El Tribunal Superior Hanseático de Hamburgo ha iniciado el juicio contra Serhij Kuznietsov, acusado de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en 2022. La Fiscalía alemana sostiene que el ataque contra una infraestructura civil protegida constituye un crimen de guerra, además de otros delitos relacionados con explosiones, daños materiales y alteración de servicios públicos. Kuznietsov no respondió a las acusaciones en la primera sesión; su defensa las niega.
El caso importa más allá de la responsabilidad individual del acusado: si el proceso aporta pruebas de que intervinieron organismos estatales ucranianos, Alemania tendrá que afrontar las consecuencias para una relación estrecha con Kiev. Por ahora, la existencia de esa conexión sigue siendo una tesis de la acusación, no una conclusión judicial.
Una operación atribuida a un grupo de buceadores
La Fiscalía afirma que Kuznietsov, antiguo oficial de 50 años, dirigió a un grupo de ucranianos que colocó explosivos en los conductos desde el velero alquilado Andrómeda, en el mar Báltico, en septiembre de 2022. Según la acusación, los servicios de inteligencia ucranianos diseñaron y financiaron la operación y lo eligieron por su experiencia en submarinismo. La defensa rechaza esa versión y el tribunal deberá examinar las pruebas que la sustentan.
El acusado llegó a Alemania extraditado desde Italia hace diez meses. Uno de sus abogados cuestionó que la orden europea de detención se tramitara por sabotaje y que ahora se le juzgue por un crimen de guerra; sostiene que las autoridades italianas fueron inducidas a error. La diferencia no es solo terminológica: apunta a la legalidad y el alcance de la extradición, cuestiones que pueden influir en el desarrollo del proceso.
Entre el acusado y el símbolo
En Hamburgo, Kuznietsov permanece bajo estrictas medidas de seguridad. Funcionarios de prisión lo describen como disciplinado y educado: entrena, estudia alemán y recibe abundante correspondencia de Ucrania. Algunos simpatizantes lo ven como un héroe por una acción que redujo el suministro de gas a la industria y a los sistemas de calefacción alemanes; para la Fiscalía, en cambio, el objetivo atacado era infraestructura civil protegida. Esa divergencia muestra cómo una misma acción puede adquirir significados opuestos según se juzgue como resistencia frente a Rusia o como ataque contra bienes civiles.
La defensa sostiene que Italia autorizó su entrega por una acusación distinta. Si el tribunal acepta ese argumento, podría abrirse una disputa jurídica paralela a la prueba de quién organizó las explosiones. La primera audiencia, por tanto, delimita dos preguntas: qué hizo el acusado y bajo qué cargos podía ser trasladado para responder ante la justicia alemana.
El juicio también mide la relación entre Berlín y Kiev
La cuestión política depende de lo que pueda demostrarse. Una operación individual, sin órdenes ni respaldo estatal, permitiría a Berlín tratar el caso como un delito penal sin atribuir responsabilidad al Gobierno ucraniano. Si surgieran indicios de participación oficial, Alemania tendría que valorar el impacto jurídico y diplomático, aunque eso no supondría automáticamente suspender su ayuda militar, financiera o humanitaria a Kiev.
Moscú ha pedido que el proceso esclarezca tanto la identidad de los responsables como la de quienes dieron las órdenes. El Kremlin tiene interés en utilizar cualquier prueba de implicación estatal para cuestionar la fiabilidad de Ucrania como socio occidental y presentar el apoyo europeo como respaldo a un Gobierno que habría tolerado una operación ilegal. Esa estrategia no sustituye la evaluación judicial, pero explica por qué cada hallazgo tendrá una audiencia política internacional.
La autoría de Nord Stream lleva años rodeada de versiones y relatos enfrentados. El periodista Bojan Pancevski, por ejemplo, describe en un libro a una antigua modelo ucraniana convertida en buceadora, conocida como Freya, como integrante del equipo, y plantea una operación ajena a las autoridades de Ucrania. El juicio deberá separar estas narraciones de las pruebas admisibles. Su resultado no solo puede fijar responsabilidades penales: también determinará cuánto puede afirmarse sobre la conexión entre el sabotaje y el Estado ucraniano sin convertir una hipótesis en un hecho probado.
