California convierte el impuesto del 5% a los multimillonarios en una disputa nacional sobre la desigualdad

California convierte el impuesto del 5% a los multimillonarios en una disputa nacional sobre la desigualdad

California votará el 3 de noviembre una medida que puede alterar el debate fiscal de Estados Unidos: la Proposición 40 propone cobrar, por una sola vez, el 5% del patrimonio neto de las personas con más de 1.000 millones de dólares que residieran en el estado el pasado 1 de enero. La iniciativa no solo enfrenta a quienes defienden una redistribución excepcional de la riqueza con quienes temen sus efectos económicos. También ha abierto una fractura dentro del Partido Demócrata y ha convertido al estado en un laboratorio político de alcance nacional.

Un impuesto extraordinario para financiar una emergencia permanente

El primer dato que define la propuesta es su alcance reducido en número y enorme en volumen: afectaría a poco más de 200 personas, pero sus promotores calculan que podría generar decenas de miles de millones de dólares. El 90% de los ingresos se destinaría a la sanidad y el 10% restante a la educación y la asistencia alimentaria. El objetivo inmediato es compensar los recortes federales aplicados al programa Medicaid después de la ofensiva legislativa respaldada por el presidente Donald Trump.

La arquitectura de la medida contiene, sin embargo, una contradicción decisiva. California pretende responder a una necesidad estable, como la financiación sanitaria, mediante un ingreso puntual. Sus defensores consideran que la concentración patrimonial de los ultrarricos justifica un esfuerzo extraordinario y urgente; sus detractores advierten de que una recaudación única no puede sostener servicios que requieren recursos previsibles cada año. La discusión, por tanto, no se limita a cuánto pagarían los multimillonarios, sino a si una crisis presupuestaria debe resolverse con una operación excepcional sobre sus fortunas.

La Proposición 40 profundiza una trayectoria fiscal que California inició tras la crisis de 2008. Las proposiciones 30, aprobada en 2012, y 55, aprobada en 2016, elevaron los tipos aplicables a las rentas más altas hasta el 13,3%. En la actualidad, el 1% más rico aporta aproximadamente el 45% de la recaudación estatal. Ese dato sostiene dos lecturas opuestas: para los partidarios, demuestra que los ingresos superiores tienen capacidad para contribuir más; para los críticos, revela una dependencia peligrosa de un grupo reducido y muy sensible a los ciclos económicos.

California convierte el impuesto del 5% a los multimillonarios en una disputa nacional sobre la desigualdad

La fractura demócrata supera la oposición republicana

La singularidad política del referéndum no está en que los republicanos lo rechacen, sino en que el desacuerdo atraviesa al propio Partido Demócrata. El gobernador Gavin Newsom se opone a la iniciativa, aunque reconoce la necesidad de combatir la desigualdad extrema. Su posición coincide con la de Planned Parenthood, la California Teachers Association y otras organizaciones sociales que temen una fuga de grandes fortunas o cuestionan la eficacia de un impuesto de carácter puntual.

En el otro lado se sitúan los sectores progresistas del partido, el sindicato SEIU United Healthcare Workers West y los economistas de la Universidad de Berkeley Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, vinculados al diseño de la propuesta. El apoyo del senador independiente Bernie Sanders ha elevado la disputa por encima de las fronteras estatales. Durante un mitin en California, Sanders describió la votación como la medida electoral más importante del país y elogió la disposición del partido estatal a enfrentarse a algunas de las mayores fortunas del mundo.

La división revela una diferencia estratégica dentro del campo demócrata. Un sector prioriza la respuesta inmediata a los recortes sociales y entiende que la riqueza extrema debe ser gravada allí donde se concentra. Otro teme que una ofensiva fiscal contra los multimillonarios debilite la base económica del estado, provoque deslocalizaciones y entregue a los republicanos un argumento sobre la supuesta hostilidad de California hacia la inversión y la innovación tecnológica.

El dinero de Silicon Valley también vota

La campaña contraria a la Proposición 40 ha reunido alrededor de 200 millones de dólares, una cifra que ilustra el peso político de sus potenciales afectados. Casi la mitad procede de Sergey Brin, cofundador de Google, quien calcula que tendría que pagar unos 13.000 millones si el impuesto entra en vigor. La campaña favorable dispone de unos 35 millones, aproximadamente cinco veces menos, aportados en buena medida por el sindicato que impulsó la medida.

La desproporción financiera no es solo una anécdota de campaña. También anticipa una batalla sobre la movilidad de la riqueza. California ya ha visto marcharse por razones económicas y políticas a empresarios como Elon Musk, Peter Thiel y Larry Ellison, que trasladaron su residencia a otros estados. Los opositores presentan esos casos como una advertencia: si el patrimonio puede cambiar de domicilio con facilidad, una tasa elevada podría recaudar menos de lo esperado y erosionar la actividad económica. Los promotores responden que la concentración patrimonial y la infraestructura pública californiana, de la que se benefician las grandes empresas, justifican exigir una contribución adicional.

Una votación abierta y un precedente en juego

La última encuesta del centro Berkeley IGS sitúa el apoyo a la Proposición 40 en el 45%, frente al 42% de rechazo, con un 13% de indecisos. El margen es demasiado estrecho para considerar asegurado el resultado, especialmente cuando faltan tres semanas para unas elecciones de mitad de mandato en las que también se elegirá gobernador, representantes al Congreso y se someterán a votación otras 13 propuestas.

Más allá del resultado inmediato, California está decidiendo qué tipo de precedente quiere establecer. Si se aprueba, sería el primer estado de Estados Unidos en aplicar un impuesto sobre el patrimonio y no únicamente sobre la renta. El éxito ofrecería a otros gobiernos una fórmula para gravar fortunas acumuladas; un fracaso reforzaría la idea de que la riqueza móvil y la competencia entre estados limitan cualquier intento de redistribución unilateral. En esa tensión entre urgencia social, estabilidad presupuestaria y poder económico se concentra el verdadero alcance de la consulta.

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