La excandidata presidencial Luisa González fue detenida este jueves 22 de octubre en Canuto, provincia de Manabí, dentro de una investigación de la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en el financiamiento y el gasto publicitario de su campaña presidencial de 2023. La operación vuelve a colocar al correísmo en el centro de la disputa política y judicial que atraviesa Ecuador.
Dos investigaciones sobre el correísmo
El arresto corresponde al expediente denominado “Laberinto”, que examina posibles anomalías en el uso de recursos electorales durante la primera campaña de González. La Fiscalía también investiga, en el caso “Caja Chica”, un supuesto esquema de delincuencia organizada con fines de lavado de dinero. Según esa línea investigativa, habrían ingresado desde Venezuela sumas de efectivo destinadas a financiar la campaña de 2023. La detención no implica una condena y las acusaciones deberán ser sustentadas ante la justicia.
Revolución Ciudadana denunció una persecución política, especialmente después de que el movimiento fuera suspendido y quedara impedido de participar en las elecciones de alcaldes y prefectos previstas para noviembre. El correísmo sostiene que el presidente Daniel Noboa está detrás de las investigaciones contra su principal fuerza opositora; hasta ahora, esa acusación política no ha sido acompañada, según la información disponible, por pruebas concluyentes.
La principal rival de Noboa
Abogada de 48 años y madre de dos hijos, González fue la candidata de Rafael Correa en las elecciones presidenciales de 2023 y 2025. Perdió ambas segundas vueltas frente a Noboa, pero se consolidó como la figura de relevo del expresidente, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017. Antes había ocupado cargos en el Ejecutivo correísta, fue legisladora y dirigió Revolución Ciudadana entre 2023 y 2026.
Su detención llega cuando el movimiento enfrenta restricciones electorales y una creciente presión judicial. El caso puede afectar la capacidad del correísmo para reorganizarse, pero también reforzar su discurso de persecución frente a sus bases. La evolución de “Laberinto” será decisiva para determinar si la investigación deriva en responsabilidades penales o profundiza la confrontación política con el Gobierno.
