La Universidad de Cornell suspenderá durante el resto del curso 2026-2027 todas las fiestas y actividades sociales en las casas de las fraternidades afiliadas al Consejo Interfraternidades. La decisión, anunciada por su presidente, Michael I. Kotlikoff, llega después de que las autoridades reabrieran una investigación penal por la presunta agresión sexual grupal denunciada por una estudiante. La universidad presenta la medida como el inicio de un cambio institucional, no como una respuesta limitada a un solo evento.
La suspensión es inmediata y alcanza los eventos sociales organizados en las casas de las fraternidades del IFC. Kotlikoff advirtió que las agrupaciones que incumplan la orden se exponen a una suspensión de emergencia por parte de la universidad, y aseguró que habrá tolerancia cero ante las infracciones. El periodo sin fiestas permitirá revisar cómo funciona la vida de las fraternidades y si puede continuar de manera segura, aunque la institución todavía no ha detallado qué condiciones determinarán su eventual reanudación.
La respuesta institucional empieza antes de que concluya la revisión
El presidente reconoció que Cornell «no estuvo a la altura» y aludió a la frustración y la indignación expresadas en la comunidad. Dijo haber conversado con estudiantes, docentes, personal, familiares, exalumnos y miembros del consejo de administración que han respaldado a la denunciante, identificada públicamente con el seudónimo Jane Doe. Esa admisión sitúa el problema más allá de la gestión de una denuncia concreta: también está en cuestión la confianza en la capacidad de la universidad para proteger a quienes informan de una agresión y responder a sus necesidades.
Como parte de las medidas inmediatas, Cornell ampliará los servicios de apoyo. La Oficina de Derechos Civiles contará con una persona dedicada a gestionar estos casos y la oficina responsable de la respuesta y educación sobre acoso y agresión sexual incorporará más personal. En paralelo, una revisión independiente dirigida por Sally Yates, exfiscal general adjunta de Estados Unidos, analizará las políticas y prácticas universitarias y formulará propuestas de mejora. Kotlikoff sostuvo que esa evaluación no puede ser motivo para aplazar las medidas urgentes.
La investigación penal vuelve al centro del caso
Mientras avanza la revisión, Cornell colaborará con la Policía del Estado de Nueva York para que investigadores con experiencia en el abordaje de traumas entrevisten a posibles víctimas y elaboren informes completos con miras a eventuales acusaciones penales. El cambio importa porque separa funciones: la investigación independiente examina la actuación y las reglas de la institución, mientras las autoridades estatales y la fiscalía determinan si hay pruebas que sustenten cargos.
El caso se refiere a una denuncia civil según la cual Jane Doe fue agredida sexualmente por siete estudiantes de Chi Phi durante la madrugada del 20 de octubre de 2024. La demanda, presentada el 14 de septiembre contra Cornell, los siete estudiantes y otras personas y entidades, precedió a la reapertura de la investigación penal por la Fiscalía del condado de Tompkins el 28 de septiembre. Después, la gobernadora Kathy Hochul designó a la fiscal general estatal, Letitia James, como fiscal especial para investigar, presentar pruebas ante un gran jurado y ejercer la acusación penal. Las alegaciones forman parte de procedimientos en curso y no equivalen a una determinación judicial de culpabilidad.
El reto no termina con cerrar las casas
Cornell también ha señalado un problema de mayor alcance: el consumo de alcohol y drogas y el «efecto espectador», por el que quienes presencian una situación preocupante no intervienen. La universidad promete reforzar la formación y los programas existentes. La prohibición puede reducir temporalmente la exposición a ciertos contextos, pero por sí sola no demuestra que hayan cambiado las normas sociales ni que las personas sepan cómo actuar ante una posible agresión.
Por eso, la medida será evaluada no solo por cuánto dure, sino por lo que produzca después: protocolos claros, apoyo accesible y rendición de cuentas que sobrevivan al curso académico. Cornell reconoce que debe actuar antes de conocer todas las conclusiones; al mismo tiempo, las investigaciones independientes y penales tendrán que precisar responsabilidades y aportar garantías. El escrutinio alcanza también a otros campus, donde el peso de las fraternidades en la vida universitaria puede hacer que la seguridad dependa tanto de las reglas formales como de la cultura cotidiana.
