Las protestas masivas que se extienden por la Unión Europea han convertido un malestar socioeconómico acumulado en una crisis política abierta. Francia concentra la expresión más violenta, con disturbios, ataques contra ayuntamientos y el saqueo de más de 3.000 comercios, pero el origen de la tensión es común: el encarecimiento de la vida, la vivienda inaccesible, el deterioro de los servicios públicos y la falta de expectativas para las nuevas generaciones.
Una respuesta europea insuficiente
La reacción de las instituciones comunitarias sigue lejos de la urgencia ciudadana. El Consejo Europeo de octubre apenas dedicó unos párrafos al aumento de los precios de los carburantes, el gas y la electricidad, sin aprobar nuevas medidas concretas. La prioridad quedó subordinada a una petición para que la Comisión estudie soluciones adicionales, una fórmula ya utilizada en la cumbre de marzo y que refuerza la percepción de parálisis.
El contraste presupuestario alimenta la indignación. La UE y sus Estados destinan decenas de miles de millones a Ucrania y al aumento del gasto militar, mientras la construcción de vivienda social continúa muy por debajo de las necesidades. En España faltan actualmente 750.000 viviendas y el déficit podría alcanzar el millón en 2028, según el Banco de España. La exigencia de ajustes fiscales, con excepciones para la defensa, limita además el margen para contener la energía o reforzar los servicios esenciales.
La ventaja de los extremos
La desconexión entre los gobiernos y las preocupaciones cotidianas está siendo aprovechada por la ultraderecha y la izquierda radical. Marine Le Pen aparece como favorita para la segunda vuelta presidencial francesa de 2027; Alternativa para Alemania alcanza el 30% en intención de voto, y Vox podría obtener el 19% en España. Las cifras no solo reflejan una transferencia de apoyos: muestran que la frustración económica se está convirtiendo en rechazo al funcionamiento de la democracia.
Francia resume el riesgo. Emmanuel Macron deja una deuda pública equivalente al 119% del PIB, un déficit superior al 5% y unos tipos de los bonos a diez años por encima del 5%, después de aplicar rebajas fiscales a los más ricos y a las grandes empresas. Sin corregir ese legado, el próximo Gobierno afrontará una doble presión: responder a demandas sociales crecientes con unas cuentas públicas cada vez más estrechas.
