Carmen se levanta a las cinco y media de la mañana para ayudar a su madre a incorporarse, organizar sus medicamentos, preparar la comida y coordinar quién podrá acompañarla durante el día. Después debe acudir a su empleo y regresar a casa con el tiempo suficiente para continuar una tarea que rara vez aparece en sus registros laborales o económicos. Si surge una emergencia, pide permiso, llega tarde o deja de asistir al trabajo. Su situación resume la de millones de mujeres latinoamericanas que sostienen, casi en silencio, la atención de personas mayores dependientes.
El estudio ¿Quién cuida? Cómo apoyar y reconocer a quienes cuidan de personas mayores en América Latina y el Caribe, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Agencia Francesa de Desarrollo, advierte que la región enfrenta una expansión acelerada de las necesidades de cuidado sin una infraestructura pública equivalente. El problema no es únicamente familiar: afecta al empleo, la productividad, la seguridad social, las pensiones y la distribución de la riqueza.
Una demanda que crecerá más rápido que la respuesta pública
Actualmente, unos ocho millones de personas de 65 años o más necesitan apoyo para realizar actividades básicas de la vida diaria. Para 2050, la cifra podría triplicarse. El aumento de la longevidad es un logro social, pero también expone la fragilidad de sistemas de protección que todavía descansan en la disponibilidad de las familias, especialmente de las mujeres.
La cobertura institucional sigue siendo marginal: apenas el 5% de las personas mayores con necesidades de cuidado recibe servicios financiados públicamente. En este contexto, la reducción del tamaño de los hogares, la migración y la mayor participación femenina en el mercado laboral disminuyen la capacidad de las familias para resolver por sí solas una demanda cada vez más compleja. La brecha no desaparece; se traslada al tiempo de quienes tienen menos margen para absorberla.
El tiempo femenino funciona como una transferencia económica
Alrededor de 25 millones de personas mayores de 15 años realizan cuidados no remunerados de personas mayores en América Latina y el Caribe. Dedican, en promedio, 7,5 horas semanales a estas tareas y cerca de seis de cada diez son mujeres. Además, ellas suelen invertir más horas que los hombres y asumir las labores que exigen mayor continuidad: bañar, alimentar, preparar comidas, acompañar consultas médicas, administrar medicamentos o permanecer disponibles ante cualquier eventualidad.
Medir únicamente las horas directas de atención oculta una parte decisiva del problema. El denominado cuidado pasivo, que consiste en estar pendiente de una persona dependiente aunque no se esté realizando una tarea visible, limita la posibilidad de trabajar, estudiar, descansar o desplazarse libremente. Una mujer puede aparecer como empleada activa en las estadísticas y, al mismo tiempo, tener su jornada fragmentada por una responsabilidad que no permite desconectarse.
La consecuencia es una transferencia de recursos desde las mujeres hacia sus familias, las empresas y el conjunto de la economía. Cada hora que una cuidadora aporta sin remuneración reduce el costo que deberían asumir los servicios públicos o las soluciones privadas. El ahorro institucional, sin embargo, se convierte en pérdida de ingresos, oportunidades y bienestar para quien lo sostiene.
Cuando el cuidado se paga, la desigualdad persiste
La incorporación del cuidado al mercado laboral tampoco resuelve automáticamente la discriminación. La fuerza de trabajo remunerada del sector está compuesta mayoritariamente por mujeres y suele enfrentar bajos salarios, escasa protección y poca estabilidad. El estudio identifica una dinámica de “suelo pegajoso”: muchas cuidadoras quedan atrapadas en empleos precarios, con escasas posibilidades de movilidad y reconocimiento profesional.
La incompatibilidad entre las exigencias laborales y la disponibilidad permanente que demanda el cuidado tiene efectos concretos. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 47% de las cuidadoras reduce su jornada o abandona el empleo remunerado por esa razón. Incluso quienes permanecen activas recortan, en promedio, dos horas semanales de trabajo. La reducción de ingresos también disminuye sus futuras cotizaciones y debilita el acceso a pensiones suficientes.
La protección social es insuficiente para una ocupación esencial. En promedio, poco más de la mitad de las personas cuidadoras remuneradas cotiza a la seguridad social en la región, de acuerdo con la encuesta del BID. Esto significa que un trabajo indispensable para la continuidad de la vida se desarrolla, con frecuencia, sin derechos laborales proporcionales a su importancia.
El costo también se mide en salud mental
Más de siete de cada diez personas cuidadoras encuestadas reportan algún nivel no saludable de estrés, soledad o síntomas de depresión. Cuidar puede fortalecer vínculos y producir satisfacción, pero esa dimensión positiva no debe utilizarse para justificar la disponibilidad ilimitada. El desgaste aparece cuando la responsabilidad se impone sin descanso, formación, apoyo emocional ni posibilidad real de compartirla.
La diferencia entre cuidar por elección y cuidar por obligación resulta central para el diseño de políticas públicas. No se trata de negar el valor afectivo de la atención familiar, sino de impedir que los lazos de parentesco sean utilizados como sustituto permanente de servicios que el Estado y el mercado no ofrecen. La solidaridad familiar puede complementar un sistema de cuidados; no debería reemplazarlo por completo.
Redistribuir la responsabilidad antes de que la crisis se agrave
La región necesitará ampliar de forma significativa su fuerza laboral de cuidados e invertir en formación, profesionalización, acompañamiento psicológico, licencias y mecanismos de descanso para quienes atienden a personas dependientes. También tendrá que mejorar la información estadística para medir el tiempo de cuidado pasivo y reconocer su impacto sobre el empleo y los ingresos.
Las empresas deberán revisar cuánto de su productividad depende de trabajadoras que reorganizan sus jornadas para resolver necesidades familiares no cubiertas. Los Estados, por su parte, tendrán que calcular el costo de mantener el cuidado dentro del ámbito privado: menos participación laboral, mayor pobreza en la vejez, problemas de salud y pensiones más bajas. Y los hombres deberán asumir una parte efectiva de una responsabilidad que durante décadas se ha presentado como naturalmente femenina.
Carmen no está simplemente ayudando a su familia cuando deja de trabajar para cuidar a su madre: está realizando un trabajo imprescindible. Mientras esa labor continúe siendo considerada gratuita, disponible e ilimitada, la región seguirá ocultando una parte de sus costos sociales detrás del tiempo de las mujeres. El futuro del bienestar latinoamericano dependerá de convertir el cuidado en una responsabilidad compartida, con servicios, derechos y reconocimiento económico.
