El gasto militar mundial alcanzó el año pasado la cifra récord de 2,9 billones de dólares, pero el aumento de los recursos destinados a la defensa no se ha traducido en un entorno más seguro. Karim Haggag, director del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri), advirtió este jueves en Barcelona de que la carrera armamentística, especialmente intensa en Europa, puede elevar los riesgos si las capacidades militares no se acompañan de mecanismos eficaces para resolver conflictos y reducir la confrontación.
La advertencia llega en un momento de profunda inestabilidad internacional. La guerra de Ucrania ha impulsado el gasto de los países europeos, mientras crece la percepción de que Estados Unidos ya no constituye un aliado plenamente fiable. En ese contexto, los gobiernos han reforzado sus presupuestos de defensa como respuesta inmediata a la incertidumbre. Sin embargo, según Haggag, esa reacción puede alimentar una dinámica de inseguridad en la que cada actor interpreta el rearme de los demás como una amenaza y responde con nuevas inversiones militares.
Europa gasta más, pero no recupera la tranquilidad
Los datos del Sipri ilustran la magnitud del esfuerzo europeo. El gasto militar del continente aumentó un 14% el año pasado respecto a 2024. En conjunto, los 22 países europeos miembros de la OTAN desembolsaron 559.000 millones de dólares, una cantidad muy superior a los 190.000 millones gastados por Rusia. La diferencia presupuestaria, no obstante, no ha producido la sensación de seguridad que buscaban los gobiernos.
“Esa diferencia dramática de gasto” no ha garantizado la tranquilidad regional, sostuvo Haggag durante un encuentro organizado en Barcelona por el centro de análisis Cidob. Al contrario, la amenaza rusa parece más intensa que antes y la guerra híbrida ha dejado de ser una hipótesis reservada a los análisis estratégicos. Las operaciones de influencia, la presión política, los ciberataques y otras formas de confrontación por debajo del umbral de una guerra abierta han ampliado el campo de batalla y dificultado la respuesta de las instituciones tradicionales.
El contraste entre inversión y seguridad cuestiona una premisa que ha dominado buena parte del debate político europeo: que una mayor capacidad militar genera automáticamente disuasión y estabilidad. El gasto puede mejorar la preparación de las fuerzas armadas, renovar equipos o reforzar las fronteras, pero no elimina las causas de los conflictos ni garantiza que los adversarios interpreten esas medidas como defensivas. En determinadas circunstancias, el rearme puede intensificar la desconfianza y reducir el margen para la diplomacia.
La defensa no se mide solo en armas
Para el director del Sipri, reducir la defensa y la disuasión a una cuestión de capacidades militares conduce a un diagnóstico incompleto. “El rearme trae más riesgos”, afirmó, aunque reconoció que los medios militares siguen siendo relevantes. La seguridad, añadió, depende también de la resolución de los conflictos y de una perspectiva más amplia para gestionar las relaciones de confrontación.
Esta visión no plantea abandonar la defensa, sino situarla dentro de una estrategia más extensa. La protección de un país depende de su capacidad para responder a una agresión, pero también de la existencia de canales de comunicación, acuerdos de control de armamentos, instituciones multilaterales y políticas que reduzcan los incentivos para escalar una crisis. Cuando esos elementos se debilitan, el aumento del gasto militar puede ofrecer una respuesta visible y políticamente inmediata, pero no necesariamente una solución duradera.
La experiencia europea muestra esa tensión. Los gobiernos deben prepararse ante riesgos concretos y responder a la guerra de Ucrania, pero cada decisión de rearme tiene efectos sobre el cálculo de Rusia y sobre la coordinación entre los propios aliados. La seguridad colectiva requiere, por tanto, que el incremento presupuestario se vincule a objetivos claros: qué amenazas pretende contener, qué riesgos puede generar y qué instrumentos diplomáticos deben acompañarlo.
El retroceso del multilateralismo
Haggag situó el problema en un marco institucional más amplio. Las organizaciones que durante décadas ofrecieron espacios para construir soluciones a largo plazo están perdiendo influencia en un sistema internacional dominado por relaciones transaccionales y por la búsqueda de victorias rápidas. Esa transformación dificulta la adopción de políticas “holísticas”, porque los gobiernos tienden a valorar más los resultados inmediatos que los mecanismos lentos de negociación y prevención.
El debilitamiento de esas instituciones tiene una consecuencia directa: reduce los lugares donde las potencias pueden gestionar sus desacuerdos antes de que se conviertan en crisis. También hace más difícil establecer reglas compartidas sobre tecnologías militares, operaciones híbridas o límites a la competencia armamentística. Sin marcos de confianza, incluso las medidas presentadas como defensivas pueden ser interpretadas como preparativos ofensivos.
Una discusión que los gobiernos deben afrontar
Ante esta situación, el director del Sipri reclamó un cambio de narrativa basado en datos. A su juicio, es necesario cuestionar la idea de que los medios militares conducen por sí mismos a la paz y también el supuesto de que las restricciones a la industria bélica impiden alcanzarla. La cuestión central no es elegir entre seguridad y control de armamentos, sino evaluar cómo combinar ambos objetivos sin aumentar la vulnerabilidad colectiva.
Haggag pidió que los responsables políticos respondan a preguntas que suelen quedar relegadas: qué medidas están adoptando para evitar los riesgos asociados al rearme, cómo impedirán que la competencia militar se convierta en una espiral y qué mecanismos utilizarán para resolver los conflictos que las armas no pueden cerrar. El récord de gasto, por sí solo, no ofrece esas respuestas. La advertencia del Sipri apunta precisamente a esa brecha entre invertir más en defensa y construir una seguridad capaz de resistir la incertidumbre internacional.
