La Fiscalía de Ecuador detuvo este jueves a Luisa González, excandidata presidencial de Revolución Ciudadana y una de las principales figuras del correísmo, en el marco del caso denominado “Laberinto”, que investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y en el gasto electoral de la campaña presidencial de 2023. La dirigente confirmó el arresto y calificó de “absurda” la acusación relacionada con el supuesto manejo irregular de recursos.
González fue detenida durante la madrugada en Canuto, localidad rural de la provincia costera de Manabí, donde creció. La investigación fiscal también se vincula con posibles delitos de lavado de dinero, aunque hasta el momento la apertura de la causa y la detención no implican una condena. La Fiscalía sostiene que busca esclarecer el origen, la administración y el destino de fondos utilizados durante la campaña que llevó a González a la segunda vuelta electoral de 2023.
Dos investigaciones sobre el financiamiento electoral
El arresto se produjo en una causa distinta, aunque relacionada con otra investigación que comenzó a tomar fuerza a principios de año bajo el nombre de “Caja Chica”. En ese expediente, el Ministerio Público atribuye a González y a integrantes de Revolución Ciudadana una presunta estructura de delincuencia organizada destinada al lavado de dinero. La hipótesis fiscal plantea que habría ingresado dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023.
El caso “Laberinto” se concentra, en cambio, en posibles anomalías del financiamiento político y en los gastos de publicidad electoral. La diferencia entre ambas investigaciones es relevante: mientras “Caja Chica” pone el foco en el supuesto origen ilícito de los recursos, “Laberinto” examina cómo se habrían registrado, administrado y utilizado durante la campaña. La Fiscalía deberá determinar si existen vínculos probados entre las operaciones investigadas y quiénes habrían participado en ellas.
En un mensaje difundido desde su cuenta oficial, González rechazó las acusaciones y afirmó que responderá “con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben”. También sostuvo que la detención forma parte de una persecución política impulsada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, su adversario en las elecciones de 2023 y 2025.
La respuesta de González y la disputa con Noboa
La excandidata acusó a Noboa de conducir al país hacia una situación “insostenible” y responsabilizó a su administración por el deterioro económico, la violencia y la corrupción. Según González, el Gobierno también habría restringido las libertades y utilizado las instituciones para perseguir a sus opositores. Sus declaraciones se inscriben en una confrontación política que se intensificó después de las dos últimas elecciones presidenciales.
Noboa derrotó a González en la segunda vuelta de 2023 y volvió a imponerse en los comicios de 2025, esta vez para completar un mandato ordinario de cuatro años. Tanto González como el expresidente Rafael Correa cuestionaron los resultados de la elección más reciente y denunciaron un supuesto fraude, aunque no presentaron pruebas concluyentes que respaldaran esa acusación. La amplia ventaja obtenida por el mandatario, superior a la que anticipaban algunos sondeos, alimentó las objeciones del correísmo.
La detención ocurre, por tanto, en un escenario de alta polarización. Para la Fiscalía, la investigación debe establecer responsabilidades penales a partir de documentos, movimientos financieros y otros elementos de prueba. Para González y sus aliados, las diligencias forman parte de una ofensiva contra Revolución Ciudadana. La resolución de esa disputa dependerá de la evidencia que se presente ante los tribunales y de las garantías procesales que acompañen el caso.
De colaboradora de Correa a candidata presidencial
Nacida en Quito en 1977, González creció en Canuto y mantiene una estrecha relación política con Manabí. Es abogada, madre soltera de dos hijos y fue una colaboradora de confianza de Correa durante su presidencia, entre 2007 y 2017. Su carrera en el Estado incluyó cargos como coordinadora de Agenda Estratégica de la Presidencia, viceministra de Gestión Turística, secretaria general del Despacho Presidencial y secretaria nacional de la Administración Pública.
También ejerció funciones consulares en España y ocupó responsabilidades en la Intendencia de Compañías de Quito. Tras el final del Gobierno de Correa se incorporó de manera más directa a la política partidaria y en 2021 llegó a la Asamblea Nacional, desde donde mantuvo una oposición firme al Gobierno de Guillermo Lasso, en el poder entre 2021 y 2023.
Su ascenso a la primera línea nacional se produjo después de que Lasso aplicara la llamada “muerte cruzada”, mecanismo constitucional que disolvió la Asamblea y convocó elecciones anticipadas. Revolución Ciudadana la eligió como candidata presidencial en lugar del exvicepresidente Jorge Glas, quien acumulaba condenas por corrupción y en ese momento se encontraba en libertad. Glas fue detenido en 2024 durante el asalto de fuerzas ecuatorianas a la Embajada de México en Quito, donde había recibido asilo político.
Un nuevo episodio para el correísmo
González presidió Revolución Ciudadana entre noviembre de 2023 y enero de 2026. Durante ese periodo encabezó la oposición a Noboa y obtuvo algunas victorias políticas en consultas y referendos promovidos por el Gobierno. Entre ellas estuvo el rechazo a una propuesta orientada a iniciar una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución de 2008, aprobada durante la administración de Correa.
La situación judicial de la dirigente se suma a la suspensión de Revolución Ciudadana, solicitada por la Fiscalía, que ha limitado la capacidad del movimiento para competir electoralmente. Este año González intentó inscribir su candidatura a la prefectura de Manabí mediante otra organización política, pero no logró concretar el registro.
El proceso abierto ahora puede tener consecuencias más allá de la situación personal de González. Si la Fiscalía consigue acreditar un esquema de financiamiento ilegal, el caso afectaría la credibilidad de una fuerza política que conserva una base electoral importante. Si las acusaciones no logran sostenerse con pruebas suficientes, la detención podría reforzar la narrativa del correísmo sobre una persecución institucional. La investigación deberá avanzar con independencia para separar la disputa política de la eventual responsabilidad penal, en un país marcado por la violencia, la desconfianza y la creciente judicialización de la competencia electoral.
