La popularidad de varios gobiernos y líderes conservadores de América Latina comenzó a retroceder ante la falta de resultados inmediatos en seguridad y economía, según nuevos sondeos citados por AFP. El fenómeno alcanza a Perú, Colombia, Chile y Argentina, países que en los últimos años eligieron opciones de derecha con promesas de combatir el crimen, reactivar la actividad productiva y estrechar la relación con Estados Unidos.
El respaldo se erosiona
En Perú, la aprobación de Keiko Fujimori cayó del 57% al 40%, de acuerdo con Ipsos. En Colombia, Abelardo de la Espriella perdió más de tres puntos durante su primer mes como presidente, pese a un discurso de mano dura y su respaldo al porte de armas. En Chile, José Antonio Kast registra una aprobación de 30%, su nivel más bajo desde que asumió el cargo en marzo, según la encuesta Cadem.
Javier Milei también atraviesa sus peores niveles de aprobación mientras se prepara para buscar la reelección en Argentina. Para Michael Shifter, investigador de The Inter-American Dialogue, la explicación principal no es el giro ideológico, sino la distancia entre las expectativas electorales y la capacidad real de los gobiernos para producir cambios rápidos. La inseguridad, la inflación y la debilidad económica requieren reformas prolongadas, pero los votantes evalúan el desempeño en plazos mucho más breves.
Bolivia muestra una dinámica similar. Rodrigo Paz llegó como una alternativa moderada tras casi dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo, pero enfrenta protestas y críticas por no resolver la escasez de combustibles. El desgaste, por tanto, no se limita a gobiernos de derecha ni a una sola coyuntura nacional: refleja una creciente impaciencia social frente a administraciones que ofrecieron soluciones contundentes y todavía no logran materializarlas.
Bukele, una excepción difícil de replicar
Nayib Bukele conserva un 83% de aprobación en El Salvador, según AmericasBarometer, gracias a su estrategia contra las pandillas. Sin embargo, su modelo combina una reducción de libertades con una percepción de mayor seguridad y opera en condiciones institucionales particulares. Shifter advierte que esa fórmula no puede trasladarse fácilmente a las redes criminales y a los sistemas políticos del resto de América Latina. La excepción salvadoreña confirma, más que contradice, la regla regional: la popularidad depende de resultados visibles, pero sostenerlos exige capacidades que las promesas electorales suelen sobreestimar.
