El acuerdo entre China y la Unión Europea para limitar a 350.000 unidades anuales las importaciones de vehículos híbridos chinos contuvo, por ahora, una nueva escalada comercial. A cambio, Beijing redujo temporalmente aranceles sobre determinadas piezas de automóviles, calzado, helados y aceite de oliva europeos, por un valor cercano a 4.500 millones de dólares. El pacto funciona como una tregua puntual, pero no resuelve la disputa de fondo: quién define cuándo la capacidad productiva de un país se convierte en una amenaza.
La disputa por la “sobrecapacidad”
El conflicto se intensificó el 7 de octubre, cuando Estados Unidos reunió a otros 14 países, incluida Argentina, para cuestionar el llamado “exceso estructural de capacidad”. Washington sostiene que China produce demasiado, demasiado barato y con apoyo estatal, lo que pone en riesgo a industrias extranjeras. Beijing respondió que esa acusación sirve para justificar medidas proteccionistas y advirtió que tomará represalias si sus intereses resultan afectados. También reclamó que la capacidad industrial sea evaluada con criterios objetivos y sin convertir la competencia económica en una disputa geopolítica.

Los datos comerciales explican la confianza china. En lo que va de 2026, sus exportaciones crecieron un 18,8% interanual, hasta acercarse a los 6 billones de dólares. Las ventas de microchips y circuitos integrados aumentaron un 99,1%; las de vehículos eléctricos, un 72,3%; y las de robótica industrial, un 58,9%. Mientras el comercio con Estados Unidos avanzó apenas un 4,1%, las ventas al Sudeste Asiático y a países con tratados de libre comercio crecieron cerca del 30%. La presión estadounidense, por tanto, no está frenando la producción china: está acelerando su diversificación geográfica y tecnológica.
La preocupación internacional tiene una base concreta. China concentra alrededor del 80% de los paneles solares y más del 60% de las baterías y automóviles eléctricos del mundo, con precios entre un 20% y un 35% inferiores a los de sus competidores. Levantar barreras puede proteger fábricas locales, pero también encarecer la transición energética y dificultar los objetivos climáticos. La disputa ya no enfrenta solo modelos comerciales: define quién fija las reglas de la nueva industria global y con qué criterio se juzgan los subsidios y la protección estatal.