La revelación más delicada del nuevo libro del periodista Matthew Cole no es únicamente que los servicios de inteligencia de Países Bajos lograran observar el iPhone de Jared Kushner. El episodio conecta una operación de espionaje, una cuenta bancaria con unos 750 millones de dólares y una presunta red financiera asociada a los dirigentes de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. El conjunto plantea dudas sobre la frontera entre la diplomacia oficial estadounidense, los intereses privados y los canales informales utilizados por actores extranjeros.
Un teléfono convertido en ventana de inteligencia
Según la investigación publicada en Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed’s Secret Plot to Remake the Middle East, los servicios neerlandeses no habrían sido los primeros en penetrar el dispositivo. A finales de 2017, agentes de Países Bajos captaron como informante a un pirata informático vinculado al GRU, la inteligencia militar rusa. El informante les habría facilitado acceso a un servidor que almacenaba capturas de pantalla del iPhone X de Kushner.
La importancia de ese acceso reside en que permitió reconstruir el método utilizado por los rusos y reproducirlo. Desde comienzos de 2018, los agentes neerlandeses habrían podido observar de forma continuada lo que aparecía en la pantalla del teléfono. No se trataba, por tanto, de una intrusión puntual, sino de una ventana prolongada a las comunicaciones y operaciones de una figura que ocupaba una posición excepcional dentro de la Administración Trump.
Kushner carecía de experiencia diplomática previa, pero Donald Trump le confió negociaciones con Israel, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, además de la elaboración de un plan de paz para Oriente Próximo. Esa combinación entre influencia política, uso de dispositivos personales y exposición a gobiernos extranjeros convirtió su teléfono en un objetivo de alto valor para los servicios de inteligencia.
La cuenta Alpha y los 750 millones de dólares
El segundo dato clave aparece cuando, siempre según el libro, los agentes neerlandeses observaron a Kushner acceder desde su teléfono a una cuenta del First Abu Dhabi Bank. La cuenta, identificada como Alpha, habría recibido alrededor de 750 millones de dólares y estaría gestionada parcialmente por Kushner y Mohamed bin Zayed, presidente de Emiratos Árabes Unidos, conocido como MBZ.
La procedencia atribuida a los fondos eleva la relevancia del caso. Cole sostiene que el dinero habría sido aportado por MBZ y por Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí, dentro de una estructura financiera más amplia, valorada en al menos 2.000 millones de dólares y vinculada a los tres hombres. Parte de esos recursos se habría destinado a iniciativas diplomáticas, mientras que otra parte habría quedado reservada, según fuentes citadas en la investigación, para beneficio personal de Kushner.
El dato bancario, sin embargo, aparece presentado como una observación de inteligencia y no como una prueba financiera publicada de manera independiente. La diferencia es decisiva: ver el acceso a una cuenta no demuestra por sí solo la titularidad real de los fondos, la finalidad de cada transferencia ni la existencia de un beneficio personal. Esas cuestiones exigirían registros bancarios, documentos corporativos y una trazabilidad completa del dinero.
De un fondo de 10.000 millones a una diplomacia fuera del canal oficial
La investigación describe además planes de mayor escala. Dirigentes del Golfo habrían discutido la creación de un fondo superior a 10.000 millones de dólares que podría haber contribuido a financiar el muro fronterizo prometido por Trump entre Estados Unidos y México. La operación habría buscado favorecer la reelección del presidente, pero finalmente no prosperó.
El fracaso de ese proyecto no habría cerrado la relación financiera. Según Cole, los participantes optaron por iniciativas de menor alcance canalizadas mediante Kushner. La hipótesis central del libro es que esos recursos permitieron desarrollar operaciones diplomáticas paralelas, fuera de los procedimientos oficiales estadounidenses. La cuestión no es solo contable: si un asesor presidencial hubiera administrado fondos extranjeros mientras participaba en negociaciones estratégicas, el problema afectaría directamente a la transparencia, los conflictos de interés y la rendición de cuentas de la política exterior.
El libro añade otra transferencia controvertida. MBZ habría enviado cerca de 1.000 millones de dólares a una cuenta del Banco Central de Israel. Una fuente citada por Cole afirmó que esa cantidad estaba destinada al beneficio personal de Kushner, aunque no está claro que los servicios neerlandeses conocieran esa segunda cuenta. Además, esta información procede de otras fuentes de la investigación y no del episodio de espionaje del teléfono, una distinción que limita las conclusiones que pueden extraerse sobre el conjunto de la estructura.
La disputa pasa ahora por las pruebas
Kushner ha rechazado categóricamente las acusaciones. En una declaración difundida por Vanity Fair, calificó las revelaciones de “completamente locas” y sostuvo que no existe ninguna prueba de los hechos descritos. También afirmó que no se han presentado extractos bancarios, registros de transferencias, números de cuenta, fechas de transacciones ni otros datos verificables. Sus abogados han amenazado con emprender acciones legales.
El exasesor presidencial recordó que durante el periodo señalado fue objeto de una intensa cobertura mediática, varias investigaciones del Congreso y una pesquisa del fiscal especial, en las que, según su declaración, colaboró voluntariamente durante más de 30 horas de testimonio. Su argumento es que ninguna de estas acusaciones apareció entonces porque los hechos nunca ocurrieron.
La controversia queda así dividida en dos planos. El primero es la afirmación de que Países Bajos pudo vigilar el teléfono de un negociador central de la política estadounidense en Oriente Próximo, una cuestión con implicaciones de seguridad nacional. El segundo es la interpretación de los datos observados y de las fuentes que relacionan esos accesos con cientos o miles de millones de dólares. Mientras no se hagan públicos documentos financieros o evidencias independientes, las acusaciones permanecen en el terreno de una investigación periodística disputada, aunque suficientemente grave como para reabrir el debate sobre quién financia la diplomacia informal y qué controles existen cuando los intereses públicos y privados se cruzan.
