La Universidad de Cornell suspenderá durante el resto del curso académico 2026-2027 todas las fiestas y eventos sociales en las casas de las fraternidades afiliadas al Consejo Interfraternidades (IFC). La decisión, anunciada por el presidente de la institución, Michael I. Kotlikoff, llega después de que la Fiscalía del condado de Tompkins reabriera una investigación penal sobre la presunta agresión sexual en grupo a una estudiante en octubre de 2024.
Kotlikoff presentó la medida como el inicio de un cambio institucional más amplio. Reconoció que Cornell «no estuvo a la altura» en su respuesta anterior y afirmó que la universidad no esperará a que concluya una revisión independiente para actuar. Las fraternidades que incumplan la prohibición se exponen a una «suspensión de emergencia universitaria»; el presidente anunció «tolerancia cero» ante las infracciones.
Una medida inmediata y una revisión de fondo
La suspensión tiene un alcance concreto: paraliza temporalmente los encuentros sociales en las casas de las fraternidades del IFC, pero la universidad la vincula a una revisión exhaustiva de esa vida social para determinar si puede continuar y bajo qué condiciones. Por tanto, no se trata solo de una sanción relacionada con un caso individual. Cornell plantea revisar las prácticas y políticas que regulan un entorno estudiantil en el que las fiestas, el consumo de alcohol y la supervisión institucional están conectados.
La revisión independiente está dirigida por Sally Yates, exfiscal general adjunta de Estados Unidos durante el Gobierno de Barack Obama. Su encargo incluye examinar las políticas y prácticas de Cornell sobre estos asuntos y formular propuestas concretas. Kotlikoff señaló que sus conclusiones todavía no están disponibles, pero sostuvo que la universidad ya debe adoptar medidas para reforzar la seguridad y el apoyo a quienes denuncian agresiones sexuales.
Apoyo a denunciantes y actuación policial
Entre los cambios anunciados figura el nombramiento de una persona responsable de gestionar estos casos en la Oficina de Derechos Civiles, además de más personal en la Oficina de Respuesta y Educación sobre Acoso y Agresión Sexual. La ampliación busca reforzar la atención dentro de la universidad, aunque su eficacia dependerá de que las estudiantes puedan acceder a ella con rapidez y de que las denuncias se tramiten con claridad y continuidad.
Mientras se desarrolla la revisión, Cornell colaborará con la Policía del Estado de Nueva York. Sus investigadores, descritos por Kotlikoff como experimentados en el abordaje de traumas, entrevistarán a posibles víctimas para avanzar en la preparación de eventuales acusaciones penales y elaborar informes completos. La participación de investigadores externos introduce una vía distinta de la evaluación interna de la universidad, aunque ambas actuaciones responden a objetivos diferentes: la investigación penal determina si procede presentar cargos, mientras que la revisión de Yates examina las políticas institucionales.
La denuncia que reactivó el caso
La estudiante, que utiliza el seudónimo Jane Doe, sostiene que siete alumnos de Chi Phi, una fraternidad masculina de Cornell, la agredieron sexualmente durante la madrugada del 20 de octubre de 2024. El 14 de septiembre presentó una demanda civil contra la universidad, los siete estudiantes y otras entidades y personas. La demanda precedió a la reapertura de la investigación penal por la Fiscalía del condado de Tompkins, el 28 de septiembre.
Después, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó a la fiscal general estatal, Letitia James, como fiscal especial. James deberá investigar el caso, presentar pruebas ante un gran jurado y ejercer la acusación penal. Estas actuaciones no equivalen a una determinación de culpabilidad: la denuncia contiene alegaciones que deberán examinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
La cultura del campus, bajo examen
Cornell también anunció que reforzará la formación y los programas destinados a combatir el «efecto espectador», es decir, la falta de intervención de quienes observan situaciones potencialmente dañinas. Kotlikoff reconoció además la prevalencia preocupante del abuso de alcohol y drogas. Al abordar esos factores junto con las fiestas, la universidad amplía el foco desde la conducta de los presuntos implicados hacia las condiciones sociales que pueden facilitar riesgos o dificultar que alguien pida ayuda.
La prohibición será temporal, pero sus consecuencias pueden extenderse más allá del curso si la revisión concluye que hacen falta cambios permanentes. El reto para Cornell será traducir los anuncios en procedimientos verificables: apoyo accesible, responsabilidades definidas y medidas que reduzcan los riesgos sin confundir la protección preventiva con el resultado de una investigación penal aún abierta.
