Una sucesión de investigaciones por conducta sexual inapropiada ha obligado al Congreso de Estados Unidos a revisar la forma en que previene, recibe y sanciona las denuncias dentro del Capitolio. El grupo de trabajo creado por la Cámara de Representantes, dirigido por la republicana Kat Cammack y la demócrata Teresa Leger Fernandez, prepara recomendaciones que podrían modificar las normas internas y algunos procedimientos legales antes de que termine el año.
La iniciativa parte de un diagnóstico que ambas legisladoras consideran alarmante: muchas víctimas no saben a quién acudir, dudan de que los responsables sean castigados y pueden quedar fuera del proceso por no presentar una reclamación dentro del plazo establecido. En la actualidad, el límite general es de 180 días desde la presunta infracción, aunque en determinados casos puede ampliarse a 300 días.
El problema no está solo en los casos, sino en el sistema
Cuando Cammack comenzó esta primavera a trabajar en el grupo especial, antiguos miembros del personal empezaron a escribirle para contar experiencias que habían mantenido en silencio durante años. Según relató, muchos temían que denunciar significara poner fin a una carrera profesional construida dentro del Congreso. Las conversaciones, dijo, fueron difíciles y las historias, desgarradoras.
Ese silencio constituye uno de los principales hallazgos preliminares del grupo. La existencia de una norma no garantiza por sí sola que una persona pueda utilizarla. Si el procedimiento es confuso, los plazos son breves y el denunciante percibe que la institución protegerá antes a los cargos que al personal, la regla puede producir un efecto contrario al que pretende: disuadir de informar.
La respuesta propuesta busca crear un único punto de contacto que explique las vías disponibles y oriente a los trabajadores desde la primera consulta. Leger Fernandez lo describió como una línea de emergencia para el acoso sexual: una llamada que permita conocer las opciones antes de decidir cómo proceder. La medida no eliminaría las distintas instancias de investigación, pero reduciría el riesgo de que una víctima tenga que conocer por adelantado la compleja arquitectura administrativa del Capitolio.
Una cadena de expedientes que elevó la presión política
La creación del grupo de trabajo coincide con un aumento de las investigaciones del Comité de Ética de la Cámara relacionadas con conductas sexuales inapropiadas. Este año, tres legisladores renunciaron en lugar de afrontar una posible votación de expulsión; dos de esos casos estaban vinculados a presuntas conductas sexuales inapropiadas. Además, la Cámara censuró al republicano Chuck Edwards después de que una investigación concluyera que había mantenido una conducta persistente, poco profesional e inapropiada hacia dos jóvenes empleadas de su oficina. La censura fue aprobada por 413 votos frente a dos.
Entre los casos más relevantes figura el del demócrata Eric Swalwell, investigado desde abril por una presunta conducta sexual inapropiada hacia una empleada bajo su supervisión. Swalwell renunció poco después, mientras algunos compañeros reclamaban su expulsión. El republicano Tony Gonzales también dimitió mientras se examinaba su conducta hacia una empleada de su oficina, después de reconocer una relación extramatrimonial con una integrante de su equipo que posteriormente murió por suicidio.
El comité mantiene abiertas otras investigaciones. El demócrata Jimmy Gomez ha afirmado que cooperará con el proceso por una posible conducta sexual inapropiada hacia una integrante del personal, aunque sostiene que sus actos fueron consentidos y no vulneraron la ley ni las normas éticas. El republicano Cory Mills, por su parte, es investigado por posibles conductas sexuales inapropiadas y violencia en el noviazgo, acusaciones que ha negado. Mills perdió recientemente unas primarias republicanas, pero el resultado electoral no sustituye al procedimiento institucional.
La reforma llega después de una respuesta considerada insuficiente
El Congreso ya aprobó en 2018 una ley para reforzar la responsabilidad de sus miembros. La norma obliga a los legisladores a reembolsar al Departamento del Tesoro los pagos y acuerdos derivados de casos de acoso sexual y garantiza al personal el acceso a un asesor especializado durante la presentación de reclamaciones ante la Oficina de Derechos Laborales del Congreso.
Sin embargo, la sucesión de expedientes ha mostrado que la responsabilidad económica no resuelve por sí misma los problemas de acceso, protección y rendición de cuentas. El grupo de trabajo estudia ampliar la prohibición de mantener relaciones sexuales con integrantes del propio equipo o de los comités para que alcance a todos los empleados del Congreso. Cammack sostiene que quienes ocupan un cargo público no deberían utilizar el Capitolio como un espacio para relaciones que puedan verse condicionadas por la jerarquía laboral.
La ampliación del plazo de denuncia sería una reforma más compleja. El límite actual está relacionado con la Ley de Responsabilidad del Congreso, que somete a la institución a muchas de las normas laborales aplicables al sector privado. Cambiarlo exigiría actualizar esa ley y obtener también la aprobación del Senado. Por eso, una propuesta que puede parecer técnica tendría consecuencias políticas y legislativas considerables.
El consenso bipartidista será la prueba decisiva
Cammack y Leger Fernandez han encontrado respaldo inicial en los grupos de mujeres republicanas y demócratas, una cooperación relevante en un Congreso marcado por la polarización y por las dificultades para aprobar iniciativas más allá de mantener operativo al Gobierno federal. El grupo ha celebrado sesiones de escucha con legisladores y empleados, y ha consultado a representantes de las Fuerzas Armadas, empresas y organizaciones de defensa de las víctimas.
La presión externa también ha contribuido a cambiar el clima político. Las controversias del Capitolio coincidieron con la indignación pública por la gestión gubernamental del caso de Jeffrey Epstein. En los meses anteriores, integrantes del Caucus de Mujeres Demócratas se reunieron en el Departamento de Justicia con supervivientes que reclamaban la publicación de los archivos relacionados con el magnate.
La cuestión central ya no es únicamente si un legislador debe ser censurado o expulsado cuando una investigación concluye. El desafío consiste en demostrar que el Congreso puede ofrecer un mecanismo comprensible y creíble antes de que el caso llegue a los titulares. Las recomendaciones previstas después de las elecciones del 3 de noviembre medirán hasta qué punto el consenso anunciado se traduce en cambios vinculantes. Para las víctimas, la diferencia entre una declaración de principios y una reforma efectiva estará en algo concreto: poder denunciar a tiempo, saber qué ocurrirá después y comprobar que la posición política del acusado no determina el resultado.
