La posibilidad de que Colombia adopte un sistema de voto electrónico similar al utilizado en Brasil enfrenta un obstáculo que va más allá de la tecnología: ambos países tienen formas distintas de organizar, verificar y legitimar sus elecciones. El registrador nacional, Hernán Penagos, sostuvo que trasladar directamente el modelo brasileño no sería sencillo porque en Colombia el proceso electoral conserva instancias de conteo y comprobación pública que no existen de la misma manera en el país vecino.
Dos modelos con reglas de validación diferentes
Penagos formuló sus declaraciones durante la misión de observación electoral en Brasil que encabeza como representante de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE. Su participación busca conocer el funcionamiento del sistema brasileño y las características de una votación que depende ampliamente de dispositivos electrónicos y de la consolidación informática de los resultados.
Según explicó el registrador, en Brasil no se realiza el conteo tradicional de votos en cada mesa ni un escrutinio equivalente al que se desarrolla en Colombia. Una vez termina la jornada, el Tribunal Supremo Electoral brasileño declara los resultados que han sido contabilizados por el sistema informático. Esa estructura concentra buena parte de la operación en la plataforma tecnológica y en la autoridad electoral encargada de administrar y certificar el proceso.
Colombia, en cambio, mantiene una cadena de procedimientos visibles para los testigos, los partidos y los ciudadanos. El conteo en las mesas y la revisión de las actas forman parte de la manera en que se controlan los resultados y se atienden las controversias. Por eso, la discusión sobre el voto electrónico no puede reducirse a reemplazar las papeletas por una pantalla: también exigiría definir cómo se preservan las garantías que actualmente dependen de documentos, controles humanos y verificaciones sucesivas.
La transparencia como punto de fricción
La frase de Penagos sobre la “fotografía del acta electoral” resume una expectativa concreta del sistema colombiano. Los participantes suelen reclamar evidencias físicas o visuales que permitan contrastar lo ocurrido en cada mesa con las cifras posteriormente consolidadas. Esa posibilidad de cotejo cumple una función política y jurídica: ofrece un referente verificable frente a errores, reclamaciones o sospechas sobre la transmisión de resultados.
En un esquema electrónico, la confianza tendría que apoyarse en otros mecanismos. No bastaría con que el software contabilizara los votos con rapidez. Sería necesario demostrar que los dispositivos funcionan de forma uniforme, que el código y los protocolos pueden ser auditados, que los resultados no son alterados durante la transmisión y que existen respaldos independientes para resolver una eventual disputa. Cada una de esas condiciones implica decisiones legales, técnicas y operativas que no se resuelven con la compra de equipos.
La diferencia es especialmente relevante porque la velocidad y la transparencia no siempre se obtienen mediante el mismo procedimiento. Un sistema centralizado puede entregar resultados con mayor rapidez, pero también concentra la responsabilidad en menos componentes institucionales. Un modelo con actas y conteos en mesa puede ser más lento y estar expuesto a errores humanos, aunque ofrece puntos de observación distribuidos y documentos que sirven para reconstruir el proceso.
Una reforma que tendría que ser institucional
La experiencia brasileña puede aportar elementos para modernizar la organización electoral colombiana, pero no constituye una plantilla que pueda copiarse sin modificaciones. La primera tarea sería establecer qué nivel de trazabilidad exige la legislación colombiana y qué evidencias deben conservarse para que los partidos, los testigos y las autoridades puedan auditar una elección.
También habría que resolver la relación entre el resultado electrónico y cualquier respaldo adicional. Una alternativa podría combinar dispositivos de votación con comprobantes verificables, auditorías previas y posteriores, pruebas públicas de seguridad y procedimientos claros para el recuento en caso de controversia. Sin embargo, cada mecanismo añadido puede aumentar la complejidad logística, el costo de operación y las necesidades de capacitación en miles de puestos de votación.
La discusión incluiría además la brecha tecnológica del país. Un sistema nacional debe funcionar en zonas urbanas y rurales, en lugares con conectividad limitada y en contextos donde el acceso a soporte técnico puede ser más difícil. La autonomía de los equipos, la protección frente a fallas eléctricas, la custodia del material electoral y la capacitación de jurados serían factores determinantes para evitar que la modernización produzca nuevas desigualdades entre regiones.
El debate que dejan las declaraciones
Las palabras del registrador no descartan la innovación tecnológica, pero advierten que el desafío colombiano está en preservar la confianza pública mientras se modifica el método de votación. Brasil demuestra que es posible organizar elecciones con un alto componente electrónico; Colombia tendría que decidir qué controles propios considera irrenunciables y cómo traducirlos a un entorno digital.
El debate, por tanto, no debería plantearse únicamente en términos de rapidez o de reducción del uso de papel. La pregunta central es qué sistema permite contar los votos de manera confiable y, al mismo tiempo, explicar el resultado ante quienes compiten, observan o cuestionan la elección. Mientras esa respuesta no esté respaldada por reglas, auditorías y evidencias comprensibles, la adopción del modelo brasileño seguiría siendo una transformación institucional de gran alcance, y no una simple actualización tecnológica.
