Una actividad escolar para dibujar el recorrido entre la casa y la escuela derivó en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), reclamos de padres de familia y un pronunciamiento de la gobernadora Rocío Nahle García. El caso ocurrió en el colegio Luis Donaldo Colosio, en Martínez de la Torre, y puso en discusión tanto la protección de datos de los menores como la forma en que se investigan señalamientos contra un docente.
El reclamo escaló después de la tarea
Los hechos se remontan al 7 de octubre. Según la información difundida, una madre cuestionó en varias ocasiones al profesor José, suplente de sexto grado, por pedir a los alumnos un croquis para llegar desde sus hogares hasta el plantel. La mujer sostuvo que no debía solicitarse ese tipo de tarea. La discusión tomó fuerza entre familiares y se extendió en redes sociales, donde la madre fue apodada “Lady Croquis”.
Karina, integrante de la Asociación de Padres de Familia, presentó una denuncia ante la FGE. Su argumento fue que pedir información sobre la ubicación de las viviendas podría comprometer la privacidad y seguridad de los estudiantes. Ese planteamiento constituye una preocupación expresada por los denunciantes; la información disponible no precisa si las autoridades han determinado que la actividad implicó una vulneración de datos ni si el croquis debía incluir domicilios exactos.
Señalamientos distintos y una respuesta oficial
El caso también incluye acusaciones separadas de tres alumnas, quienes habrían reportado comportamientos que calificaron de “inapropiados”, entre ellos miradas y gestos. El docente negó una conducta indebida y afirmó que llamó la atención a las estudiantes porque se habían ausentado durante un ensayo escolar. Añadió que sus acercamientos tuvieron un propósito académico.
La información publicada no detalla cuándo ni ante qué instancia se presentaron esos señalamientos, ni si existe una investigación específica sobre ellos. Por esa razón, las versiones de las alumnas y la defensa del maestro deben entenderse como alegaciones que requieren esclarecerse mediante el procedimiento correspondiente, sin que una denuncia o una negativa constituyan por sí solas una conclusión sobre los hechos.
Ante la tensión en el plantel, el director intervino para intentar calmar a las partes. Algunos padres exigieron que el profesor fuera suspendido mientras se investigaba. Nahle, en cambio, consideró injusta una eventual separación y declaró que el docente no podía ser suspendido si no había hecho nada malo. También dijo haber pedido a la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, identificada en las declaraciones como Raquel Bonilla, que atendiera personalmente el asunto.
La investigación deberá separar los asuntos
La postura de la gobernadora fue que José debía continuar trabajando mientras se revisaba el caso. Esa declaración expresa la posición del Ejecutivo estatal, pero no sustituye la valoración de las autoridades educativas o ministeriales ni resuelve las acusaciones. La información difundida no indica que la FGE haya comunicado avances, que exista una determinación sobre la denuncia o que se haya confirmado una suspensión formal.
El episodio reúne cuestiones que conviene analizar por separado: si la tarea tenía una finalidad pedagógica y solicitaba datos adecuados para la edad de los alumnos; si hubo conductas impropias; y qué medidas son pertinentes durante una investigación. La protección de la privacidad infantil merece atención, pero también es necesario evitar que una denuncia pública se convierta en veredicto anticipado. La respuesta institucional dependerá de esclarecer cada señalamiento con información verificable y resguardar a los estudiantes durante el proceso.
