El Ejército israelí anunció el aislamiento total de Cisjordania ocupada durante la jornada electoral del martes 27 de octubre de 2026, una medida que impedirá la entrada y salida de trabajadores palestinos, incluso desde las zonas industriales, y supondrá el cierre de los pasos terrestres y de los puestos de control militares. La decisión llega después de una operación en Hebrón que, según las autoridades israelíes, ha dejado alrededor de 2.000 residentes desplazados.
El anuncio sitúa las restricciones de movimiento en el centro de una crisis que combina seguridad, presión política y un fuerte impacto sobre la población civil. La orden afectará a Judea y Samaria, la denominación empleada por Israel para Cisjordania, y al valle del Jordán. El Ejército no precisó que se trate de un cierre indefinido: la prohibición está vinculada expresamente al día de las elecciones, aunque la evolución de las operaciones en Hebrón podría prolongar sus efectos.
Hebrón, epicentro de la operación
La ofensiva israelí comenzó después de un ataque perpetrado por dos palestinos contra un puesto de control situado cerca de Hebrón, donde murieron dos soldados israelíes. La ciudad, la mayor de Cisjordania, alberga también a cientos de colonos israelíes instalados en medio de barrios palestinos, una configuración que convierte cualquier episodio de violencia en un riesgo de escalada inmediata.
En el barrio de Ein Dir Baha’, varios edificios fueron señalados con cruces para indicar que habían sido desalojados. Periodistas presentes en la zona describieron calles vacías y una presencia militar masiva. Los residentes recibieron la orden de abandonar sus viviendas durante la noche, con apenas dos horas para recoger documentos, ropa y otros bienes esenciales.
Israel Katz, ministro de Defensa, reconoció que cerca de 2.000 personas habían sido desplazadas y afirmó que no podrán regresar hasta que concluyan las actuaciones contra Hamás en Hebrón. El gobernador de la ciudad, Khaled Dudin, calculó que un tercio del núcleo urbano está afectado y expresó su temor a que la operación se extienda a otras áreas. Las estimaciones locales sobre el número de familias desalojadas oscilan entre 150 y 250.
La versión militar y la respuesta palestina
El Ejército israelí informó de operaciones entre el viernes y el sábado en 40 zonas distintas de Cisjordania. Aseguró haber detenido a unas 40 personas, entre ellas presuntos miembros de Hamás y de organizaciones yihadistas, además de sospechosos de incitación, alteraciones del orden público y lanzamiento de piedras. Las autoridades israelíes presentan estas actuaciones como una respuesta preventiva destinada a evitar nuevos ataques.
La Autoridad Palestina, sin embargo, pidió a la comunidad internacional que presione a Israel para proteger a los residentes. Su posición es que los desalojos colectivos y las restricciones de movimiento no pueden justificarse únicamente por la persecución de los responsables de un ataque. La diferencia entre ambas interpretaciones revela el principal conflicto político de la operación: mientras Israel la encuadra en la lucha contra las organizaciones armadas, la parte palestina denuncia un castigo que afecta a comunidades enteras.
Higazi Shawer al Tamimi, un comerciante de 70 años, relató que los soldados llegaron a su vivienda alrededor de la una de la madrugada. Según su testimonio, los residentes fueron obligados a salir y buscar alojamiento temporal. El comerciante acusó al primer ministro Benjamin Netanyahu de utilizar la sangre palestina para reforzar sus posibilidades electorales, aunque también afirmó que los vecinos no abandonarían definitivamente sus hogares.
Una decisión con dimensión electoral
El calendario otorga a la operación una relevancia que va más allá de su dimensión militar. Netanyahu afronta unos comicios muy disputados y los sondeos lo sitúan en empate técnico con Gadi Eisenkot, exjefe del Ejército y candidato centrista. En ese contexto, una respuesta contundente al ataque puede servir para proyectar autoridad y movilizar al electorado preocupado por la seguridad.
El primer ministro anunció que prepara una operación de mayor envergadura, comparable en alcance a las actuaciones emprendidas desde la guerra de 1967, cuando Israel ocupó Cisjordania. También habló de una “gran sorpresa” para la Autoridad Palestina y aseguró que neutralizará esa amenaza sin detallar los medios previstos. La falta de precisión deja abierta la posibilidad de nuevas medidas contra las instituciones palestinas, aunque por ahora no se ha presentado ninguna prueba de que la Autoridad Palestina estuviera vinculada con el ataque de Hebrón.
La presión electoral también afecta al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, candidato en las legislativas y defensor del desmantelamiento de la Autoridad Palestina. Su posición endurece el debate interno y puede empujar al Gobierno a adoptar medidas de mayor impacto político, especialmente en una campaña marcada por la competencia entre propuestas de seguridad.
Restricciones que agravan una tensión acumulada
El cierre de Cisjordania tendrá consecuencias inmediatas para miles de trabajadores palestinos que dependen de sus desplazamientos hacia Israel o hacia áreas industriales. La interrupción de la actividad puede afectar a los ingresos familiares, al abastecimiento y a la relación entre localidades separadas por controles militares. Aunque se presenta como una medida temporal, su coste económico y social puede aumentar si los pasos permanecen cerrados más allá de la jornada electoral.
La situación se desarrolla además en un contexto de creciente violencia de colonos israelíes contra habitantes palestinos. La organización israelí de derechos humanos Yesh Din registró 672 incidentes durante los 26 días anteriores, aproximadamente la mitad de ellos coincidentes con la temporada de recogida de aceitunas, un periodo en el que suelen intensificarse los enfrentamientos y las agresiones.
Este dato añade una segunda dimensión al deterioro de la seguridad: no solo aumentan las operaciones del Ejército y los ataques de grupos palestinos, sino también la violencia protagonizada por civiles armados o por grupos de colonos. La ausencia de garantías sobre el regreso de los desplazados, unida al cierre general de los accesos, puede consolidar una dinámica en la que una crisis localizada termine afectando a todo el territorio.
El resultado electoral determinará el margen político de Netanyahu para prolongar o ampliar la operación, pero no resolverá por sí solo las causas de fondo. La combinación de ocupación, expansión de asentamientos, ataques armados, desplazamientos y restricciones de movimiento mantiene a Cisjordania en un estado de tensión permanente. El cierre anunciado para el martes puede contener temporalmente los movimientos durante las elecciones, pero también profundizar la desconfianza y aumentar el riesgo de nuevos episodios de violencia después de los comicios.
