La inauguración de la embajada colombiana en Jerusalén convierte el restablecimiento de relaciones con Israel en algo más que una declaración diplomática. El canciller Omar Bula defendió el miércoles la decisión como una rectificación de la ruptura ocurrida en 2024 y afirmó que esta “nunca debió haberse producido”. Pero el traslado de la sede, la salida anunciada del Grupo de La Haya y el compromiso de combatir el antisemitismo sitúan al nuevo Gobierno en una posición política más definida: Bogotá no solo recupera canales bilaterales, sino que busca demostrar públicamente que su orientación exterior ha cambiado.
El acto tuvo lugar después de que ambos países restablecieran formalmente sus relaciones en agosto de 2026. Ante el primer ministro Benjamin Netanyahu, el canciller Gideon Sa’ar y otras autoridades, Bula prometió cooperación y sostuvo que Colombia e Israel deben actuar como aliados. También anunció la solicitud oficial para retirarse del Grupo de La Haya, al que calificó de organización destinada a “aislar y atacar a Israel”. La ceremonia, por tanto, enlazó tres decisiones distintas: recomponer el vínculo, trasladar la representación a Jerusalén y tomar distancia de un foro crítico con el Gobierno israelí.
Una embajada que también comunica una posición
La ubicación de la sede tiene un peso que excede la logística consular. Colombia había mantenido su embajada en Tel Aviv antes de la ruptura; abrirla ahora en Jerusalén hace visible una decisión de alineamiento en una ciudad cuyo estatus es objeto de una disputa internacional. La medida eleva el valor simbólico de la reanudación y puede facilitar contactos políticos con Israel, pero también expone a Bogotá a críticas de quienes consideran que trasladar allí una misión diplomática prejuzga una cuestión que sigue siendo controvertida.
Este es el primer punto que suele perderse cuando el debate se reduce a si la relación debía o no restablecerse: reanudar vínculos y escoger Jerusalén no son decisiones equivalentes. La primera recupera instrumentos diplomáticos después de dos años de ruptura; la segunda añade una señal sobre la posición de Colombia en un conflicto regional más amplio. Al unirlas en una misma ceremonia, el Gobierno gana claridad ante Israel, aunque limita su margen para presentar la decisión como un paso estrictamente funcional.
El cambio también tiene consecuencias prácticas potenciales. Una embajada plenamente operativa puede servir a ciudadanos, empresas y funcionarios, y hacer más directa la coordinación entre gobiernos. Sin embargo, el discurso no detalló acuerdos nuevos, plazos, metas comerciales ni compromisos de seguridad. La promesa de fortalecer la cooperación aún no permite medir resultados: su alcance dependerá de los convenios que se negocien y de que exista continuidad presupuestaria y política, no solo de la apertura de la sede.
La ruptura de 2024 deja una factura política
La administración de Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas en 2024 por las operaciones militares israelíes contra Hamás en Gaza. La decisión expresó una condena política en un momento de alta sensibilidad internacional, pero también redujo los canales oficiales disponibles para gestionar desacuerdos y atender intereses bilaterales. La reapertura puede corregir ese costo institucional. No elimina, sin embargo, las razones que originaron la ruptura ni resuelve la disputa sobre la conducta militar israelí y su impacto sobre la población palestina.
La forma en que Bula presenta el episodio como una interrupción que nunca debió ocurrir transforma una decisión de política exterior en una crítica directa al Gobierno anterior. Esa reinterpretación puede consolidar la identidad internacional de la nueva administración de Abelardo De La Espriella, pero vuelve más difícil construir una política exterior que trascienda el relevo presidencial. Si cada cambio de Gobierno revierte de manera abrupta las posiciones del anterior, socios e inversores tendrán motivos para dudar de la estabilidad de los compromisos colombianos.
La controversia no enfrenta simplemente a defensores y detractores de Israel. También plantea una pregunta sobre cómo Colombia debe combinar la defensa de sus intereses, la condena del terrorismo y la evaluación de las acciones militares de un Estado aliado. Una condena inequívoca de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 no obliga a guardar silencio sobre la guerra en Gaza; del mismo modo, criticar operaciones israelíes no equivale necesariamente a respaldar a Hamás. Cuando el debate público borra esas distinciones, el costo recae tanto en la credibilidad diplomática como en la convivencia interna.
Antisemitismo: el reto es pasar del discurso a la protección
Bula afirmó que el periodo anterior abrió la puerta a una ola de antisemitismo en Colombia y prometió que su Gobierno no permanecerá en silencio. La promesa responde a una preocupación legítima: la crítica a las decisiones de un Gobierno no debe convertirse en hostilidad hacia una comunidad religiosa o étnica. Pero la intervención no aportó cifras, incidentes documentados ni mecanismos de seguimiento que permitan dimensionar la situación o evaluar la respuesta estatal.
Ese vacío importa para evitar dos errores opuestos. Si existen amenazas, agresiones o discriminación, hace falta denunciarlas, proteger a las víctimas y aplicar criterios consistentes. Si la etiqueta de antisemitismo se usa de forma imprecisa para descalificar cualquier crítica a Israel, se puede debilitar la libertad de expresión y reducir la confianza en las instituciones que investigan esos casos. Una política eficaz necesitaría protocolos claros, datos comparables y garantías para distinguir el prejuicio contra las personas del escrutinio legítimo de las decisiones gubernamentales.
La comunidad judía colombiana puede beneficiarse de una condena pública más firme del odio antisemita, pero también necesita que esa condena produzca protección verificable, no solo valor simbólico. A la vez, organizaciones defensoras de los palestinos y sectores críticos de la guerra en Gaza tienen interés en que la nueva agenda no convierta la solidaridad política o la discusión sobre derechos humanos en sospecha automática. La credibilidad del compromiso de Bula dependerá, en buena medida, de que el Gobierno proteja a ambos grupos frente a amenazas y aplique reglas iguales.
La salida del Grupo de La Haya estrecha las opciones
La solicitud de retiro del Grupo de La Haya constituye otra señal de política exterior, pero el anuncio no explica el procedimiento, sus plazos ni qué canales de diálogo reemplazarían esa participación. Bula describió el grupo como un instrumento contra Israel; quienes cuestionan al Gobierno israelí podrían sostener, por el contrario, que los foros multilaterales son espacios para ejercer presión y abordar obligaciones internacionales. La discrepancia no es meramente retórica: define si Bogotá priorizará la interlocución bilateral o conservará plataformas colectivas para expresar desacuerdos.
El segundo juicio analítico es que Colombia está intercambiando parte de su flexibilidad diplomática por una señal de fiabilidad ante Israel. Esa apuesta puede producir beneficios si se traduce en cooperación concreta en áreas de interés mutuo. Pero el acercamiento no debería medirse por ceremonias o declaraciones de afinidad. Harán falta resultados publicados, acuerdos sujetos a revisión y canales capaces de procesar diferencias sobre Gaza, seguridad y derechos humanos sin volver a una ruptura total.
Durante los próximos meses, la prueba será menos simbólica: completar el retiro anunciado, precisar los acuerdos bilaterales y mostrar cómo se aplicará la política contra el antisemitismo. El riesgo más inmediato es que la relación quede atrapada entre dos extremos, una alianza proclamada sin resultados o una dependencia política que haga costoso disentir. También puede crecer la polarización interna si la disputa exterior se utiliza para etiquetar a opositores en vez de discutir hechos y responsabilidades.
La embajada en Jerusalén fija un nuevo punto de partida, no una garantía de estabilidad. Colombia recupera interlocución directa con Israel y el Gobierno de De La Espriella obtiene una señal visible de cambio respecto a Petro. La solidez de esa decisión dependerá de algo menos ceremonial: que Bogotá pueda sostener cooperación útil, defender a las comunidades expuestas al odio y conservar capacidad para criticar conductas que considere contrarias a sus principios, incluso cuando provengan de un aliado.
