La próxima visita de Felipe VI y la Reina Letizia a Ceuta y Melilla volverá a poner a prueba la relación entre España y Marruecos. Los Reyes tienen previsto desplazarse a ambas ciudades los días 13 y 14 de octubre, apenas 24 horas después de presidir en Madrid el desfile militar del Día de la Hispanidad. La visita llega, además, después del asalto masivo registrado en Ceuta el pasado mes de julio y en un momento especialmente delicado para la gestión de la frontera.
La primera señal procedente de Rabat resulta, por ahora, menos estridente que la que acompañó al viaje de Juan Carlos I y Sofía en 2007. La prensa marroquí sí ha publicado titulares provocativos, pero el Gobierno no ha anunciado una reacción diplomática comparable ni ha reclamado públicamente la suspensión del desplazamiento. Esa contención no equivale necesariamente a aceptación: indica, sobre todo, que Marruecos está calibrando el coste de convertir la visita en una nueva crisis bilateral.
Una visita que llega después de una crisis fronteriza
Felipe VI había trasladado al Gobierno de Pedro Sánchez su interés en viajar a las dos ciudades autónomas tras los acontecimientos de julio. El Monarca se ha referido en varias ocasiones a la situación de Ceuta y, en su intervención más reciente desde Finlandia, advirtió de que las amenazas, con independencia de su origen o intención, afectan a todos los Estados miembros.
La decisión de mantener el viaje tiene, por tanto, una dimensión institucional que excede el protocolo. La presencia de los Reyes refuerza la vinculación de Ceuta y Melilla con el Estado español y ofrece respaldo político a sus ciudadanos después de una crisis en la que la presión migratoria volvió a convertirse en un instrumento de tensión fronteriza. Al mismo tiempo, obliga al Ejecutivo a gestionar cuidadosamente el mensaje para evitar que un acto de afirmación nacional termine provocando una escalada con un vecino estratégico.
Lo ocurrido en 2007 explica la cautela actual
El precedente más cercano se remonta al 5 y 6 de noviembre de 2007, cuando Juan Carlos I y Sofía realizaron la primera visita de unos Reyes a Ceuta y Melilla. En ambas ciudades fueron recibidos con honores y entusiasmo, mientras el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presentó el viaje como la respuesta a una reivindicación histórica de sus habitantes.
Rabat reaccionó desde el primer momento. Antes de la visita, la prensa marroquí elevó el tono del debate y las autoridades expresaron su “profundo lamento y rechazo”, además de pedir que los Reyes renunciaran al desplazamiento. Marruecos defendió sus reclamaciones territoriales y volvió a calificar Ceuta y Melilla como “ciudades ocupadas”, una fórmula que cuestiona la soberanía española pero que no ha alterado el estatus jurídico de ambas ciudades.
La respuesta diplomática llegó cuando quedó claro que la visita seguiría adelante. Marruecos llamó a consultas a su embajador en Madrid, Omar Azziman, durante un periodo indeterminado. Tres días después del viaje, el 7 de noviembre, Mohamed VI condenó públicamente la presencia de los Reyes y advirtió de que las autoridades españolas debían asumir las consecuencias para el futuro de las relaciones bilaterales. En paralelo, se produjeron manifestaciones en la frontera de Beni Enzar, en Melilla.
La diferencia no está solo en el tono
La crisis de 2007 demuestra que una visita real puede ser interpretada por Rabat como un acto político, no como una actividad institucional ordinaria. La cuestión no reside únicamente en quién viaja, sino en lo que ese desplazamiento comunica: que la Corona ejerce su función de representación en todo el territorio español y que la soberanía sobre Ceuta y Melilla no forma parte de una negociación abierta.
Sin embargo, el contexto bilateral ha cambiado. España y Marruecos mantienen hoy una cooperación intensa en materia migratoria, de seguridad y control fronterizo. Esa interdependencia eleva el coste de una confrontación abierta para ambos países. La llamada a consultas del embajador en 2007 fue una herramienta de presión de alto impacto; repetirla ahora podría poner en riesgo canales de cooperación que Rabat y Madrid necesitan, especialmente después de una crisis migratoria de gran magnitud.
También pesa la posición interna del monarca marroquí. Mohamed VI ha sido cuestionado por la actuación de sus fuerzas de seguridad durante el asalto masivo a Ceuta, protagonizado por cientos de miles de ciudadanos marroquíes según la información difundida entonces. Una reacción excesivamente contundente contra España podría desviar la atención hacia la disputa territorial, pero también reabrir preguntas sobre la gestión de la frontera y sobre la responsabilidad de las autoridades marroquíes.
El mensaje de Mohamed VI deja abierta la incógnita
La advertencia formulada este viernes por Mohamed VI, durante el discurso de apertura del año legislativo ante el Parlamento, ofrece una pista relevante. El soberano afirmó que la relación entre Marruecos y España nunca debe ser objeto de “presión, amenaza ni chantaje”. La frase puede leerse como una advertencia dirigida a Madrid, pero también como un marco preventivo para justificar una eventual respuesta si Rabat considera que la visita se utiliza para condicionar su política.
Por ahora, la ausencia de una condena oficial comparable a la de 2007 sugiere que Marruecos prefiere preservar el margen de maniobra. Eso no elimina la disputa sobre Ceuta y Melilla ni garantiza que el viaje transcurra sin incidentes diplomáticos. La reacción podría producirse después de la visita, cuando sus discursos, imágenes y gestos permitan a Rabat valorar si el acto fue presentado como una celebración institucional o como una afirmación explícita frente a sus reclamaciones.
La clave, en definitiva, será el equilibrio entre firmeza y previsibilidad. España necesita sostener la presencia de la Corona en las ciudades autónomas sin convertirla en una provocación; Marruecos debe decidir si prioriza su reivindicación territorial o la cooperación que mantiene con Madrid. En 2007, la visita abrió una crisis inmediata. En 2026, el verdadero cambio podría consistir en que ambas partes hayan aprendido que la intensidad de la respuesta también define el alcance de la disputa.
