La Policía de Seguridad Pública (PSP) desalojó durante la madrugada de este martes las acampadas de protesta contra la crisis habitacional instaladas en el centro de Lisboa y Oporto. La operación terminó con varias detenciones en la capital, donde los agentes retiraron por la fuerza las tiendas y a los manifestantes que se resistieron a abandonar la plaza del Rossio. En Oporto, el campamento fue desmontado sin enfrentamientos de la misma intensidad, después de que los participantes acataran la orden policial.
La intervención comenzó alrededor de las 6:00 horas, tras un ultimátum de los agentes para que los concentrados desmontaran las tiendas y dejaran libres los espacios públicos ocupados. La Policía había anunciado el lunes que intentaría agotar el diálogo antes de intervenir, pero consideraba que las acampadas carecían de autorización municipal y vulneraban diversas normas sobre el uso de las plazas, el ruido y los horarios.
Resistencia y detenciones en el centro de Lisboa
En Lisboa, los manifestantes permanecían desde el sábado en la plaza del Rossio, uno de los puntos más céntricos y transitados de la ciudad. Ante la llegada del Cuerpo de Intervención de la PSP, formaron un cordón humano para impedir el desalojo y corearon consignas contra la política de vivienda. Los agentes avanzaron entonces sobre el grupo, retiraron las tiendas y practicaron varias detenciones.
Algunos participantes denunciaron haber sufrido agresiones durante la operación policial. Esas acusaciones no habían sido detalladas públicamente en el momento del desalojo ni constaba una evaluación independiente sobre lo ocurrido. La diferencia entre la versión de los manifestantes y la explicación de las autoridades deja pendiente determinar si el uso de la fuerza fue proporcional a la resistencia registrada, una cuestión que previsiblemente concentrará parte del debate posterior.
Después de abandonar el Rossio, los manifestantes se desplazaron a la cercana plaza de Figueira. Allí celebraron una reunión y anunciaron que mantendrían las movilizaciones. El traslado permitió continuar la protesta, aunque sin recuperar el formato de acampada que había convertido el espacio ocupado en un punto permanente de presión pública sobre el Gobierno y los ayuntamientos.
Un desalojo pactado en Oporto
La situación fue distinta en Oporto. Los agentes acudieron a la plaza de Dom João I, donde los participantes llevaban diez días instalados para denunciar la falta de vivienda asequible. La Policía advirtió de que quienes no retiraran las tiendas podían ser detenidos. Aunque al principio hubo resistencia, los manifestantes terminaron desmontando el campamento y abandonando el lugar sin que se produjeran los enfrentamientos registrados en Lisboa.
La decisión se produjo pese a que 35 participantes habían votado la noche anterior, en asamblea, a favor de prolongar la protesta. El resultado reflejaba la tensión entre la voluntad de mantener una acción visible y el riesgo de afrontar consecuencias legales. La diferencia entre ambas ciudades muestra también que el desenlace no dependió únicamente del contenido de la reivindicación, sino de la respuesta adoptada ante las órdenes policiales y de la disposición de cada grupo a asumir una escalada.
El Gobierno defiende el cumplimiento de la ley
Horas antes de la operación, el ministro portugués de Administración Interna, Luís Neves, defendió la actuación de las fuerzas de seguridad. En declaraciones difundidas por la televisión pública RTP, afirmó que el derecho de manifestación es respetado, pero añadió que la legislación vigente debe cumplirse. Neves aseguró además que la PSP no rebasaría las competencias que tiene atribuidas por la ley.
El portavoz de la Policía, Sérgio Soares, sostuvo que los ciudadanos podían ejercer su derecho a protestar, aunque existían irregularidades que debían terminar. Entre ellas citó la ocupación prolongada de las plazas y el incumplimiento de las normas relativas al ruido y a los horarios. La posición oficial establece así una separación entre el derecho a manifestarse, que las autoridades dicen reconocer, y el uso continuado del espacio público mediante tiendas, que consideran sujeto a autorización y a límites administrativos.
Ese argumento jurídico será central en la controversia. Para el Gobierno y la Policía, el desalojo responde a normas generales aplicables a cualquier ocupación del espacio público. Para los organizadores, aplicar esas reglas durante una protesta por una emergencia social puede equivaler a desplazar el foco del debate: de la falta de vivienda a la legalidad de la forma de protesta. El conflicto no se limita, por tanto, a la retirada de las tiendas, sino que enfrenta dos prioridades públicas: preservar el funcionamiento ordinario de las plazas y permitir que una reivindicación social mantenga visibilidad y continuidad.
La vivienda, origen de la movilización
Las acampadas forman parte de una campaña contra el encarecimiento de la vivienda y las dificultades para acceder al alquiler en Portugal. Los organizadores reclaman retirar la reforma de los arrendamientos impulsada por el Gobierno, detener los desalojos cuando no exista una alternativa habitacional, ampliar el parque de vivienda pública y limitar la compra de inmuebles por parte de fondos de inversión. También piden recuperar edificios vacíos para destinarlos a uso residencial y garantizar alquileres que puedan ser asumidos por los hogares.
La protesta coincide con el debate político sobre una reforma que contempla mayor flexibilidad contractual y procedimientos de desahucio más rápidos. Sus defensores sostienen que el marco legal debe ofrecer seguridad y capacidad de respuesta en el mercado del alquiler; los colectivos de vivienda advierten de que agilizar los desalojos sin aumentar antes la oferta asequible puede dejar a más familias en una situación vulnerable.
El desalojo resuelve la ocupación de dos plazas, pero no las causas que llevaron a ocuparlas. La continuidad anunciada por los manifestantes dependerá ahora de su capacidad para mantener la presión sin exponerse a nuevas intervenciones y de la respuesta política a sus demandas. Mientras tanto, la actuación de la PSP ha convertido la cuestión del orden público en un capítulo inseparable del debate portugués sobre el acceso a la vivienda.
