Las negociaciones entre la oposición democrática venezolana y el régimen de Nicolás Maduro avanzan con lentitud, pero ya han producido pasos orientados a renovar el Tribunal Supremo de Justicia y a reinstitucionalizar el Consejo Nacional Electoral. El proceso, protagonizado por Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez bajo la supervisión directa de Estados Unidos, se desarrolla mientras crece dentro de la oposición el rechazo a cualquier acuerdo y se profundiza la fractura tras unas declaraciones de María Corina Machado que podrían interpretarse como una ruptura con el plan Trump-Rubio para Venezuela.
La disputa no se limita a una diferencia táctica. Un sector sostiene que la presión estadounidense debe utilizarse para obtener concesiones verificables mediante la negociación; otro considera que dialogar con el régimen solo legitima una estructura dictatorial que ha incumplido compromisos anteriores. El problema central para quienes rechazan las conversaciones es que, por ahora, no han presentado una estrategia alternativa capaz de sustituirlas, mientras la oposición tampoco mantiene una movilización sostenida en las calles ni una organización de presión sistemática con alcance nacional.
Una negociación bajo presión y con resultados limitados
El ritmo de las conversaciones actuales alimenta la desconfianza. Los demócratas esperan avances más concretos y rápidos, pero el régimen tiene incentivos para retrasar cualquier entendimiento que pueda conducir a una apertura institucional o a una transición política. En ese escenario, la tutela estadounidense constituye la principal diferencia respecto de experiencias anteriores: Washington no solo acompaña el proceso, sino que intenta convertir la presión internacional en una herramienta para producir cambios verificables.
La renovación de las instituciones electorales y judiciales no equivale por sí misma a una transición democrática. Sin embargo, puede modificar las condiciones en las que se desarrollen futuras elecciones y reducir, al menos parcialmente, el control político ejercido sobre los órganos del Estado. Esa posibilidad explica la insistencia de quienes defienden el diálogo, aun cuando reconocen que cualquier acuerdo será vulnerable si no incluye mecanismos de seguimiento, garantías concretas y consecuencias ante nuevos incumplimientos.
Veinticinco años de intentos fallidos
La sospecha hacia las negociaciones tiene una base acumulada durante casi un cuarto de siglo. Después de los hechos de abril de 2002, el Centro Carter, la Organización de Estados Americanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo impulsaron la Mesa de Negociación y Acuerdos. Su resultado más visible fue el referéndum revocatorio de 2004, pero el proceso también dejó en evidencia la consolidación de un sistema dispuesto a utilizar las instituciones bajo su control para limitar la competencia democrática.
Durante las protestas masivas iniciadas en 2014, UNASUR y el Vaticano promovieron el llamado Diálogo en Miraflores. La oposición, representada por la Mesa de la Unidad, volvió a participar en una iniciativa similar a finales de 2016. El Gobierno asumió entonces compromisos sobre garantías electorales que no cumplió, lo que llevó a la oposición a retirarse a comienzos de 2017.
El proceso dirigido por el presidente dominicano Danilo Medina incorporó a cancilleres de seis países y volvió a discutir la liberación de presos políticos, las garantías electorales y el reconocimiento de la Asamblea Nacional elegida en 2015. También planteó abrir un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicamentos, una medida que el régimen rechazó porque implicaba admitir la gravedad de la crisis. En febrero de 2018, el Gobierno presentó unilateralmente un acuerdo y desbarató la iniciativa.
En 2019, Noruega facilitó nuevas conversaciones, primero en Oslo y después en Barbados. El proceso terminó en agosto, tras la reacción del régimen a las sanciones económicas estadounidenses. Más tarde, las reuniones en México condujeron al Memorándum de Entendimiento de agosto de 2021, suspendido por Maduro después de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Cuando las conversaciones se reanudaron en 2022, el Acuerdo Parcial Social quedó condicionado por el interés oficial en descongelar fondos venezolanos destinados, según lo anunciado, a salud, electricidad y educación.
El precedente electoral de Barbados
Los Acuerdos de Barbados abrieron el camino a las elecciones presidenciales de 2024, pero el resultado volvió a reforzar la posición de los críticos. La inhabilitación de María Corina Machado, las denuncias de fraude y el desconocimiento del triunfo atribuido a Edmundo González Urrutia fueron seguidos por secuestros, detenciones ilegales y persecución contra ciudadanos vinculados con el proceso electoral.
Para una parte de la oposición, esa secuencia demuestra que el régimen utiliza el diálogo para ganar tiempo, obtener alivio internacional o recuperar recursos sin modificar su conducta. Para otra, la conclusión no debe ser abandonar toda negociación, sino elevar el costo de los incumplimientos y vincular cada concesión a resultados comprobables. La diferencia es decisiva: no se debate únicamente si conversar, sino bajo qué condiciones y con qué capacidad para hacer cumplir lo pactado.
Una fractura que puede favorecer al régimen
Las declaraciones de Machado a un diario panameño, interpretadas como un posible distanciamiento del plan Trump-Rubio y como una denuncia de los vetos que le impiden regresar a Venezuela, introducen un nuevo factor de tensión. Sus consecuencias todavía son difíciles de medir, pero podrían ampliar la brecha entre quienes respaldan la negociación tutelada por Estados Unidos y quienes la consideran incompatible con la recuperación democrática.
La experiencia histórica muestra que los acuerdos no garantizan por sí solos una transición, pero también que las salidas políticas suelen requerir algún tipo de entendimiento cuando existe un aparato estatal controlado por el poder y una oposición sin capacidad suficiente para desalojarlo por la fuerza. La cuestión inmediata para los demócratas venezolanos es, por tanto, cómo combinar presión internacional, organización interna y negociación sin repetir las concesiones unilaterales del pasado. Mientras esa respuesta no exista, el rechazo al diálogo corre el riesgo de convertirse en una posición de denuncia sin estrategia, precisamente el vacío que más beneficia al régimen.
