España afronta una paradoja cada vez más difícil de ignorar: el empleo crece, la economía acumula avances y, sin embargo, millones de personas ocupadas continúan sin alcanzar unas condiciones materiales mínimas. El informe de Oxfam Intermón sitúa en 2,2 millones el número de trabajadores cuyos ingresos ya se encuentran por debajo del umbral de pobreza laboral. Cuando se descuentan el alquiler, la hipoteca y el impuesto sobre bienes inmuebles, se incorporan otras 770.000 personas. El resultado es que cerca de tres millones de trabajadores, el 15,49 %, permanecen en la pobreza después de pagar los costes básicos de su vivienda.
La cifra no describe únicamente una dificultad estadística. Revela un cambio en la relación tradicional entre trabajo y bienestar. Durante décadas, disponer de un empleo se consideró la principal vía para escapar de la pobreza. El mercado laboral podía ofrecer puestos temporales, mal remunerados o inestables, pero aun así constituía una fuente de ingresos suficiente para sostener un hogar. La presión inmobiliaria está debilitando esa protección: una nómina puede mantener a una persona dentro del mercado laboral y, al mismo tiempo, dejarla fuera de una vida económicamente segura.
De la recuperación económica a la pobreza cronificada
La evolución reciente muestra que no se trata de un episodio pasajero. La tasa de pobreza laboral pasó del 11,64 % en 2022 al 11,57 % en 2023 y al 11,48 % en 2024. La reducción es mínima y se produce mientras el producto interior bruto creció más de un 6 % en esos tres años. La distancia entre ambos indicadores resulta significativa: el crecimiento agregado no se está convirtiendo con la suficiente intensidad en ingresos disponibles para los hogares con menor capacidad económica.
Oxfam Intermón estima que, al ritmo actual, España tardaría 59 años en converger con la media europea de pobreza laboral, situada en el 8 %. Esa proyección no debe interpretarse como una fecha inevitable, pero sí como una advertencia sobre la lentitud de la mejora. Si los salarios bajos, la temporalidad, la parcialidad no deseada y el coste residencial evolucionan de manera desfavorable, el crecimiento puede seguir conviviendo con una pobreza estable y concentrada en determinados colectivos.
El umbral utilizado permite visualizar la dimensión del problema. En 2024 se situaba en unos ingresos anuales inferiores a 12.220 euros para un hogar unipersonal y a 25.663 euros para uno formado por dos adultos y dos niños. Son cantidades que deben cubrir alimentación, transporte, suministros, educación, cuidados y otros gastos ordinarios. Cuando una parte creciente del salario se destina a la vivienda, la familia no solo pierde capacidad de consumo: también queda expuesta a cualquier imprevisto, desde una avería hasta una enfermedad o una reducción de jornada.
La vivienda convierte una desigualdad laboral en una crisis de ingresos
El dato más revelador aparece entre quienes alquilan una vivienda a precio de mercado. Antes de pagarla, la tasa de pobreza laboral de este grupo alcanza el 19,35 %. Después de abonar la renta, sube al 34,08 %, casi el doble. La comparación muestra que el alquiler no actúa como un gasto más, sino como un mecanismo que puede empujar a hogares con empleo por debajo del umbral de pobreza.
La diferencia frente a la propiedad es igualmente elocuente. Entre los trabajadores que todavía pagan una hipoteca, la pobreza laboral después de los gastos de vivienda se sitúa en el 10,22 %. Entre quienes ya han terminado de pagarla, baja al 7,95 %. La propiedad no elimina los problemas de ingresos, pero proporciona una protección acumulada que el alquiler no ofrece. Quien dispone de una vivienda pagada puede atravesar una etapa de salarios bajos con menos riesgo de expulsión residencial; quien alquila debe afrontar cada mes una obligación que no genera un activo y que puede aumentar con la renovación del contrato.
Esta diferencia ayuda a explicar la llamada “trampa del alquiler”. Los trabajadores que destinan una parte elevada de sus ingresos a la renta no consiguen ahorrar para una entrada, pero tampoco pueden abandonar el alquiler sin alejarse de su empleo, de los servicios públicos o de sus redes familiares. El resultado es un círculo difícil de romper: la vivienda impide acumular patrimonio, la falta de patrimonio obliga a seguir alquilando y el alquiler reduce aún más la capacidad de ahorro.
El fenómeno afecta de forma especial a los hogares con hijos. En ellos, una subida de la renta no puede compensarse fácilmente reduciendo el tamaño de la vivienda o trasladándose a una zona más barata, porque también pesan la proximidad a los colegios, el transporte y los cuidados. La pobreza laboral deja así de ser solo una cuestión individual y se convierte en un factor que condiciona la infancia, la alimentación, el rendimiento educativo y las oportunidades futuras de toda la familia.
Un mapa territorial con causas diferentes
La distribución autonómica confirma que el problema no tiene una sola explicación. Andalucía presenta la tasa de pobreza laboral más elevada antes de incorporar el coste residencial, con un 17,65 %, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 16,95 %, y Extremadura, con un 16,54 %. Estas cifras apuntan al peso de los salarios bajos, la estructura sectorial y la menor estabilidad de parte del empleo. En territorios donde predominan actividades estacionales o de menor productividad, trabajar no garantiza ingresos suficientes incluso antes de pagar la vivienda.
Cuando se incorpora ese gasto, el mapa cambia y algunas comunidades con mercados inmobiliarios más tensionados experimentan los aumentos más fuertes. Madrid pasa del 7,29 % al 12,73 %, mientras Cataluña sube del 7,9 % al 12,8 %. En Murcia, la tasa aumenta del 15,37 % al 20,23 %. El contraste indica que una tasa laboral relativamente contenida puede ocultar una vulnerabilidad residencial considerable. Un salario que permite superar el umbral en términos brutos puede resultar insuficiente cuando se descuenta el alquiler o una cuota hipotecaria.
Los datos sobre alquiler a precio de mercado muestran impactos extremos en Castilla y León, donde la pobreza laboral pasa del 29,65 % al 50,68 %, y en Castilla-La Mancha, del 22,53 % al 48,69 %. En el País Vasco aumenta del 12,98 % al 31,07 %. Estas variaciones no deben leerse únicamente como una clasificación entre comunidades. También reflejan la combinación concreta de salarios, tamaño de los hogares, oferta de alquiler, distancia entre los centros de empleo y las zonas asequibles, y disponibilidad de vivienda pública o protegida.
Los sectores esenciales concentran la vulnerabilidad
El empleo doméstico y de cuidados, la agricultura y la pesca y la hostelería reúnen algunas de las tasas más altas de pobreza laboral. Son actividades imprescindibles para el funcionamiento cotidiano de la economía, pero suelen ofrecer salarios reducidos, horarios variables y menor capacidad de negociación. Además, concentran una parte importante de trabajadores migrantes, que pueden afrontar barreras adicionales para acceder a una vivienda estable, desde la exigencia de avales hasta la discriminación o la necesidad de compartir piso en condiciones de hacinamiento.
La conexión entre estos sectores y la vivienda crea un problema para las propias empresas y para los servicios públicos. En las zonas turísticas, por ejemplo, un trabajador puede encontrar empleo en hostelería y no poder vivir cerca de su puesto porque las viviendas destinadas al alquiler residencial compiten con usos temporales más rentables. La consecuencia puede ser el desplazamiento diario desde municipios alejados, el abandono de empleos o la dependencia de alojamientos compartidos. El mercado laboral pierde estabilidad precisamente en actividades que necesitan una oferta constante de trabajadores.
La presión también puede alterar la movilidad geográfica. En teoría, una persona debería poder trasladarse allí donde existen más oportunidades. En la práctica, la falta de vivienda asequible puede impedir ese movimiento. La oferta de empleo se concentra en determinados núcleos, pero el coste residencial obliga a aceptar trayectos largos, vivir con varias personas o renunciar a la oportunidad. Así, la vivienda deja de ser una condición del bienestar para convertirse en una barrera de acceso al empleo.
El coste social de una solución aplazada
La persistencia de la pobreza laboral puede influir en decisiones que trascienden la economía doméstica. Los hogares que no consiguen ahorrar retrasan la emancipación, la formación de una familia y la compra de una vivienda. Quienes ya tienen hijos reducen gastos relacionados con educación, ocio o salud preventiva. A largo plazo, esas restricciones pueden reproducir las desigualdades: los menores que crecen en hogares sometidos a una renta excesiva parten con menos recursos, aunque sus progenitores trabajen de forma continuada.
También existe un riesgo para la cohesión territorial. Las grandes ciudades concentran empleos y servicios, pero expulsan progresivamente a trabajadores con salarios medios y bajos hacia áreas periféricas. Las zonas receptoras pueden experimentar presión sobre el transporte, los centros educativos y la atención sanitaria, mientras los centros urbanos pierden parte de la diversidad social que sostiene sectores esenciales. Sin una política de vivienda coordinada con la planificación laboral y urbana, el crecimiento de las áreas dinámicas puede generar una ciudad cada vez más inaccesible para quienes la mantienen en funcionamiento.
El informe plantea, por tanto, un desafío que no se resuelve únicamente con elevar la ocupación. Las políticas salariales y de calidad del empleo siguen siendo necesarias, pero sus efectos pueden quedar neutralizados si el alquiler y las cuotas residenciales avanzan más rápido que los ingresos. La respuesta exige ampliar la vivienda asequible, proteger la estabilidad de los contratos, mejorar la capacidad de los hogares con menores rentas y orientar la construcción hacia las necesidades reales, no solo hacia la inversión.
La cuestión decisiva será si España trata la vivienda como un gasto privado que cada trabajador debe resolver individualmente o como una infraestructura social vinculada al derecho a trabajar y vivir con dignidad. Mientras una tercera parte de quienes alquilan a precio de mercado caiga en la pobreza después de pagar la renta, la creación de empleo no podrá considerarse por sí sola una medida suficiente contra la exclusión. El dato de los tres millones de trabajadores pobres expresa precisamente ese límite: tener una nómina es importante, pero ya no garantiza poder sostener una vida estable.
