El exfiscal guatemalteco y abogado Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado a tiros este sábado por la mañana mientras dirigía un partido de fútbol en el Campo Marte, en la zona 5 de Ciudad de Guatemala. El ataque, perpetrado a plena luz del día, dejó también un fallecido por una bala perdida: Gustavo Adolfo Aguilar, integrante de la Federación Guatemalteca de Judo. El Gobierno ha informado de la detención de dos hermanos y sostiene que en la agresión pudieron participar cuatro personas.
Solórzano Foppa, de 43 años, se encontraba entrenando a uno de los equipos cuando los atacantes irrumpieron en el terreno. El exfiscal contaba con escoltas de la División de Protección de Personalidades, situados a unos 30 o 40 metros del lugar. Según el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, los agentes intentaron reaccionar al escuchar los disparos, pero la confusión provocada por la estampida de los asistentes impidió una respuesta a tiempo.
El abogado había pedido a sus custodios que permanecieran junto a su hijo menor de edad, quien presenció el asesinato. El hecho ocurrió después de las nueve de la mañana, en un espacio deportivo concurrido y con presencia de familias, lo que aumentó el impacto del ataque y la preocupación por la seguridad de quienes acompañaban al exfiscal.
Dos detenidos y una investigación abierta
La Policía detuvo diez minutos después del crimen, en San Isidro, zona 16 de la capital, a los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc, de 18. Ambos proceden del departamento de Alta Verapaz y se desplazaban en una motocicleta de reparto. Las autoridades aseguraron haber encontrado en su poder una carabina con munición que presuntamente habría sido utilizada en el ataque.
El hermano mayor negó ante los medios cualquier vínculo con el asesinato. Afirmó que trabajaba como repartidor de comida y que se dirigía con Daniel a entregar un pedido. También denunció que la Policía habría colocado el arma en la mochila utilizada para transportar alimentos con el objetivo de incriminarlos. Los dos fueron trasladados a la Torre de Tribunales, donde esperan la audiencia de primera declaración. Su responsabilidad deberá determinarse mediante el proceso judicial, y el Ministerio de Gobernación ha reconocido que todavía no existe un móvil establecido.
El ministro Villeda explicó que los investigadores no descartan ninguna hipótesis y que se encuentran en la fase de recopilación de evidencias. Testigos señalaron que los agresores vestían camisetas del Fútbol Club Barcelona. Las autoridades consideran ese dato una de las líneas de identificación, ya que el detenido más joven llevaba una chaqueta deportiva del club, aunque esa coincidencia, por sí sola, no prueba su participación.
Un abogado con protección desde 2010
La trayectoria de Solórzano Foppa lo situó durante años en asuntos de alta sensibilidad. Ejerció durante 12 años distintos cargos vinculados con la investigación criminal dentro del Ministerio Público y participó en el caso conocido como “La Línea”, una red de defraudación aduanera descubierta en 2015 que derivó en procesos contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
También investigó organizaciones criminales, entre ellas la pandilla Barrio 18, y logró la condena de su principal dirigente en Guatemala, Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”. Por ese perfil, disponía de protección policial desde 2010. Villeda indicó que en 2025, al asumir el cargo, reforzó su esquema de seguridad debido a su actividad política, aunque no constaban denuncias recientes en las que hubiera comunicado amenazas concretas.
Después de su etapa como fiscal, Solórzano Foppa fue nombrado en 2016 director de la Superintendencia de Administración Tributaria durante el Gobierno de Jimmy Morales. Dos años más tarde fue destituido después de que la institución no alcanzara la meta de recaudación del ejercicio anterior. Posteriormente intentó competir en elecciones municipales y afrontó varios procesos judiciales. En 2021 ingresó en prisión y, en junio de 2023, aceptó cargos en el caso “Política y Falsedad”; fue condenado a dos años de prisión conmutables por falsedad ideológica con agravación electoral.
Sus denuncias públicas y el caso de Huité
En los últimos años, el exfiscal mantuvo una presencia constante en redes sociales. Publicaba análisis sobre seguridad, justicia y política, y denunciaba supuestos vínculos entre las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 y grupos dedicados al narcotráfico. Dos días antes de su muerte difundió un vídeo sobre la matanza ocurrida el 27 de septiembre en Huité, Zacapa, donde murieron ocho personas durante un supuesto operativo para capturar al líder de la estructura narcotraficante Los Lorenzana.
En esa grabación sostuvo, sin aportar públicamente pruebas concluyentes, que el operativo podía haber sido ejecutado por mercenarios de la CIA estadounidense y cuestionó la actuación del Ejército de Guatemala. También mencionó testimonios de pobladores sobre la presencia de helicópteros durante la incursión. El Gobierno ha admitido que militares realizaron disparos durante los hechos y puso a disposición de la justicia a 107 soldados. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el Ministerio Público han dicho que, por ahora, no vinculan esas declaraciones con el asesinato de Solórzano Foppa.
Condena oficial y presión por esclarecer el crimen
El presidente Bernardo Arévalo condenó el asesinato y el deceso de Aguilar, calificó a los responsables de “cobardes asesinos” y aseguró que su Gobierno no se dejará intimidar por grupos violentos. Ordenó al Ministerio de Gobernación acelerar las acciones para identificar a los autores materiales e intelectuales y reiteró su compromiso de combatir el crimen organizado, la narcopolítica y la violencia.
La Embajada de Estados Unidos también condenó el “atroz asesinato” y describió a Solórzano Foppa como un firme defensor de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. La representación diplomática reclamó una investigación completa y transparente. El desafío inmediato para las autoridades consiste en esclarecer quién ordenó el ataque, determinar si los detenidos participaron en él y establecer si el crimen estuvo relacionado con la trayectoria profesional o las denuncias públicas del exfiscal. Hasta que esas preguntas sean respondidas con pruebas, cualquier explicación sobre el móvil seguirá siendo una hipótesis.
