El precio de la gasolina y el diésel ha dejado de ser un indicador económico más para convertirse en una prueba política diaria para Donald Trump y el Partido Republicano. A pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, el encarecimiento de los combustibles concentra el malestar de conductores, agricultores, transportistas y consumidores, y amenaza con transformar una presión sobre los presupuestos familiares en un voto de castigo contra el partido que controla la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso.
Dos cifras que resumen la tensión
El promedio nacional del diésel llegó a 6,28 dólares por galón, mientras la gasolina ronda los 4,30 dólares. El salto equivale a un aumento del 67,8% en el caso del diésel y del 43,2% en el de la gasolina, según los datos citados por el economista Joseph Brusuelas, de RSM. La magnitud de esas variaciones explica por qué el problema no queda limitado a las estaciones de servicio: el diésel mueve camiones, cosechadoras y maquinaria industrial, de modo que su encarecimiento termina incorporándose al precio de los alimentos, la ropa y otros bienes básicos.
La gasolina, por su parte, golpea de manera directa a millones de hogares. La dependencia del automóvil amplifica el impacto en Estados Unidos, donde el transporte público ofrece menos alternativas que en buena parte de Europa. Para muchos ciudadanos, reducir el consumo no es una decisión sencilla: deben conducir para trabajar, llevar a sus hijos, comprar alimentos o acceder a servicios esenciales. La energía se convierte así en una factura visible y recurrente, difícil de compensar con ajustes en otros gastos.
La promesa de abaratar la vida choca con el surtidor
El vínculo electoral se apoya en una contradicción especialmente sensible para Trump. Su regreso a la Casa Blanca se consolidó en 2024 sobre promesas de estabilidad y reducción del costo de vida, pero la gasolina pasó de unos 3 dólares por galón al inicio de su segundo mandato a aproximadamente 4,30 dólares. En mayo, algunos dirigentes conservadores ya advertían que los republicanos tendrían pocas posibilidades si el precio no descendía por debajo de 3,50 dólares.
Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada en octubre refuerza esa preocupación: cerca del 80% de los encuestados responsabilizó a Trump por el aumento de los precios. La percepción puede ser políticamente más determinante que la explicación técnica. Aunque las tarifas dependen de los mercados internacionales, las interrupciones del suministro y la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, el consumidor atribuye el resultado al gobierno que toma decisiones en ese momento. El precio expuesto en el cartel de una estación funciona como una evaluación inmediata de su gestión.
Ese mecanismo afecta de forma particular a la base republicana. Los votantes rurales consumen más combustible y muchos trabajan en sectores directamente expuestos al diésel. Agricultores y transportistas de Iowa y Kansas, estados tradicionalmente favorables al partido, enfrentan costos que no pueden trasladar siempre a sus clientes. Por eso, el problema puede erosionar al oficialismo en zonas donde la ventaja republicana parecía más sólida, al tiempo que abre oportunidades para los demócratas en distritos competitivos y estados agrícolas.
Una respuesta amplia, pero sin alivio inmediato
La Casa Blanca ha intentado mostrar capacidad de reacción mediante una batería de medidas. El gobierno ofreció miles de millones de dólares en ayudas para el diésel agrícola, flexibilizó normas para camioneros, presionó a aliados europeos para liberar reservas y suavizó sanciones al diésel ruso. Trump también autorizó temporalmente que los camiones utilizaran diésel teñido de rojo, exento del impuesto federal de carreteras de 24,4 centavos por galón y destinado normalmente a tractores y maquinaria agrícola.
Sin embargo, el alcance político de esas iniciativas queda limitado por dos problemas. El primero es el tiempo: algunas ayudas llegarán después del 3 de noviembre y los precios volvieron a subir a mediados de octubre. El segundo es el riesgo operativo. Agricultores y transportistas temen que el tinte deje residuos en los tanques y que, una vez vencido el decreto en diciembre, las inspecciones estatales puedan derivar en multas de miles de dólares. Una medida diseñada para reducir costos puede terminar percibiéndose como una carga adicional si no ofrece seguridad jurídica.
El acuerdo con Moscú llega tarde y divide al poder
La negociación de Trump con Vladimir Putin para liberar diésel ruso en los mercados estadounidenses ilustra la urgencia de la respuesta, pero también sus límites. El primer cargamento, de 40.000 toneladas, partió hacia Nueva York el 22 de octubre y está previsto que llegue el 7 de noviembre, un día después de las elecciones. Los expertos citados consideran improbable que el acuerdo produzca un descenso significativo antes de la votación.
La escala del pacto explica esa cautela. Joseph Brusuelas calcula que las 300.000 toneladas métricas contempladas apenas cubrirían unas 12 horas de la demanda diaria estadounidense. Además, Rusia no tendría capacidad excedente suficiente para sostener una solución de medio o largo plazo. El acuerdo puede producir un efecto comunicativo, pero no modifica por sí mismo las condiciones estructurales del mercado energético ni resuelve las consecuencias de la guerra en Irán y del conflicto en Ucrania.
La decisión también abrió un frente político. Senadores demócratas y republicanos la cuestionaron por considerar que contradice las leyes de 2022 destinadas a presionar económicamente a Moscú. Volodímir Zelenski la calificó de paso débil, mientras que dentro del Partido Republicano reaparecieron las diferencias entre estados agrícolas y estados petroleros. La propuesta del senador Chuck Grassley de prohibir durante 90 días las exportaciones de diésel recibió el respaldo inicial de Trump, pero encontró resistencia de legisladores y empresas petroleras que advirtieron que podría elevar aún más los precios.
El combustible no determina por sí solo el resultado de las midterms, pero reúne tres condiciones que lo vuelven electoralmente peligroso: es visible, afecta a casi todos los hogares y conecta una decisión gubernamental con el costo de bienes esenciales. Si los votantes llegan a las urnas sin percibir un alivio concreto, la gasolina y el diésel pueden convertir la promesa incumplida sobre el costo de vida en una factura para los republicanos, con consecuencias potenciales para el control de la Cámara de Representantes, el Senado y varias gobernaciones.
