El Perú debe concentrar sus esfuerzos en salud, educación, reducción de la pobreza y empleo si busca acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia 2030 y disminuir las desigualdades entre sus regiones. La propuesta fue expuesta el 18 de octubre de 2026 por el presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), Saúl Barrera Ayala, durante el panel “¿Cómo avanzan las regiones del Perú hacia el cumplimiento de los ODS?”, realizado en el marco de la presentación del Índice Regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Perú 2026.
Barrera sostuvo que estos cuatro ámbitos tienen un efecto transversal sobre otros indicadores de desarrollo. Una mejora en el acceso y la calidad de los servicios de salud y educación, por ejemplo, puede fortalecer las capacidades de la población; mientras que la reducción de la pobreza y la generación de empleo inciden directamente en los ingresos de los hogares y en sus posibilidades de aprovechar esos servicios. La lógica planteada por el funcionario apunta a que las políticas públicas no sean evaluadas de manera aislada, sino por su capacidad de producir avances acumulativos en el territorio.
Los promedios nacionales no muestran toda la realidad
Uno de los principales mensajes de la presentación fue la necesidad de observar las diferencias regionales detrás de los resultados promedio del país. El titular del Ceplan señaló que los promedios nacionales pueden ocultar situaciones muy distintas entre departamentos, por lo que identificar las brechas territoriales resulta indispensable para decidir dónde y cómo intervenir.
Como ejemplo, mencionó las diferencias entre Moquegua y Loreto, dos regiones que presentan ritmos de desarrollo distintos. La referencia no supone que una región enfrente los mismos problemas que la otra ni que las soluciones puedan replicarse de forma automática. Por el contrario, evidencia que las políticas deben considerar las condiciones económicas, geográficas e institucionales de cada territorio. Un mismo objetivo nacional puede requerir prioridades, plazos y mecanismos de ejecución diferentes según la capacidad estatal y las necesidades locales.
El Índice Regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Perú 2026, elaborado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, fue presentado como una herramienta para examinar los avances de las regiones y localizar las brechas. Su utilidad, de acuerdo con lo expuesto en el panel, no se limita a ordenar territorios según sus resultados: también permite advertir en qué áreas se concentran los rezagos y orientar una discusión sobre la asignación de recursos y la responsabilidad de las instituciones públicas.
El reto de conectar planificación y presupuesto
La identificación de prioridades regionales pierde eficacia si no se vincula con los recursos necesarios para ejecutarlas. En esa línea, Barrera informó que el Ceplan estableció una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para avanzar en la articulación entre el planeamiento y la asignación presupuestal.
Según explicó, las políticas nacionales y los programas presupuestales desarrollan con frecuencia procesos de planificación paralelos, incluso cuando se ocupan de problemas públicos similares. Esta fragmentación puede dificultar la coordinación, duplicar esfuerzos y hacer que los objetivos definidos en los planes no se reflejen con claridad en las decisiones de gasto. Vincular las prioridades con el presupuesto permitiría establecer una relación más verificable entre lo que el Estado se propone alcanzar, los fondos que asigna y los resultados que finalmente obtiene.
El desafío no consiste únicamente en aumentar el gasto público. También exige definir metas consistentes, asignar responsabilidades, medir avances y corregir las intervenciones que no producen los efectos esperados. En regiones con mayores limitaciones de gestión, la transferencia de recursos sin acompañamiento técnico o sin mecanismos de seguimiento puede no traducirse en mejoras equivalentes en la vida de la población. Por ello, la coordinación presupuestal debe ir acompañada de capacidades institucionales y de información comparable.
Coordinación más allá del Gobierno nacional
El presidente del Ceplan también planteó fortalecer la coordinación entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades para orientar sus esfuerzos hacia objetivos compartidos. La descentralización coloca una parte importante de la implementación en los niveles subnacionales, pero las capacidades, prioridades y resultados pueden variar considerablemente entre territorios.
La participación del sector privado y de la academia fue incluida como otro componente de esa coordinación. Barrera consideró que su incorporación puede contribuir a dar continuidad a las iniciativas de desarrollo frente a los cambios de funcionarios en las entidades públicas. Esta continuidad es relevante porque las brechas regionales no se resuelven dentro de un solo ciclo presupuestal ni dependen exclusivamente de una administración. Sin acuerdos institucionales y metas de mediano plazo, los cambios de autoridades pueden interrumpir proyectos o modificar prioridades antes de que sus resultados sean evaluados.
Medir logros, no solo presencia estatal
Durante su intervención, Barrera recordó que el Perú cuenta con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050 y que el Ceplan aplica anualmente, desde 2015, el Índice de Capacidad Estatal. La herramienta busca medir los resultados de la intervención pública, diferenciándose de los indicadores que se concentran en la presencia o cobertura de los servicios.
La distinción es significativa: contar con una escuela, un establecimiento de salud o un programa público no garantiza por sí mismo que la población haya mejorado sus condiciones de vida. Evaluar logros implica observar si las intervenciones cumplen sus objetivos y si reducen las diferencias entre quienes reciben servicios en distintos territorios. El Ceplan viene revisando el índice y prevé convocar a representantes de la academia para perfeccionar su capacidad de medición.
En el panel también participaron Eduardo Serpa Coda, gerente de Asuntos Externos Nacionales de Anglo American Quellaveco; Sebastián García, oficial de Población y Gestión de Datos para Políticas y Servicios del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú; Juan Carlos Odar, jefe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, y Alexandra Ames, profesora de la Escuela de Gestión Pública de esa universidad. La discusión situó el uso de evidencia, la definición de prioridades comunes y la articulación entre planes y presupuesto como condiciones para avanzar hacia los ODS y cumplir el compromiso de no dejar a ninguna región atrás.
