Las redes sociales se han convertido en la puerta de entrada a una cadena de reclutamiento criminal que termina con jóvenes desaparecidos en México. Una investigación de Quinto Elemento Lab y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística documentó el mecanismo en la terminal de autobuses de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, donde operan el Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos rivales.
Una oferta que termina en espera
El contacto suele comenzar con un “me gusta” en Facebook, TikTok o Instagram y continúa en WhatsApp o Telegram. Los anuncios ofrecen empleos de seguridad privada con salarios de entre 10 mil y 15 mil pesos semanales. Las víctimas llegan a la terminal con instrucciones para abordar un autobús, pero quedan expuestas cuando el reclutador no aparece, el boleto prometido nunca llega o el teléfono se queda sin batería.
El Gobierno municipal reportó 94 personas localizadas en un año y medio, 51 de ellas menores de edad. Sin embargo, el investigador Víctor Manuel González identificó 69 casos cuya última ubicación conocida fue la terminal; 33 personas continúan sin ser localizadas. La diferencia entre ambas cifras refleja la dificultad de dimensionar un fenómeno que cambia de método en cuanto las autoridades detectan el patrón.
Una respuesta legal aún incompleta
El caso de Merari Noemí García Mejía, desaparecida en 2024 tras aceptar un empleo anunciado en Facebook, quedó vinculado a objetos encontrados en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán. El hallazgo de prendas, casi 200 pares de zapatos y pertenencias personales reforzó las denuncias sobre entrenamiento forzado y violencia contra jóvenes captados mediante engaños.
El Colegio de México detectó en TikTok cuentas que utilizan música, emojis y hashtags para atraer adolescentes. Entre febrero de 2025 y agosto de 2026, Jalisco atendió 20 denuncias por posible reclutamiento forzado o trata; en cinco, las plataformas fueron el primer contacto. Aunque Jalisco, Zacatecas e Hidalgo cuentan con leyes locales, México aún no tipifica el reclutamiento forzado como delito federal. Esa laguna limita las investigaciones y deja a las plataformas sin una obligación nacional clara para prevenir, detectar y retirar con rapidez el contenido utilizado por los grupos criminales.
