El programa oficialista Razones de Cuba afirmó que los hombres que desembarcaron en Villa Clara el pasado 25 de febrero pretendían tomar unidades militares en Varadero y Santa Marta, repartir armas entre la población e iniciar una rebelión contra el Gobierno cubano. El reportaje, emitido este lunes, relacionó además la operación con el caso de Ardenys García Álvarez y sostuvo que el grupo organizado desde Florida buscaba provocar una intervención militar estadounidense. Los cinco supervivientes enfrentan cargos de terrorismo, tenencia de armas y delitos contra la navegación marítima, sanciones que pueden llegar a 30 años de prisión, cadena perpetua o pena de muerte.
La versión oficial no aporta, sin embargo, pruebas independientes que permitan verificar las declaraciones de los acusados ni la interpretación política presentada por el programa. La investigación continúa abierta y el Ministerio del Interior mantiene, según el reportaje, la alerta máxima ante nuevos intentos de infiltración o desestabilización violenta.
Un objetivo militar y político
Uno de los detenidos, Duniel Hernández Santos, declaró ante las cámaras que el plan consistía en entrar simultáneamente en la unidad de Guardafronteras de Varadero y en una unidad policial de Santa Marta, localidades separadas por algo más de dos kilómetros. Según su relato, los participantes querían entregar armas a civiles e incitar un levantamiento. El programa presentó la operación como un intento de “liberar a Cuba”, aunque las declaraciones difundidas no permiten establecer por sí solas hasta qué punto existía una estructura operativa capaz de alcanzar esos objetivos.
La revelación modifica el énfasis de la narrativa oficial sobre el caso. La incursión ya no es descrita únicamente como una entrada armada por vía marítima, sino como parte de un proyecto con una finalidad territorial: ocupar instalaciones del Estado, controlar un área y generar protestas. Leordán Enrique Cruz Gómez, otro de los acusados, resumió esa idea al afirmar que la intención era “poder controlar un área y que el pueblo saliera a protestar”.
El reportaje también presentó un audio atribuido a Cruz Gómez, grabado antes de los hechos, en el que decía haber contactado a García Álvarez para recomendarle que colaborara con las autoridades cubanas. Esa afirmación resulta relevante para la reconstrucción oficial del caso, porque vincula a dos expedientes que hasta ahora habían sido presentados de manera separada: la operación marítima de 2026 y el intento de entrada de García Álvarez en 2024 a bordo de una moto acuática con varias pistolas.
La conexión con otros acusados
Las autoridades cubanas sostienen que García Álvarez fue captado por Cruz Gómez para participar en un supuesto “plan terrorista contra Cuba, organizado y financiado desde los Estados Unidos”. García Álvarez permanece preso y ha sido acusado de terrorismo. En un programa anterior se autoinculpó de su incursión y afirmó haber pertenecido a La Nueva Nación Cubana en Armas, además de reconocer su participación en el ataque contra el archivo del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana en agosto de 2022.
El caso también fue relacionado con Amijail Sánchez González, incluido junto con Cruz Gómez en la lista de terroristas elaborada por el régimen cubano. En una entrevista concedida en Estados Unidos al periodista Ryan Grim, para Drop Site News, Sánchez González mantuvo una postura desafiante y dijo que preferiría pudrirse en prisión antes que permitir la entrada de petróleo en Cuba. La difusión de estas declaraciones forma parte del esfuerzo oficial por presentar a los detenidos como integrantes de una red opositora armada, aunque el reportaje no expone documentación completa sobre su organización, financiación o cadena de mando.
La emisión mencionó asimismo a Maritza Lugo Fernández, exiliada en Estados Unidos, como facilitadora de una finca utilizada para entrenamientos. Cristian Ernesto Acosta Guevara, uno de los procesados, afirmó que allí conoció a varios de los participantes y vio a Cruz Gómez vestido con uniforme militar, casco y chaleco antibalas. Según su testimonio, en el lugar había un fusil AKM y numerosas pistolas. Lugo rechazó en un fragmento televisivo las acusaciones de terrorismo y reivindicó sus actividades contra el Gobierno cubano.
La operación del 25 de febrero
De acuerdo con la reconstrucción difundida por Razones de Cuba, diez personas organizadas desde Florida intentaron llegar a la Isla a bordo de dos embarcaciones. Una de ellas se averió y todos tuvieron que continuar en la otra, descrita como robada en Estados Unidos. Un guardafronteras la detectó durante la madrugada del 25 de febrero en aguas de Villa Clara, a 3,7 millas al oeste de Bahía de Cádiz, en el municipio de Corralillo.
La versión oficial asegura que el grupo transportaba once armas largas, 15 pistolas, cócteles molotov, artefactos explosivos improvisados, radios de comunicación, teléfonos satelitales y una estación de internet Starlink. Durante el intercambio de disparos murieron cuatro personas y resultó herido un oficial cubano. Un quinto activista falleció posteriormente en un hospital de la Isla. Los supervivientes fueron encarcelados y ahora afrontan un proceso judicial cuyos detalles, incluidos los elementos probatorios y el calendario de las vistas, no han sido divulgados por completo.
El saldo mortal y la naturaleza de las armas convierten el episodio en uno de los enfrentamientos armados más graves vinculados a grupos opositores en los últimos años. Al mismo tiempo, la ausencia de fuentes independientes sobre el operativo, las condiciones de las confesiones y el acceso de los acusados a una defensa pública obliga a distinguir entre los hechos confirmados por las autoridades y las conclusiones políticas que estas extraen de ellos.
Una advertencia dirigida también a Washington
El reportaje dedicó una parte sustancial de su mensaje a acusar a Estados Unidos de permitir que personas consideradas terroristas por La Habana se entrenaran y reunieran armas en su territorio. El oficialismo presentó esa supuesta falta de actuación como evidencia de tolerancia o complicidad, y amplió la acusación al señalar que la autodeportación podría estar siendo utilizada para introducir en Cuba y Venezuela a personas con fines desestabilizadores.
La denuncia cumple una doble función. En el plano interno, justifica el refuerzo de la vigilancia y la advertencia de que no se tolerarán acciones violentas contra el Gobierno. En el plano externo, busca trasladar parte de la responsabilidad política a Washington y convertir un proceso penal cubano en un episodio dentro del conflicto bilateral. La causa sigue abierta, y el programa aseguró que las autoridades estadounidenses conocen los detalles de la investigación porque La Habana les entregó los elementos reunidos durante el proceso.
