La periodista independiente Yunia Figueredo y su esposo, el comunicador Frank Correa, fueron detenidos por agentes de la Seguridad del Estado y trasladados a Villa Marista, en La Habana, según denunció la periodista. La pareja permaneció bajo custodia durante varias horas y fue interrogada por separado. Figueredo dijo que los liberaron a las 2:30 de la tarde, aunque las dificultades de transporte retrasaron su regreso a casa hasta las cinco.
Durante ese tiempo, sus dos hijas —una universitaria y otra de 14 años— quedaron solas en la vivienda. El caso adquirió una dimensión especialmente delicada por las amenazas que, de acuerdo con el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep), recibió Figueredo durante el interrogatorio.
Advertencias que alcanzan a sus hijas
El Iclep identificó como Hilda a la oficial que, según su denuncia, vinculó la continuidad de la labor periodística de Figueredo con la atención médica de su hija menor. “Nunca se va a poder operar si continúas persistiendo en la contrarrevolución”, habría dicho la agente, en referencia a una intervención quirúrgica que la adolescente necesita. La periodista también habría sido advertida de que la permanencia universitaria de su hija mayor podía estar en riesgo.
La organización informó que Figueredo estuvo unas cinco horas y media bajo custodia, sin acceso al baño ni a agua. Correa, por su parte, denunció que pasó más de dos horas encerrado en una celda y que recibió amenazas de restricciones migratorias, además de presiones para abandonar el periodismo y salir del país.
Las denuncias describen medidas dirigidas no solo a los comunicadores, sino también a aspectos esenciales de la vida familiar: la salud de una menor, los estudios de otra hija y la posibilidad de permanecer en el país. Si se confirman, esas advertencias amplían el efecto de la detención más allá de sus horas de duración y elevan la presión sobre el entorno doméstico de la pareja.
Un historial de hostigamiento señalado por el Iclep
El instituto sostiene que el episodio forma parte de un patrón contra la familia Correa-Figueredo. Desde abril de 2025 contabiliza al menos 22 episodios represivos y menciona amenazas, detenciones y hostigamiento, incluido un cerco domiciliario en septiembre que habría impedido a la familia salir de su vivienda. El Iclep solicitó a comienzos de ese mes medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger al matrimonio y a sus dos hijas.
La detención más reciente tampoco sería la primera relacionada con la actividad pública de Figueredo. En marzo fue arrestada en Jaimanitas, en el municipio habanero de Playa, tras participar en un cacerolazo contra los apagones. Su esposo afirmó entonces que la detención ocurrió durante un operativo policial, delante de sus hijas y en medio de un apagón; también denunció que los agentes arrojaron al suelo el teléfono de la periodista.
La preocupación por la protección de menores
El Observatorio de Género Alas Tensas condenó el asedio denunciado y puso el foco en las niñas, al señalar que su bienestar y protección deben ser garantizados por las autoridades cubanas. La observación introduce una cuestión que no depende únicamente de la situación profesional de sus padres: las consecuencias que la vigilancia y las detenciones pueden tener para menores que quedan sin compañía o son expuestas a operativos policiales.
La información disponible procede de los testimonios de Figueredo y Correa y de los comunicados de organizaciones que siguen el caso. Las denuncias no equivalen por sí solas a una determinación independiente de los hechos; sin embargo, la reiteración documentada por el Iclep, las amenazas atribuidas a una oficial y la referencia concreta a la salud y la educación de las hijas hacen que la protección de la familia sea un aspecto central de la controversia.
