La formación del nuevo Gobierno de Marruecos, presidido por Fatima Ezzahra El Mansouri con el respaldo del rey Mohamed VI, no representa una ruptura con la línea exterior de Rabat. El dato más significativo no es solo el relevo en la jefatura del Ejecutivo, sino la continuidad de los ministros que concentran las áreas decisivas para la política territorial, religiosa, judicial y diplomática del país. Abdellatif Ouahbi permanece al frente de Justicia; Ahmed Toufiq conserva Asuntos Islámicos; y Naser Bourita continúa como ministro de Exteriores. Interior, Defensa y otros departamentos estratégicos también quedan en manos de figuras vinculadas a la orientación anterior.
El cambio tiene, por tanto, una doble lectura. De los 31 ministros nombrados, 13 proceden del gabinete de Aziz Akhannouch y 18 son nuevas incorporaciones. La renovación afecta a una parte mayoritaria del Consejo de Gobierno, pero no altera el núcleo que define las prioridades del Estado marroquí. El ascenso de El Mansouri, que ya era ministra de Urbanismo y Vivienda, confirma además una fórmula habitual en el sistema político marroquí: promover perfiles con experiencia administrativa sin desplazar a los responsables de las grandes decisiones estratégicas.
La continuidad pesa más que la renovación
La permanencia de Bourita es especialmente relevante. Nombrado en 2017, el jefe de la diplomacia marroquí ha convertido la cuestión del Sáhara Occidental en el eje de una política exterior basada en alianzas selectivas, acuerdos económicos y reconocimiento internacional. Marruecos ha buscado que la posición de cada socio sobre el Sáhara deje de ser un asunto separado de la relación bilateral y pase a funcionar como una condición de confianza política.
El resultado ha sido una red diplomática más favorable a Rabat que la existente hace una década. Estados Unidos reconoció en 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, dentro del contexto del restablecimiento de relaciones entre Marruecos e Israel. España modificó en 2022 su posición y pasó a considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto, una decisión que generó críticas internas y tensiones con Argelia. La Unión Europea, por su parte, ha mantenido una relación estrecha con Rabat en comercio, migración y seguridad, aunque los acuerdos vinculados al Sáhara siguen sometidos a controversias jurídicas y políticas.
La continuidad de Bourita no implica que todos los países compartan la interpretación marroquí, pero sí indica que el Gobierno no pretende reabrir su estrategia. La diplomacia del Sáhara continuará funcionando como el principal instrumento para medir la utilidad de cada alianza. Ceuta y Melilla quedan insertadas en ese marco más amplio: no constituyen necesariamente el asunto prioritario de la agenda diaria, pero sí forman parte del repertorio territorial que Rabat mantiene disponible para elevar la presión cuando lo considere oportuno.
Ceuta y Melilla: de la reivindicación histórica a la presión política
Las declaraciones recientes de Ouahbi muestran cómo se articula esa presión. En una entrevista televisiva del 21 de agosto, el ministro presentó Ceuta y Melilla como un “derecho histórico y geográfico” de Marruecos y reclamó un canal específico de diálogo con España para discutir su futuro. Días antes, el 12 de agosto, había afirmado que el asunto seguía “sobre la mesa” y que se trataba cada vez que representantes marroquíes y españoles se reunían.
El lenguaje utilizado por Toufiq es diferente, pero su efecto político converge con el de Ouahbi. Durante la celebración del Mawlid, bajo la presidencia de Mohamed VI, el ministro de Habices aludió a una “lucha sagrada” para recuperar las “ciudades ocupadas” del Atlántico. La referencia religiosa introduce una capa adicional de legitimidad dentro de Marruecos. No se trata únicamente de una reclamación territorial formulada en términos diplomáticos, sino de una cuestión vinculada a la memoria histórica, la identidad nacional y el papel del monarca como garante religioso.
El primer punto que suele perderse en el debate es la diferencia entre retórica y capacidad operativa. Que dos ministros defiendan públicamente la recuperación de Ceuta y Melilla no equivale a la existencia de un calendario militar o de una decisión inmediata de alterar el statu quo. Sin embargo, la retórica tampoco es inocua. Al convertir la reivindicación en una posición reiterada desde carteras de Justicia y Asuntos Islámicos, el Gobierno amplía el coste político de cualquier futura moderación. Cada declaración crea expectativas entre la opinión pública marroquí y reduce el margen de maniobra de quienes pretendan rebajar el tono.
La segunda observación es que Rabat parece preferir una presión graduada. Las crisis de la frontera de Ceuta en 2021, las restricciones comerciales en los pasos terrestres y los episodios de tensión diplomática demostraron que Marruecos dispone de instrumentos no militares con un impacto inmediato sobre España. El control de los flujos migratorios, la cooperación policial, la gestión aduanera y el comercio transfronterizo pueden generar efectos políticos sin que se produzca una confrontación abierta.
El coste se reparte de forma desigual a ambos lados del Estrecho
Para Ceuta y Melilla, la continuidad del discurso territorial tiene consecuencias económicas y sociales concretas. Ambas ciudades dependen de una combinación frágil de empleo público, actividad comercial, servicios, tránsito fronterizo y apoyo financiero estatal. Cualquier interrupción prolongada de los pasos, una reducción del comercio o un aumento de la incertidumbre afecta con rapidez a pequeñas empresas, transportistas, trabajadores fronterizos y familias que mantienen vínculos a ambos lados.
La población local soporta además una paradoja estratégica. España considera las dos ciudades parte de su territorio y de su sistema de seguridad, mientras que Marruecos sostiene una reclamación de soberanía que no reconoce la integración española. Los habitantes quedan expuestos a decisiones tomadas en capitales nacionales y a una narrativa en la que su vida cotidiana puede ser utilizada como símbolo de una disputa histórica.
El impacto también alcanza a Canarias. La inclusión de las islas en el imaginario del “Gran Marruecos”, junto con Mauritania, el Sáhara Occidental, el islote de Perejil y zonas de Mali, no equivale por sí misma a una amenaza inmediata. Pero amplía el perímetro de la preocupación española y obliga a considerar el Atlántico como un espacio conectado. La seguridad marítima, la pesca, las rutas energéticas, los cables submarinos, la vigilancia aérea y la cooperación con países africanos adquieren una importancia creciente en este escenario.
Para las empresas españolas, la relación con Marruecos presenta una tensión similar. Marruecos es un mercado relevante, una plataforma industrial y un socio imprescindible en sectores como automoción, agroalimentación, logística, energías renovables y servicios. Una política de confrontación permanente tendría costes para ambos países, pero serían distintos según el sector. Las grandes compañías pueden diversificar proveedores y rutas; las pequeñas empresas fronterizas tienen muchas menos alternativas. La dependencia económica, por ello, funciona en dos direcciones, aunque no con la misma intensidad para todos los actores.
La estrategia marroquí combina negociación, identidad y hechos consumados
La tercera conclusión que se desprende de la composición del Gobierno es que Marruecos no está separando sus expedientes territoriales: los está ordenando dentro de una misma arquitectura política. El Sáhara Occidental ocupa el primer nivel de prioridad porque condiciona sus relaciones con grandes potencias y vecinos regionales. Ceuta, Melilla y las denominadas “islas ocupadas” operan como un segundo nivel, útil para mantener viva la cuestión nacional y recordar a España que la cooperación bilateral no elimina las diferencias de soberanía.
Esta jerarquía explica por qué Rabat puede combinar cooperación intensa con afirmaciones territoriales contundentes. La colaboración en migración o seguridad no obliga a abandonar las reivindicaciones históricas; al contrario, puede proporcionar capacidad de negociación adicional. Cuando un país controla una parte importante de una agenda compartida, puede utilizar la continuidad o la interrupción de la cooperación para obtener concesiones políticas. No es necesario que la amenaza se formule de manera explícita para que el interlocutor calcule sus efectos.
La política marroquí tampoco se limita a la diplomacia formal. El desarrollo de infraestructuras en el norte, la modernización de puertos, la ampliación de capacidades militares y la consolidación de vínculos con Estados Unidos e Israel fortalecen la posición negociadora de Rabat. Cada inversión tiene una finalidad económica o de seguridad propia, pero el conjunto modifica el equilibrio regional. La acumulación de capacidades puede ser más importante que una declaración concreta, porque transforma gradualmente aquello que los demás países consideran posible y aceptable.
Desde la perspectiva española, el error sería responder a cada declaración como si anunciara una crisis inminente o, en el extremo contrario, tratarla como simple propaganda sin efectos. La gestión eficaz requiere distinguir tres planos: la defensa jurídica de la soberanía, la prevención de incidentes y la preservación de los canales de cooperación. Mezclarlos produce respuestas contradictorias: una escalada verbal puede satisfacer a la opinión pública durante unos días, pero perjudicar la coordinación en migración o seguridad; una excesiva discreción puede ser interpretada como falta de determinación.
Las posiciones enfrentadas dentro y fuera de Marruecos
El Gobierno marroquí tiene incentivos claros para mantener la cuestión territorial en el debate público. Las reivindicaciones sobre Ceuta, Melilla y el Sáhara contribuyen a reforzar la cohesión nacional y a presentar a la monarquía como defensora de la integridad territorial. Para los ministros que las expresan, además, la dureza verbal puede consolidar autoridad interna, especialmente cuando existen presiones económicas, sociales o partidistas.
La sociedad marroquí, sin embargo, no constituye un bloque uniforme. Hay sectores que consideran prioritario resolver el desempleo, reducir las desigualdades regionales y mejorar los servicios públicos antes que abrir nuevos frentes territoriales. Otros apoyan la reivindicación, pero prefieren una vía gradual basada en la diplomacia, la integración económica y la presión internacional. La persistencia de un discurso maximalista puede unir a parte del electorado, aunque también puede elevar las expectativas por encima de lo que el Estado está dispuesto o capacitado para hacer.
En España, los partidos políticos interpretan el asunto desde posiciones distintas. Algunos reclaman una respuesta firme y una mayor presencia militar y diplomática en las ciudades autónomas. Otros advierten de que convertir cada declaración en una crisis puede debilitar la relación bilateral y perjudicar a los ciudadanos que dependen del comercio y de la movilidad transfronteriza. Las autoridades de Ceuta y Melilla suelen pedir garantías concretas, inversiones y previsibilidad, porque son quienes afrontan de manera inmediata las consecuencias de los cierres o restricciones.
También existe una dimensión europea. La Unión Europea necesita a Marruecos para gestionar flujos migratorios y combatir redes criminales, pero no puede ignorar que una disputa bilateral sobre territorios reconocidos por España afecta a la seguridad de una frontera exterior europea. La falta de una posición común deja a Madrid con una responsabilidad desproporcionada y ofrece a Rabat la posibilidad de negociar con cada capital según sus intereses.
Qué puede ocurrir a partir de ahora
El escenario más probable no es una acción militar directa, sino una sucesión de episodios de presión controlada: declaraciones de ministros, campañas diplomáticas, gestos simbólicos, disputas comerciales, ajustes en la cooperación fronteriza y negociaciones discretas. Esa dinámica permite a Marruecos conservar capacidad de influencia sin asumir el coste de una ruptura completa con España o con la Unión Europea.
Un segundo escenario sería la institucionalización de la reclamación mediante debates parlamentarios, actos religiosos, resoluciones partidistas o nuevas referencias oficiales a las ciudades autónomas. La consecuencia no sería un cambio inmediato de soberanía, pero sí una normalización de la reivindicación y un endurecimiento del lenguaje público. A medio plazo, ese proceso puede dificultar cualquier acuerdo bilateral que necesite confianza política.
El riesgo más serio reside en los incidentes no planificados. Una concentración masiva en la frontera, un naufragio, una operación policial mal interpretada, una incursión marítima o una campaña de desinformación podría activar presiones internas en ambos países. Cuando la soberanía y la identidad están implicadas, los gobiernos disponen de menos espacio para corregir una escalada sin parecer débiles.
España necesitará reforzar la resiliencia económica y administrativa de Ceuta y Melilla, diversificar sus conexiones comerciales y mantener una comunicación diplomática constante. También tendrá que vincular la cooperación con Marruecos a reglas previsibles, sin convertir cada mecanismo bilateral en una negociación sobre soberanía. Marruecos, por su parte, deberá valorar que una presión excesiva puede acelerar la coordinación europea y reducir la confianza de inversores y socios.
La composición del nuevo Gobierno sugiere que Rabat ha elegido continuidad estratégica con renovación administrativa. La presencia de Ouahbi, Toufiq y Bourita indica que la defensa del Sáhara seguirá siendo el centro de la política exterior y que Ceuta y Melilla continuarán formando parte de una agenda territorial más amplia. La cuestión decisiva no será si Marruecos abandona sus reclamaciones, algo que no parece próximo, sino hasta dónde las llevará, con qué instrumentos y qué respuesta ofrecerán España y sus socios para evitar que la presión gradual termine convirtiéndose en una crisis abierta.
