas, pero la disputa sobre quién controla la circulación digital de la propaganda seguirá abierta después del domingo.
