La caída de Abiy Ahmed resume una de las paradojas más incómodas del Premio Nobel de la Paz: el reconocimiento puede premiar una transformación real, pero también convertirse en una apuesta anticipada sobre el futuro de un dirigente. En poco más de dos años, el primer ministro etíope pasó de símbolo de una nueva África reformista a gobernante señalado por la guerra de Tigray, la represión política y las acusaciones de limpieza étnica. Su caso no solo cuestiona su trayectoria, sino también los criterios con los que se concede uno de los galardones internacionales de mayor autoridad moral.
De la paz con Eritrea a la consagración internacional
El primer anclaje de esta historia está en 2018, cuando Abiy logró un acuerdo de paz con Eritrea que puso fin formalmente a uno de los conflictos más prolongados del continente. La apertura de la frontera y la recuperación de las relaciones bilaterales parecían confirmar que Etiopía había encontrado a un dirigente capaz de romper con décadas de autoritarismo y aislamiento. En 2019, el Comité Noruego del Nobel premió sus esfuerzos por la paz y la cooperación internacional.
La decisión reflejaba hechos concretos. Tras llegar al poder, Abiy liberó a cerca de 60.000 presos políticos, levantó la consideración de grupos opositores como organizaciones terroristas, permitió el regreso de exiliados y formó un Gobierno paritario, con la primera mujer en la Presidencia del país. También prometió democratizar la vida pública, atraer inversión extranjera y construir una identidad nacional que superara las divisiones étnicas.
Sin embargo, el premio fue también un instrumento de estímulo. El propio comité admitió que podía haberse concedido demasiado pronto, pero sostuvo que los esfuerzos del primer ministro necesitaban reconocimiento y aliento. Esa justificación contiene la principal vulnerabilidad del galardón: cuando se premia una dirección política antes de que sus resultados estén consolidados, el Nobel deja de ser únicamente una evaluación y se convierte en una intervención sobre el proceso.
El segundo mandato nace bajo el signo de la guerra
El segundo anclaje es el contraste entre la promesa electoral y la realidad institucional. Abiy juró un nuevo mandato de cinco años después de que su partido obtuviera 410 de los 436 escaños parlamentarios. Las elecciones, retrasadas por la pandemia y por la inseguridad, se celebraron en dos tandas y no pudieron desarrollarse en una parte significativa del país. Además, varios partidos y dirigentes opositores fueron detenidos o descalificados.
La concentración de poder coincidió con la guerra en Tigray, iniciada tras el choque entre el Gobierno federal y el Frente de Liberación Popular de Tigray. Miles de personas murieron, millones fueron desplazadas y cientos de miles quedaron expuestas al hambre. Naciones Unidas denunció impedimentos al paso de ayuda humanitaria, mientras se acumulaban acusaciones de abusos contra la población tigrina. La guerra transformó la imagen de un reformista conciliador en la de un líder dispuesto a utilizar la fuerza para imponer su proyecto de unidad nacional.
La secuencia importa. El conflicto no apareció después de una transición democrática consolidada, sino durante un proceso electoral aplazado y con las instituciones todavía en disputa. El Gobierno interpretó los comicios regionales organizados por las autoridades de Tigray como un desafío ilegítimo; el TPLF, por su parte, acusó a Abiy de querer desmantelar el federalismo y centralizar el Estado. La escalada militar fue, así, el resultado de una disputa constitucional, étnica y territorial que ninguna de las partes quiso resolver mediante un acuerdo político.
La unidad etíope frente a un país de 80 identidades
El tercer anclaje se encuentra en la contradicción central del proyecto de Abiy. Su concepto de “medemer”, basado en la convergencia y el trabajo conjunto, pretendía construir una Etiopía común por encima de las identidades locales. Pero el país reúne cerca de 80 grupos étnicos y diez estados federados, y la distribución del poder lleva décadas ligada a la pertenencia comunitaria. La unidad nacional no podía imponerse solo mediante discursos, reformas administrativas o una nueva narrativa de modernización.
El TPLF había dominado la coalición gobernante durante tres décadas, pese a representar a una minoría demográfica. El ascenso de Abiy, miembro de la etnia oromo, alteró ese equilibrio y desplazó a figuras tigrinas de posiciones decisivas. La reforma que debía democratizar el sistema fue percibida por sus antiguos beneficiarios como una centralización peligrosa. En ese contexto, la lucha contra los privilegios del pasado terminó mezclándose con la acumulación de nuevas competencias en torno al primer ministro.
El problema no se limita a Tigray. Antes de la guerra ya se habían denunciado protestas reprimidas con violencia, asesinatos extrajudiciales y detenciones de opositores. Estados Unidos impuso sanciones y presionó para congelar fondos de organismos financieros internacionales, justo cuando Etiopía necesitaba reestructurar su deuda y atraer capital. La imagen externa del reformista que abría el país quedó enfrentada a prácticas de seguridad propias de un sistema que aún no había abandonado sus reflejos autoritarios.
El dilema del Nobel: reconocer el impulso o esperar la prueba
El cuarto anclaje trasciende Etiopía. Abiy se suma a una lista de premiados cuya trayectoria posterior debilitó el sentido del reconocimiento: Aung San Suu Kyi por su posición ante la persecución de los rohingyas, Menachem Begin tras la invasión del Líbano, Mijaíl Gorbachov por la represión de las independencias bálticas o Henry Kissinger mientras continuaba la guerra de Vietnam. No todos los casos son equivalentes, pero comparten una dificultad: el premio fija una imagen moral antes de que la historia haya terminado de juzgarla.
La alternativa de retirar el galardón resulta políticamente llamativa, pero jurídicamente y simbólicamente compleja. El testamento de Alfred Nobel exige que los premiados estén vivos y vincula el reconocimiento con la paz alcanzada en el último año, aunque la interpretación del concepto se ha ampliado hasta incluir activistas y organizaciones humanitarias. De ahí que algunos críticos pidan esperar, incluso mediante premios póstumos, para valorar una vida completa y no una promesa en desarrollo.
La lección del caso etíope no es que todo dirigente reformista esté condenado a fracasar, sino que las transiciones frágiles necesitan controles, oposición legítima y tiempo. El Nobel puede respaldar una oportunidad, pero no sustituye a las instituciones capaces de limitar el poder. En 2019, Abiy simbolizaba la posibilidad de una Etiopía abierta; al comenzar su segundo mandato, el país debe decidir si aquella promesa se reconstruye mediante diálogo o si queda sepultada por la lógica de la guerra y la concentración de autoridad.
