La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró este miércoles el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad situada junto al complejo penitenciario de La Reforma, a unos 25 kilómetros de San José. La obra costó 35 millones de dólares y tiene capacidad para 5.100 personas. El Gobierno la presenta como una pieza central de su respuesta al avance de la violencia y aspira a convertirla en un referente de seguridad penitenciaria.
La apertura llega en un contexto de homicidios elevados. En 2025 se registraron 873 asesinatos, la tercera cifra más alta de la serie oficial, con una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes. El año anterior hubo 876 y en 2023 se alcanzó el máximo histórico, con 905. Las cifras muestran que la violencia letal se mantiene en niveles preocupantes, aunque los tres años no dibujan un aumento continuo: el último registro fue inferior a los dos anteriores.
Un recinto diseñado para la alta contención
El CACCO se organiza en cinco módulos habitacionales. Cada módulo cuenta con 17 celdas, equipadas con literas triples y preparadas para alojar hasta 60 internos cada una. La suma arroja 1.020 plazas por módulo y 5.100 para el conjunto del centro. Está destinado a reclusos considerados de mayor peligrosidad, aunque la información difundida sobre la inauguración no detalla los criterios de clasificación, los procedimientos de traslado ni el calendario para ocupar las instalaciones.
La capacidad anunciada es un dato central para valorar el proyecto, pero no permite por sí sola medir su impacto. La eficacia de un centro de este tipo también dependerá de la gestión cotidiana, la dotación de personal, los controles internos y la coordinación con las investigaciones judiciales. Tampoco se han presentado en la información disponible objetivos cuantificables que permitan evaluar si la prisión reduce la actividad criminal o la violencia dentro del sistema penitenciario.
Durante el acto, Fernández afirmó que el país vive «un antes y un después» en seguridad penitenciaria y nacional, y sostuvo que su Gobierno defenderá la patria «con todas sus fuerzas». La mandataria vinculó la inauguración con una política de respuesta firme ante el crimen organizado y reconoció el impulso de su mentor político, Rodrigo Chaves, quien gobernó entre 2022 y 2026 y ocupa ahora los ministerios de la Presidencia y de Hacienda.
La influencia del modelo salvadoreño
Chaves promovió la construcción durante su mandato y describió la cárcel como un «monumento triste». Según explicó, la obra marca el inicio de un camino para que las personas puedan caminar por la calle sin temer que alguien se acerque en motocicleta armado para matarlas. Su declaración sitúa el centro dentro de una respuesta más amplia a la inseguridad, aunque no ofrece por sí misma una evaluación de los resultados que puede producir el encarcelamiento de alta contención.
El diseño toma como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, la megaprisión asociada a la ofensiva del presidente Nayib Bukele contra las pandillas. Fernández considera al mandatario salvadoreño un referente en materia de seguridad. Chaves visitó el CECOT en diciembre del año pasado y se reunió con Bukele; el presidente salvadoreño, por su parte, había recorrido la principal cárcel costarricense el 12 de noviembre de 2024.
En aquella visita, Bukele advirtió de «síntomas» de criminalidad parecidos a los que había vivido El Salvador con las pandillas. Esa comparación ayuda a explicar el interés político en reproducir elementos del modelo salvadoreño, pero no implica que las condiciones de ambos países sean idénticas. La trayectoria de sus organizaciones criminales, las capacidades institucionales y los marcos legales son factores que deben tenerse en cuenta al valorar qué medidas pueden trasladarse de un país a otro.
El reto será medir los resultados
La inauguración convierte una decisión de infraestructura en una apuesta de seguridad de largo alcance. La concentración de internos de alta peligrosidad puede facilitar controles especializados, pero también exige garantías y supervisión para que la contención no se confunda con una solución completa al fenómeno criminal. El anuncio oficial no incluye detalles sobre los mecanismos de vigilancia independiente, las condiciones de reclusión o la estrategia de reinserción para quienes puedan acceder a ella.
Con los homicidios todavía en niveles históricamente altos, el Ejecutivo busca mostrar capacidad de respuesta y reforzar el control penitenciario. El CACCO amplía las herramientas disponibles, pero su efecto sobre la seguridad pública dependerá de cómo se integre con la prevención, la investigación criminal y el funcionamiento de la justicia. La evolución de los homicidios y de la violencia asociada al crimen organizado será, junto con la gestión del propio centro, un indicador necesario para juzgar si la nueva prisión cumple los objetivos anunciados.
