César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, fue detenido la tarde del sábado 17 de octubre por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionados con un operativo contra laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos. La investigación se originó por la participación no autorizada de agentes estadounidenses en la operación, así como por el accidente en el que murieron cuatro elementos, entre ellos dos integrantes de una agencia de investigación de Estados Unidos.
La detención fue confirmada mediante un video por Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Más tarde, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, sostuvo que los hechos podrían constituir también el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional, una acusación que eleva el alcance político y jurídico del caso.
El operativo que detonó la crisis
La operación se realizó entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en las inmediaciones de El Pinal, en el municipio de Morelos, donde fueron localizados seis laboratorios clandestinos utilizados presuntamente para la producción de drogas sintéticas. Durante las acciones ocurrió un accidente en la Sierra Tarahumara en el que fallecieron dos agentes estatales y dos elementos de la Agencia Central de Investigación, identificada en la información oficial como CIA.
El punto central de la controversia no fue únicamente el resultado del despliegue, sino la forma en que se autorizó y comunicó la presencia de personal extranjero. Después del accidente surgieron cuestionamientos sobre la falta de información a las autoridades federales y la ausencia de autorización para que agentes estadounidenses intervinieran en tareas de seguridad dentro del territorio nacional.
La renuncia y el avance de las investigaciones
En medio del escándalo, Jáuregui presentó el 27 de abril su renuncia “con carácter irrevocable” a la Fiscalía General del Estado. La dimisión fue aceptada por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien también recibió críticas desde el gobierno federal por la presencia de los agentes estadounidenses en la entidad.
Ese mismo día, el exfiscal compareció como testigo ante la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez. En declaraciones posteriores, explicó que únicamente respondió un cuestionario y expresó su expectativa de que su testimonio contribuyera a aclarar lo ocurrido. La comparecencia como testigo no impidió que, meses después, pasara a ser investigado como probable responsable.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había advertido desde abril que la renuncia no cerraba el caso. “No para con una renuncia, tiene que seguirse investigando”, declaró entonces, al señalar que la Fiscalía General de la República ya llevaba una indagatoria. El 2 de junio, Ulises Lara López, en ese momento fiscal especial en investigación de asuntos relevantes de la FGR, informó que Jáuregui había colaborado como testigo y entregado información considerada importante para esclarecer los hechos.
La acusación por intervención extranjera
En el video difundido tras la detención, Ernestina Godoy afirmó que Jáuregui habría ordenado y coordinado el operativo de El Pinal con participación de agentes estadounidenses. De acuerdo con la fiscal, esa intervención se habría realizado sin autorización y en actividades reservadas a las fuerzas federales, lo que habría vulnerado el pacto federal y la división de competencias entre autoridades.
Godoy señaló que la investigación determinó hechos posiblemente constitutivos de traición a la patria en materia de seguridad nacional, al permitir que personas extranjeras intervinieran en territorio mexicano y en acciones de seguridad. La expresión “habría” resulta relevante: se trata de una imputación de la Fiscalía y no de una sentencia judicial. La responsabilidad penal deberá definirse durante el proceso correspondiente, con la presentación de pruebas y el ejercicio del derecho de defensa.
El caso coloca nuevamente bajo escrutinio la coordinación de seguridad entre México y Estados Unidos. La cooperación bilateral contra el crimen organizado puede incluir intercambio de información y asistencia técnica, pero la participación operativa de personal extranjero dentro del país plantea exigencias de autorización, mando y control institucional. La investigación deberá determinar quién autorizó el despliegue, qué facultades tenían los agentes y si existieron protocolos formales para su presencia.
El impacto político rumbo a 2027
La aprehensión ocurre mientras el PAN define sus candidaturas para las elecciones de 2027. Jáuregui había manifestado públicamente su intención de competir por la candidatura para gobernar la capital de Chihuahua, por lo que la investigación modifica de manera inmediata su posición dentro de la contienda interna.
El 15 de octubre, Campos declaró que no le correspondía decidir si el exfiscal era un perfil adecuado para la candidatura, pues esa atribución correspondía al partido. Al mismo tiempo, reconoció la existencia de carpetas de investigación relacionadas con el caso del laboratorio clandestino. Dos días antes de su detención, Jáuregui publicó un video en el que afirmó que vendrían ataques cada vez más duros contra él, su trabajo y su equipo, y acusó a sus adversarios de recurrir a cualquier recurso para alcanzar sus objetivos.
La gobernadora no había emitido una postura sobre la detención al momento de la información disponible. Sheinbaum, cuestionada durante una gira por Yucatán, evitó pronunciarse y respondió que hablaría del tema el lunes. Mientras tanto, el proceso judicial deberá establecer si las decisiones tomadas durante el operativo de El Pinal constituyeron delitos y cuál fue la cadena de responsabilidades detrás de la participación de agentes extranjeros.
