El abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado este sábado 17 de octubre mientras jugaba fútbol en el complejo Campo Marte, en el este de Ciudad de Guatemala. El crimen, cometido durante una actividad que realizaba habitualmente los fines de semana, provocó una fuerte reacción del Gobierno y volvió a poner bajo escrutinio la seguridad de los operadores de justicia y abogados que han investigado redes de corrupción y vínculos entre estructuras criminales y sectores del poder.
Solórzano, de 43 años, acudió al campo como cada sábado. Según la información preliminar, dos hombres siguieron sus movimientos y abrieron fuego en pleno partido. El abogado quedó tendido sobre la cancha con su uniforme deportivo. En el ataque también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años. Las autoridades localizaron 50 casquillos percutidos en el lugar, un indicio de la intensidad del tiroteo y de la planificación que pudo haber precedido al ataque.
La Policía Nacional Civil informó de la detención de dos sospechosos que se desplazaban en una motocicleta utilizada para repartos a domicilio. De acuerdo con el portavoz policial César Mateo, dentro de la mochila de reparto fue localizada una carabina. Los detenidos son los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, originarios de Senahú, en el departamento de Alta Verapaz.
Las autoridades señalaron que ninguno de los dos tenía antecedentes penales conocidos. Al ser trasladado a los tribunales, Rigoberto Choc Toz habría afirmado, según un medio local, que ambos habían llegado a la capital apenas dos días antes en busca de trabajo. También negó que llevaran un arma. Estas declaraciones deberán ser contrastadas con las pruebas balísticas, los registros de comunicaciones, las imágenes de seguridad y el resto de la investigación judicial. Hasta ahora no se ha establecido públicamente quién ordenó el ataque ni cuál habría sido el móvil.
Una trayectoria ligada a casos decisivos
El asesinato adquiere una dimensión política y judicial por la trayectoria de Solórzano. Entre 2013 y 2016 formó parte de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público, donde participó en investigaciones de alto impacto y en peritajes relacionados con el caso conocido como “La Línea”. Esa investigación reveló un esquema de corrupción en las aduanas y contribuyó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina en 2015.
Después pasó a dirigir la Superintendencia de Administración Tributaria, la entidad encargada de recaudar impuestos en Guatemala. Durante su gestión impulsó acciones contra la evasión y la defraudación fiscal, especialmente en casos vinculados con grandes empresas. Uno de los procesos más relevantes terminó con una multa superior a cien millones de dólares contra Aceros de Guatemala, considerada entonces la mayor sanción judicial de ese tipo en el país.
Su recorrido profesional lo convirtió en una figura reconocida dentro de la lucha contra la corrupción, pero también en un crítico de la exfiscal general Consuelo Porras y de decisiones tomadas durante su administración del Ministerio Público. En 2023 se incorporó brevemente al equipo de defensa del periodista José Rubén Zamora, encarcelado en un proceso que organizaciones internacionales han descrito como parte de una creciente criminalización del periodismo y de los actores judiciales independientes.
El vínculo con José Rubén Zamora y sus últimas denuncias
La participación de Solórzano en la defensa de Zamora tuvo consecuencias legales. Fue detenido y acusado de obstrucción y de ocultamiento o destrucción de evidencias, cargos que inicialmente rechazó. Más tarde aceptó un acuerdo de culpabilidad y explicó que no esperaba obtener un juicio justo si enfrentaba el proceso. El episodio alimentó sus críticas al sistema de justicia y reforzó la percepción de que quienes cuestionaban a las autoridades podían quedar expuestos a procesos penales.
En 2025, Solórzano denunció supuestos vínculos entre la pandilla Barrio 18 y el partido Unidad Nacional de la Esperanza, además de conexiones entre organizaciones criminales y sectores del sistema judicial. En julio también señaló posibles relaciones entre empresas farmacéuticas, familiares de la exfiscal Porras y funcionarios públicos en operaciones que, según su denuncia, podrían estar relacionadas con el lavado de dinero. Esas afirmaciones fueron presentadas como denuncias públicas y requieren pruebas y decisiones judiciales para determinar responsabilidades.
Dos días antes de su muerte, publicó un video en el que cuestionó una operación atribuida a mercenarios de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en Huité, Zacapa. Según su versión, el operativo para capturar a un narcotraficante habría causado la muerte de ocho habitantes sin vínculos criminales y habría implicado a más de cien integrantes del Ejército. Las autoridades deberán determinar la veracidad de esas acusaciones y si existe alguna conexión entre sus últimas denuncias y el asesinato. Por ahora, no se ha informado de una relación probada.
Presión sobre las instituciones
El presidente Bernardo Arévalo calificó el hecho como un “cobarde asesinato” y exigió que tanto los autores materiales como los intelectuales enfrenten todo el peso de la ley. También pidió la cooperación de todas las instituciones públicas. La declaración refleja la presión política que recae sobre la investigación: un esclarecimiento limitado a los presuntos ejecutores no respondería a la pregunta central de quién ordenó el ataque y por qué Solórzano fue elegido como objetivo.
El exfiscal Juan Francisco Sandoval, actualmente exiliado, recordó que comenzó su carrera junto a Solórzano hace casi 24 años, cuando ambos eran pasantes en una fiscalía metropolitana. La trayectoria compartida entre los dos exfiscales ilustra la profundidad de la crisis que afecta a varios antiguos investigadores anticorrupción, muchos de los cuales han abandonado Guatemala o enfrentan procesos judiciales.
El homicidio ocurre en un país donde los avances contra la corrupción conviven con denuncias de interferencia institucional, persecución penal y violencia contra figuras públicas. La detención de dos sospechosos constituye el primer paso de la investigación, pero la credibilidad del proceso dependerá de que las autoridades preserven las pruebas, esclarezcan la cadena de mando y garanticen un juicio independiente. La muerte de Solórzano no solo plantea un caso penal: también pone a prueba la capacidad del Estado guatemalteco para proteger a quienes han desempeñado funciones sensibles y para investigar sin excepciones los ataques contra ellos.
