El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 18 años de prisión impuesta a un hombre por dos delitos de agresión sexual cometidos contra una menor en Melilla. La pena, fijada en nueve años por cada delito, queda así definitivamente ratificada después de que la Sala rechazara el recurso de casación presentado por el condenado, que actualmente tiene 56 años.
Los hechos ocurrieron en dos momentos distintos y afectaron a la víctima cuando todavía era menor de edad. El primer episodio se produjo en el verano de 2017, cuando tenía once años. El segundo tuvo lugar en marzo de 2020, cuando tenía catorce. La resolución judicial considera probado que el acusado aprovechó la relación de confianza que había establecido con la niña para acceder a ella y cometer las agresiones.
Una condena que ya no admite otro recurso ordinario
La decisión del Supremo cierra la vía judicial abierta por la defensa. La Audiencia Provincial de Málaga, en su sección con sede en Melilla, había impuesto inicialmente 23 años de prisión por dos agresiones sexuales y un delito de lesiones, además de otras obligaciones y penas accesorias. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revisó después esa resolución y, en una sentencia dictada el 21 de noviembre de 2025, absolvió al acusado del delito de lesiones.
El TSJA mantuvo, sin embargo, la responsabilidad por las dos agresiones sexuales y fijó nueve años de prisión por cada una. El Supremo no ha apreciado motivos para modificar ese pronunciamiento. Al desestimar el recurso, también ha impuesto al condenado las costas del procedimiento ante el alto tribunal, de modo que la pena de 18 años queda confirmada en sus términos esenciales.
La confianza como vía de acceso a la víctima
Según los hechos probados, el acusado mantenía una relación estrecha con la menor, que era hija de una persona conocida. La confianza se habría consolidado a través de la amistad entre los hijos del condenado y la niña. Ese vínculo permitió que la menor acudiera a su domicilio y aceptara invitaciones relacionadas con actividades familiares, circunstancias que el hombre utilizó para situarse a solas con ella.
En el primer episodio, el acusado invitó a la niña a pasar la noche en su vivienda como preparación para un viaje a Noruega que tenía previsto hacer con sus hijos y al que también la había invitado. Cuando la menor ya estaba acostada, regresó a la habitación y la agredió sexualmente, de acuerdo con la sentencia.
El segundo episodio se produjo casi tres años después. La menor acudió de nuevo al domicilio del hombre y, tras manifestar que tenía dolor de cabeza, aceptó que le ofreciera un masaje. La resolución sostiene que el acusado aprovechó esa situación para volver a agredirla sexualmente. La diferencia de edad, la relación previa y el espacio de confianza descrito por los tribunales forman parte del contexto valorado para establecer la responsabilidad penal.
Las secuelas no terminaron con los hechos
La sentencia recoge que, después del último episodio, la víctima experimentó cambios relevantes en su comportamiento. Presentó irritabilidad, desconfianza y temor a encontrarse con personas vinculadas al entorno del condenado. También necesitó atención psicológica y psiquiátrica por las secuelas derivadas de las agresiones.
Estos efectos explican que la respuesta judicial no se limite al tiempo de prisión. La condena incluye la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, de su lugar de trabajo o de cualquier otro sitio que frecuente. También se le prohíbe comunicarse con ella durante veinte años.
El tribunal impuso además una inhabilitación especial de treinta años para ejercer profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto regular y directo con menores. A ello se suman otras penas accesorias y una medida de libertad vigilada. En el ámbito económico, la resolución inicial estableció una indemnización de 10.890 euros por las lesiones y de 40.000 euros por los daños morales sufridos por la víctima.
Más allá de los 18 años de prisión
La relevancia del fallo no reside únicamente en la duración de la pena. La secuencia procesal muestra cómo una condena puede ser revisada en distintas instancias sin que la modificación de una parte de los hechos implique la desaparición de la responsabilidad principal. El delito de lesiones fue descartado por el TSJA, pero ese cambio no alteró la valoración de las dos agresiones sexuales, que el Supremo considera suficientemente acreditadas para mantener la condena.
El caso también pone de relieve el peso jurídico de las relaciones de confianza cuando la víctima es menor. El acceso al entorno familiar o cercano no reduce la gravedad de los hechos; puede convertirse, precisamente, en el mecanismo que facilite la agresión y dificulte que la menor identifique o comunique lo ocurrido. Por eso, las medidas de alejamiento, la prohibición de contacto y la inhabilitación para trabajar con menores prolongan la protección más allá del cumplimiento de la pena de prisión.
Con la resolución del Tribunal Supremo, el proceso queda cerrado en la jurisdicción ordinaria. La condena definitiva mantiene la pena de 18 años por las dos agresiones sexuales y las medidas destinadas a evitar nuevos contactos con la víctima, mientras las indemnizaciones reconocen tanto el daño físico acreditado como las consecuencias morales y psicológicas descritas en las resoluciones judiciales.
