La advertencia contenida en el Comunicado Oficial N.° 18-2026 del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) no describe únicamente un episodio de calentamiento del mar. Plantea un escenario de presión prolongada sobre la infraestructura, la agricultura, el abastecimiento de agua y la capacidad de respuesta de las autoridades peruanas. Según el organismo, El Niño costero podría alcanzar una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027 y mantenerse hasta el otoño de ese año, aunque con una intensidad progresivamente menor.
La diferencia entre un evento intenso y uno prolongado es decisiva. Una temporada de lluvias severas puede generar daños concentrados en pocas semanas; en cambio, varios meses de temperaturas elevadas, precipitaciones irregulares y crecidas fluviales obligan a las familias, empresas y gobiernos a administrar recursos durante un periodo más extenso. El problema deja de ser exclusivamente la emergencia inmediata y se convierte en una prueba de resistencia institucional y económica.
Un calentamiento que se desplaza entre regiones del Pacífico
El ENFEN identifica dos espacios oceánicos relevantes. En la región Niño 1+2, ubicada frente a las costas del Perú y Ecuador, las anomalías positivas de la temperatura superficial del mar seguirían aumentando hasta alcanzar una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027. Después, el calentamiento disminuiría a una categoría fuerte hacia el inicio del otoño de ese año. Esta zona tiene una relación especialmente estrecha con la evolución de las lluvias en la costa peruana.
En la región Niño 3.4, correspondiente al Pacífico central, las condiciones de El Niño se mantendrían en una magnitud muy fuerte hasta febrero de 2027 y luego perderían intensidad. La coexistencia de ambos focos de calentamiento complica la lectura de los pronósticos, porque sus efectos no se expresan de manera idéntica en todas las regiones del país. El litoral norte puede enfrentar lluvias intensas mientras otras zonas registran precipitaciones normales o deficitarias.
Esta distribución desigual impide tratar el fenómeno como una amenaza homogénea. La costa norte necesita prepararse para excesos de agua, desbordes y daños en caminos, puentes y cultivos. En la sierra sur, la Amazonía y determinadas áreas del centro y del sur, el riesgo puede estar asociado a la falta de lluvias y a una menor disponibilidad de agua. La gestión pública, por tanto, no puede basarse en una única respuesta nacional: debe trabajar con mapas de riesgo y decisiones diferenciadas por cuenca y territorio.
La experiencia peruana demuestra que los impactos dependen tanto de la intensidad climática como de las condiciones previas. Un río no desborda solo porque llueva más; también influyen la ocupación de quebradas, la acumulación de sedimentos, la ausencia de mantenimiento en drenes y la pérdida de zonas naturales de absorción. El mismo volumen de precipitación puede provocar consecuencias muy distintas en una ciudad con infraestructura operativa y en otra donde la expansión urbana ha avanzado sobre áreas expuestas.
Piura frente a una amenaza conocida, pero todavía difícil de contener
Piura aparece nuevamente en el centro de la preocupación por su vulnerabilidad ante las lluvias intensas. El ENFEN prevé precipitaciones superiores a lo normal durante el resto de 2026 en la costa norte y la sierra norte occidental, con eventos localizados de intensidad moderada a fuerte. Para el verano de 2027, el pronóstico mantiene un escenario húmedo en esas mismas zonas, lo que prolonga el periodo de vigilancia y reduce el margen para postergar decisiones.
Los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque podrían registrar caudales superiores a lo habitual desde noviembre. En el caso de Piura, esta previsión tiene un peso particular por los antecedentes de inundaciones que han afectado viviendas, vías de comunicación, redes de saneamiento y actividades productivas. La recurrencia de estos episodios revela que el riesgo no se origina solo en la naturaleza: se amplifica cuando las obras de protección resultan incompletas, los sistemas de drenaje pierden capacidad o la población se instala en zonas de desborde.
El reto más inmediato consiste en convertir el pronóstico en acciones verificables. No basta con emitir alertas generales. Las municipalidades y los gobiernos regionales necesitan identificar puntos críticos, limpiar cauces y drenes, verificar rutas de evacuación, asegurar maquinaria y actualizar los protocolos de comunicación. También deben definir quién toma decisiones cuando un puente queda comprometido, cuándo se suspenden actividades escolares o cómo se garantiza el traslado de pacientes y alimentos en comunidades aisladas.
La prevención suele perder prioridad cuando no existe una emergencia visible. Sin embargo, el pronóstico del ENFEN ofrece precisamente una ventana para actuar antes de que el agua alcance las zonas urbanas. Las inversiones en limpieza, vigilancia y mantenimiento pueden parecer menores frente al costo de reconstruir una carretera, rehabilitar una planta de tratamiento o reubicar temporalmente a cientos de familias. La dificultad política está en sostener ese gasto preventivo cuando compite con necesidades inmediatas y no produce resultados fácilmente visibles.
La agricultura entre el exceso de humedad y el calor persistente
El sector agrícola enfrentará un panorama complejo porque los efectos no serán uniformes. En el norte, las lluvias por encima de lo normal pueden favorecer la disponibilidad de agua en determinados cultivos, pero también generar anegamiento, erosión, pérdida de fertilidad y aparición de plagas. Un cultivo no se beneficia automáticamente de más precipitación: necesita que el agua llegue en el momento adecuado, que el suelo pueda drenarla y que las temperaturas no aceleren la proliferación de organismos dañinos.
Las temperaturas del aire muy superiores a los valores climáticos normales en toda la costa peruana añaden otra presión. El calor puede alterar los ciclos de floración y maduración, elevar la demanda de riego y afectar la calidad comercial de productos sensibles. Para los pequeños agricultores, que suelen contar con menor acceso a información técnica, seguros o crédito, una alteración del calendario agrícola puede traducirse en endeudamiento y pérdida de ingresos durante toda una campaña.
La respuesta requiere más que recomendaciones generales. Los productores necesitan pronósticos locales, asesoría sobre fechas de siembra, manejo de suelos, control fitosanitario y alternativas de almacenamiento. También resulta relevante que las juntas de usuarios y las autoridades de agua coordinen la distribución del recurso, porque el aumento de caudales en una etapa no garantiza disponibilidad durante los meses siguientes. El agua que no se almacena o infiltra de manera controlada puede convertirse en inundación y luego desaparecer rápidamente.
En las zonas de la sierra sur y la Amazonía donde se prevén lluvias normales o inferiores a lo habitual, el riesgo adopta otra forma. Un déficit prolongado puede reducir la producción, afectar pastos y presionar las reservas destinadas al consumo humano. La coexistencia de inundaciones en el norte y restricciones hídricas en otras regiones obliga a abandonar respuestas basadas en una sola imagen del fenómeno climático.
Agua, embalses y una vulnerabilidad que se mide más allá del 58 %
El ENFEN informó que los principales embalses del país se encuentran al 58 % de su capacidad hidráulica nacional, con una reducción acorde con la época del año. Ese dato no permite, por sí solo, determinar si el abastecimiento está garantizado. La seguridad hídrica depende de la distribución geográfica de las reservas, del estado de los sistemas de conducción, de la demanda urbana y agrícola y de la evolución de las lluvias durante los próximos meses.
La advertencia sobre posibles racionamientos en zonas de la sierra, el centro y el sur muestra la tensión entre dos riesgos aparentemente opuestos. Mientras el norte puede enfrentar exceso de agua, otras cuencas podrían recibir menos aportes y observar una reducción de sus reservas. La planificación debe considerar esta diferencia y priorizar el consumo humano, además de revisar la operación de embalses con información hidrológica actualizada.
Un racionamiento no afecta por igual a todos los hogares. Las familias con mayores ingresos pueden comprar agua o almacenar reservas, mientras que las comunidades periféricas dependen de redes intermitentes, camiones cisterna o fuentes de menor calidad. Por eso, cualquier medida de restricción debe incluir criterios de equidad, vigilancia sanitaria y comunicación transparente. La escasez hídrica puede convertirse rápidamente en un problema social si la distribución se percibe como desigual o imprevisible.
Pesca y economía costera: oportunidades limitadas por la alteración marina
El calentamiento del océano también modifica la actividad pesquera. La anchoveta se encuentra mayormente en fase juvenil, cerca de la costa y a mayor profundidad, una condición que puede afectar la localización, captura y sostenibilidad de una especie central para la industria peruana. La información biológica resulta fundamental para evitar decisiones basadas únicamente en la disponibilidad momentánea del recurso, especialmente cuando las condiciones ambientales cambian con rapidez.
Al mismo tiempo, el ENFEN prevé buena disponibilidad de bonito, pez sierra y samasa cerca de la costa centro y sur, así como de perico, barrilete, melva y atún de aleta amarilla a lo largo del litoral. Esta diversificación puede abrir oportunidades para la pesca artesanal y para determinados mercados, pero no elimina la incertidumbre. Las embarcaciones pequeñas requieren seguridad en el mar, información sobre zonas de pesca y capacidad de conservación para aprovechar cambios que pueden ser temporales.
El desafío consiste en que una posible abundancia de algunas especies no compense automáticamente la disminución o desplazamiento de otras. Los desembarcaderos, las plantas de procesamiento, las cadenas de frío y los precios también determinan quién se beneficia. La variabilidad climática puede favorecer a ciertos segmentos y dejar expuestos a quienes dependen de una sola especie o de una infraestructura insuficiente.
De la emergencia recurrente a una política de adaptación
La proyección hasta el otoño de 2027 obliga a pensar en ciclos de gestión más largos que los utilizados para responder a una lluvia puntual. Las autoridades deben vincular el monitoreo del ENFEN con presupuestos, cronogramas de obra y mecanismos de rendición de cuentas. Cada actualización del pronóstico debería traducirse en decisiones concretas: qué infraestructura se protege, qué población se prioriza, qué recursos están disponibles y qué indicadores activarían una evacuación o una restricción.
También es necesario revisar la lógica de reconstrucción posterior al desastre. Reparar una vía en el mismo punto y con las mismas características puede restablecer el tránsito, pero no necesariamente reduce el riesgo para la siguiente temporada. La inversión pública debería incorporar criterios de diseño adaptados a mayores caudales, drenajes funcionales, mantenimiento periódico y protección de áreas de amortiguamiento. Sin ese cambio, cada evento climático continuará consumiendo recursos que podrían destinarse a salud, educación o desarrollo productivo.
El próximo comunicado del ENFEN, previsto para el 30 de octubre de 2026, aportará nuevos elementos para ajustar las previsiones. La incertidumbre no significa que no se pueda actuar; significa que las decisiones deben ser flexibles, revisables y sustentadas en datos. En un país con contrastes climáticos tan marcados, prepararse para El Niño costero implica protegerse de las inundaciones en el norte, preservar el agua en las cuencas deficitarias, acompañar a los productores y fortalecer una cultura institucional que anticipe el riesgo en lugar de esperar a que el desastre confirme lo que ya estaba anunciado.
