Una operación coordinada por Interpol contra la producción y distribución de material de explotación y abuso sexual infantil terminó con 95 personas detenidas en 16 países de América Latina, además de España e Italia. Las autoridades ejecutaron 127 órdenes de registro y rescataron a un menor en Colombia, informó este jueves el organismo policial.
Cuatro operativos, varios canales digitales
La iniciativa, denominada Confluencia, reunió a fuerzas policiales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, Panamá, Paraguay, Perú, España y Uruguay. Comprendió cuatro operaciones simultáneas desarrolladas entre marzo y septiembre de 2026, centradas en diferentes modalidades de difusión y comercialización de material ilegal mediante aplicaciones de mensajería y criptomonedas.
Interpol señaló que las plataformas digitales sirven para captar menores, coordinar abusos, poner en contacto a agresores y gestionar pagos, además de facilitar la redistribución de imágenes y vídeos. El organismo no detalló cuántos detenidos corresponden a cada país ni precisó el balance de órdenes ejecutadas por territorio. Aproximadamente el 89% de los sospechosos arrestados eran hombres y el 11% mujeres.
Archivos que permiten identificar a las víctimas
El caso colombiano ilustra cómo la circulación de material puede prolongar el daño y, a la vez, aportar pistas para una investigación. La policía puso a salvo a una víctima de cinco años y detuvo a uno de sus progenitores, acusado de producir y vender material de abuso sexual infantil por internet. La base de datos de Interpol permitió vincular varios archivos en los que aparecía el mismo menor; algunos se remontaban a cuando tenía un año.
Según el organismo, el material incautado en las investigaciones podría ayudar a identificar a más sospechosos y menores en riesgo, y a adoptar medidas de protección. Esa posibilidad depende de que los archivos puedan analizarse y relacionarse con casos concretos: cada identificación puede abrir una vía para localizar a una víctima, pero el volumen digital también obliga a sostener el trabajo técnico y policial más allá de los arrestos anunciados.
Grupos, extorsión y cooperación pendiente
En Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú y España, las autoridades detectaron adolescentes en grupos de mensajería donde se solicitaba y distribuía material de abuso sexual infantil. En Ecuador, el análisis de dispositivos vinculados a una investigación permitió localizar más de 4.000 archivos y cerca de 15 gigabytes de imágenes. En Panamá, fue detenido el administrador de un grupo con más de 700 usuarios.
La policía argentina arrestó además a un sospechoso acusado de mantener contacto con más de 260 niñas de distintos países y de extorsionar sexualmente a menores. Las autoridades sostienen que exigía imágenes y vídeos cada vez más explícitos y amenazaba a las víctimas cuando intentaban negarse. El caso muestra que el daño no se limita al intercambio de archivos: puede incluir coerción directa y cruzar fronteras, lo que complica la identificación de responsables y la protección de quienes están en riesgo.
Stephen Fry, director ejecutivo de Interpol para Apoyo a las Investigaciones, advirtió que las plataformas digitales se emplean cada vez más para obtener beneficios económicos del abuso. “Detrás de cada archivo hay un niño que ha sufrido abusos y que vuelve a ser revictimizado cada vez que esa imagen circula de nuevo”, afirmó. Fry reclamó reforzar la cooperación transfronteriza entre las fuerzas de seguridad y el sector privado. La operación reunió a países de dos continentes; su alcance, sin embargo, también subraya que detener a sospechosos es solo una parte de la respuesta: identificar a las víctimas, impedir nuevas redistribuciones y mantener la coordinación entre jurisdicciones siguen siendo tareas centrales.
